La diputada nacional de Cambiemos Aída Ayala fue procesada hoy por asociación ilícita y lavado de dinero por negociados con la recolección de residuos cuando estuvo al frente de la municipalidad de Resistencia, en Chaco. El procesamiento fue dictado con prisión preventiva, por lo que así quedó ratificado su pedido de desafuero a la Cámara de Diputados de la Nación. La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó a Ayala y a otras 14 personas por los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, delito de lavado de activos. Además, la magistrada le trabo un embargo a Ayala por 200 millones de pesos. El caso tuvo un hecho curioso: mientras la magistrada firmaba el procesamiento, la defensa de Ayala estaba en una audiencia en la Cámara Federal de Resistencia en la que pidió que se revoque su pedido de detención, informaron a Infobae fuentes judiciales. La diputada sumó hoy a un hombre fuerte del radicalismo a su defensa. Ricardo Gil Lavedra, ex camarista federal, ministro de Justicia y diputado nacional, asumió hoy como abogado de Ayala. Ahora el futuro judicial de Ayala está en manos de los camaristas María Denogens, José Aguilar y Roció Alcalá. No solo tienen que resolver la exención de prisión sino que próximamente tendrán que analizar su procesamiento. Si la Cámara hace lugar a la exención de prisión estará firme la prisión preventiva del procesamiento, por lo tanto se mantendrá el pedido de desafuero. La apuesta de Ayala era eliminar los riesgos de un desafuero con la exención ante la Cámara. Pero todo se extenderá hasta que la Cámara analice el procesamiento. "Ahora ya hay una cuestión de fondo. Un procesamiento con prisión preventiva tiene más elementos para analizar que una exención de prisión", le dijo a este medio una fuente judicial que trabaja en el caso. El fiscal federal Patricio Sabadini pidió el 12 de abril pasado la detención de Ayala. La jueza Niremperger aceptó el planteo y pidió a la Cámara de Diputados el desafuero de Ayala porque por su cargo tiene inmunidad de arresto. El argumento fue que Ayala puede entorpecer la investigación por las relaciones que dejó como intendenta. Ayala fue intendenta de Resistencia durante tres períodos (de 2003 a 2015) hasta que perdió la gobernación con Domingo Peppo. Con Mauricio Macri como presidente pasó al gobierno nacional: fue nombrada Secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, que depende de Rogelio Friguerio. Y el año pasado fue electa como diputada nacional. La Cámara de Diputados ya analizó el pedido de desafuero pero la mayoría de Cambiemos postergó cualquier decisión hasta que se pronuncie la Cámara de Resistencia. Eso podría ocurrir esta semana. Por su parte, la oposición buscó apurar el trámite de desafuero para que Ayala vaya a prisión y equiparó su situación a la de Julio De Vido, quien fue desaforado y quedó detenido. En su procesamiento de 265 páginas al que accedió este medio, la jueza Niremperger sostuvo que Ayala tuvo una "participación en el delito de lavado de activos". La acusación es porque desde la intendencia de Resistencia montó una ingeniería para beneficiar a la empresa "PIMP SA" con el negocio de la recolección de residuos en la ciudad. "Desde esta posición habría tenido la virtualidad de determinar e influir decisivamente en los resultados de los procedimientos administrativos celebrados entre el Municipio a su cargo y los respectivos sujetos inscriptos en carácter de proveedores del mismo, valiéndose de personas de su más íntima esfera de confianza para la materialización de tales actos en su favor", señaló la magistrada sobre el rol de Ayala desde la jefatura de la ciudad. La magistrada señaló que si Ayala sigue en libertad "existen serios riesgos procesales de que pueda entorpecer la investigación o intentar eludir la acción de la justicia". "La permanencia de Ayala durante periodos significativos en altas esferas del gobierno municipal y nacional, como así desde su posición de Diputada Nacional, la colocaría en una posición susceptible de afectar el decurso de la presente instrucción, por cuanto poseería los medios económicos, información privilegiada o los contactos como para entorpecer la labor de esta magistratura, ejerciendo influencia directa en cuanto posibles testigos, presionándolos o directamente determinando el contenido de sus declaraciones, más aún, existe un riesgo concreto de que la documental obrante en el Municipio de Resistencia sea manipulada o eventualmente sustraída por quienes han trabajado durante un largo tiempo bajo sus directivas", destacó Niremperger. Junto con la diputada también fueron procesados Daniel Fischer, quien fue jefe de campaña de Ayala y ex pareja de su hija, y Jacinto Sampayo, secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales. Ambos están detenidos. La jueza procesó a 15 personas, ocho de ellas con prisión preventiva y siete sin prisión preventiva. Además, le dictó la falta de mérito a otras nueve que seguirán siendo investigadas. La magistrada también le envió su resolución a la Cámara de Diputados de la Nación, donde se tramita el desafuero de Ayala. Por otra parte, la defensa de Ayala le pidió hoy a la Cámara de Resistencia la exención de prisión de la diputado, lo que le permitiría transitar en libertad la investigación. El abogado Gil Lavedra el pedido de detención era ilegal porque solo se puede dar después del procesamiento y que la diputada se presentó sola para declarar ante la magistrada. El fiscal de la Cámara, Federico Carniel, mantuvo el pedido de detención porque entendió que la resolución de la jueza estaba fundado en temores concretos y recordó que la Argentina se comprometió en tratados internacionales a combatir la corrupción. La Cámara dará a conocer su fallo el próximo miércoles y tiene puestas todas las miradas de la política. Es el tribunal que tiene la llave para confirmar o hacer caer la prisión preventiva de Ayala. Su decisión será central para Cambiemos. Si se mantiene la prisión preventiva, los diputados oficialistas tendrán que tratar el pedido de desafuero. Si se revoca, se volverá abstracto y no estarán obligados a analizarlo.
