Los ministros de Hacienda y Modernización, Nicolás Dujovne y Andrés Ibarra, presentaron el "plan de control y reducción de gastos" con el que el Gobierno espera generar un ahorro de 20.000 millones de pesos. Las medidas, presentadas como un simbólico ajuste en el gasto político, comprenden también un congelamiento en las contrataciones y una reducción de 7000 contratos con empleados estatales, que hoy trabajan facturando a través de convenios con universidades públicas. También se frenarán y revisarán bonificaciones a empleados públicos que se pagan en el marco de las paritarias que firma el Estado, adelantó Ibarra. Según la información oficial, un decreto que se publicará en los próximos días contendrá los siguientes puntos. "A partir del 1 julio no habrá ingresos. Solo incorporaciones a planta de concursos en marcha", adelantó Ibarra. Dujovne, el ministro coordinador que debe garantizar una reducción del déficit fiscal, dijo que habrá algunas excepciones: investigadores del Conicet y docentes universitarios. Ibarra, además, confirmó que seguirá el recorte de empleos públicos previsto por el plan de "optimización de dotaciones". Según ese programa, el Estado busca bajar la planta de personal 3 por ciento por año en 2018 y 2019, con ceses de contratos y retiros voluntarios. Eso implicará el recorte de unos 30.000 empleos hacia fines del año próximo. "Nosotros trabajamos bajo un concepto que es el análisis riguroso de las dotaciones de cada área. Hemos incorporado una modalidad de retiros voluntarios y por supuesto en este marco de no ingreso esperamos que muchos ahorros se vayan generando desde los retiros voluntarios, desde las jubilaciones y las bajas vegetativas que tiene el Estado", dijo Ibarra. Una porción de los empleados que trabajan en el Estado son monotributistas que facturan a universidades públicas, a través de convenios de asistencia técnica. Hacienda comunicó que "los convenios por asistencias técnicas quedarán sin efecto a partir del 31 de diciembre y ya no podrá utilizarse esta modalidad para proveer servicios personales". "No vamos a seguir utilizando ese mecanismo el año próximo como forma de disfrazar contrataciones de empleo públicos", dijo Dujovne. Según la información que brindaron fuentes del Palacio de Hacienda a TN. com. ar, en la actualidad hay 7000 personas contratadas a través de esta modalidad. Cuando inició la gestión Cambiemos, la cantidad de contratados a través de universidades rondaba los 16.000. La administración pública nacional tenía un total de 770.000 empleados a su cargo a comienzos de 2017, según datos oficiales. De esa cantidad, 212.000 correspondían a fuerzas de seguridad, otros 208.000 estaban en la administración central y organismos como PAMI y ANSES, otros 183.000 en universidades, 32.000 en el Poder Judicial y 15.000 en el Legislativo. Además, empresas públicas empleaban a 120.000 personas. Las bonificaciones previstas en los distintos convenios y paritarias se analizarán "para establecer su pertinencia, alcance e impacto presupuestario", detalló Hacienda. Según Ibarra, estas erogaciones provocan "mucha asimetría". El ministro dijo que se suspenderán todos estos pagos "hasta tanto revisemos el concepto correspondiente". Lo hará una comisión técnica conformada por la Jefatura de Gabinete y los Ministerios de Hacienda y Modernización. Estas medidas y la oferta de paritaria del 12 por ciento a estatales provocaron una manifestación de empleados públicos nucleados en ATE, que obligaron a los ministros a trasladar la conferencia de prensa desde el Palacio de Hacienda a la Casa Rosada y demorarla por una hora y media. Los distintos ministerios deberán ajustar sus gastos extraordinarios y reducirlos en un 30 por ciento sobre lo presupuestado para el resto de 2018. El ajuste alcanzará a horas extra, comidas y viáticos. "Queremos disminuir la cantidad de viajes. Vamos a limitar los viajes en avión en clase ejecutiva solamente al Presidente y los ministros", dijo Dujovne. "El Gobierno gasta en viáticos y viajes algo más de 5000 millones de pesos al año y apuntamos a que esa cifra sea mucho menor", agregó. Se relevarán los vehículos de uso oficial de funcionarios y flotas operativas. Mientras tanto, se suspenden los procesos de adquisición de nuevos automóviles. Además, solo los funcionarios hasta el rango de secretario podrán usar auto con chofer para trasladarse. Las empresas públicas deberá reducir sus gastos. Dujovne busca aquí un ahorro presupuestario mayor al 25 por ciento en el conjunto de los organismos. En este caso, el ministro hizo una distinción. Enarsa y Cammesa, empresas energéticas, son vehículos por los cuales se canalizan los subsidios a la energía. Pero hay otras firmas que deberán ajustarse el cinturón. "Si miramos las empresas operativas, recibimos en 2015 Yacimientos Carboníferos Río Turbio, el Correo, Fadea, Tandanor, la Casa de la Moneda, etcétera, con un déficit de 30.000 millones de pesos. Ese déficit, en 2017, ha sido de $18.000 millones. Estimamos que en 2018 va a terminar en $12.000 millones. Y en 2019 vamos a llevarlo a la mitad, ahorrando otros 6000 y 7000 millones de pesos", dijo Dujovne. Las empresas públicas, además, deberán informar su planificación en gasto de personal para 2019 dentro de los próximos 90 días. Los fondos destinados a las empresas públicos se reducirán en un 15 por ciento, "con el objetivo de alcanzar un equilibrio operativo para 2019", indicó Hacienda. Estas medidas significarán un ahorro estimado en 20.400 millones de pesos para este año. La cifra es menor, si se la compara con el gasto público total, presupuestado en 3 billones de pesos. "Lo que estamos anunciando hoy puede sonar a poco en términos de ahorro, son 20.000 millones de pesos al año. Pero son menos impuestos que tenemos que enfrentar los argentinos o dinero disponible para bajar el déficit o para priorizar gastos de mayor impacto, como gasto social o infraestructura", dijo Dujovne. A comienzos de mayo, Dujovne había anunciado una reducción en la meta de déficit primario de 0, 5 puntos, del 3, 2% del PBI previsto al 2, 5% del Producto. Entre otras cosas, el ministro anticipó que representaría un ajuste de $ 30.000 millones en la obra pública. La reducción del déficit fiscal es clave para llegar a un acuerdo con el FMI. El Gobierno, anticipó el presidente Mauricio Macri, deberá acelerar el camino hacia el equilibrio fiscal. Para 2019, el Ejecutivo buscaría conseguir un déficit en torno al 1, 7 por ciento.
