El titular del gremio de los porteros y presidente del Partido Justicialista porteño, Víctor Santa María, se ha sumado a la lista de importantes dirigentes sindicales investigados por graves hechos de corrupción. La investigación que lo compromete seriamente por lavado de dinero comenzó en la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que luego la presentó ante la Justicia, donde ya intervienen el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo, mientras se completa la búsqueda de información local e internacional. Se trata de una serie de operaciones inmobiliarias y financieras sospechosas por casi cuatro millones de dólares realizadas por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh). En algunas de esas operaciones se repiten empresas proveedoras con un mismo domicilio vinculadas al sindicato y a dos empresarios, Damián Fernando Bila y Andrés Leandro Stangalini, y a las sociedades Alto Trust Ltd. y Vica Trust, radicadas en Suiza. Posteriormente, Alto Trust cambió su denominación por Primafides Suisse SA Está comprobado, además, que empresas proveedoras del Suterh -en rubros diversos tales como publicidad, informática, turismo, construcciones, seguridad, gestión administrativa, servicios de internación o sanitarios y venta de productos farmacéuticos- compartían un modus operandi por el cual acreditaban fondos y aportes mediante cheques del sindicato para luego dar lugar a extracciones, anticipos de dividendos y formas contables para retirar dinero en efectivo, operaciones que generalmente suponen maniobras irregulares de sobre o subfacturación. El informe de la UIF sostiene que "no se puede descartar la utilización de maniobras de sobre o subfacturación que permitan fugas o canalizaciones de fondos desde el Suterh hacia las firmas analizadas. Tales los casos de las sociedades proveedoras Servifarma24 SA y la actual Máxima Salud SA, registradas por la AFIP como usuarias de facturas apócrifas". Según la UIF, cabe sospechar que los fondos administrados por el sindicato "y pertenecientes a los trabajadores" hayan sido derivados a través de esas sociedades para "destinarlos a fines ajenos a la actividad sindical". Agrega el informe que José Francisco Santa María y sus hijos Víctor, actual titular del sindicato, y Catalina podrían ser "beneficiarios finales (titulares) de Alto Trust Ltd. sociedad que sería administradora de Vica Trust". A su vez, a fines del año pasado, Víctor Santa María habría dejado de ser beneficiario de Vica Trust, siendo reemplazado por la esposa de José Francisco Santa María. En marzo del corriente año se habrían verificado débitos en ese trust por poco más de 2, 5 millones de dólares. Uno de los empresarios sospechados, Stangalini, fue denunciado en 2011 por el abogado Ricardo Monner Sans por haber intentado ingresar más de medio millón de dólares sin declarar en Uruguay. Las fundadas sospechas entroncan con una larga tradición, tristemente arraigada en parte del sindicalismo argentino, caracterizada por la corrupción a costa del dinero de los trabajadores y la perpetuación de dinastías familiares que transmiten de generación en generación la titularidad de un gremio, como si se tratara de verdaderas monarquías. En el caso de los porteros, José Francisco Santa María manejó largamente el sindicato desde 1985 hasta 2005, año en que pasó la corona de secretario general a su hijo Víctor, reelegido por última vez en junio pasado. Por supuesto, esos traspasos se realizan mediante elecciones cuyas reglas siempre benefician al sector oficialista del sindicato. Si bien Víctor Santa María ha negado toda vinculación con cuentas y firmas en Suiza y aseguró desconocer Alto Trust y Vica Trust, admitió, en cambio, que su gremio es dueño de más de cien propiedades. Santa María estuvo procesado en dos causas: una por la quiebra del Banco Patricios y otra por un plan de viviendas del gremio, pero fue sobreseído en ambas. También se lo investiga porque en el balance 2015 de Interacción SA, la firma aseguradora de riesgos del trabajo que pertenece al sindicato, habría 203 millones de pesos que carecían de respaldo contable y alrededor de 5000 juicios en contra que no estarían registrados. Por este motivo, la Superintendencia de Seguros de la Nación había efectuado una denuncia. El año pasado el superintendente, Edgardo Podjarny, fue secuestrado y asaltado por delincuentes que demostraron conocer muy bien sus hábitos, y sufrió golpes y culatazos durante su cautiverio. Una de las fuertes hipótesis que se manejaron en aquellos momentos fue la de una venganza por su denuncia. Nadie duda del creciente poder económico del Suterh, propietario también, a través de su Fundación Octubre de Trabajadores de Edificios, del diario Página 12 y de una densa galaxia de medios y entidades culturales que incluyen, entre muchas otras empresas y entidades, radios; un fideicomiso cinematográfico; dos teatros; revistas como Caras y Caretas y El Planeta Urbano; la editorial Octubre, y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), que ha comprado diez pisos en el edificio de la Sociedad Hebraica, en Sarmiento al 2200. La reciente condición de editor asumida por Santa María, sobre todo en Página 12, es utilizada como un escudo para evitar cualquier examen sobre su sospechosa conducta económica. Denunciar el manejo turbio de los fondos sindicales se convertiría, según esta perspectiva, en un ataque a la libertad de expresión. El argumento no sólo es falaz. Invierte, además, la verdadera relación entre ambos fenómenos. Hay que interrogarse acerca de si Santa María no ha adquirido medios de comunicación para blindar ante la opinión pública movimientos económicos injustificables. La Argentina de los últimos años, sobre todo durante el kirchnerismo, al que este sindicalista adscribe con fervor, ha sido pródiga en este tipo de maniobras. La Justicia tiene que determinar no sólo si el Suterh y sus dirigentes han lavado dinero, sino el origen de los cuantiosos fondos de la familia que gobierna el sindicato desde hace décadas como si se tratara de un bien familiar.
