Cuatro trabajadoras sociales y una abogada de la Línea 144 de atención a casos de violencia de género en la provincia de Buenos Aires fueron despedidas “por participar de medidas de fuerza”. Esa habría sido la explicación que, según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), les dio la funcionaria que las notificó de que sus contratos no serían renovados. El gremio denuncia un “intento de disciplinamiento” ante la seguidilla de medidas de fuerza que se llevan a cabo ante un intento de “desarticulación de las políticas de género” por parte de la administración de María Eugenia Vidal. La decisión de no renovarles el contrato que hace un año y medio las unía a la Subsecretaria de Género y Diversidad les fue comunicada ayer por la autoridades del Departamento de Legales. Según contó a Página/12 la delegada de ATE Cintia Nucifora, “está claro que la decisión se enmarca en la persecución gremial” desatada por la administración provincial en distintos frentes. Tal como Vidal lo hizo con los docentes al descontarle los días de paro, a los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos también se restó del salario mensual los dos días de huelga a los que adhirieron el mes pasado tras la doble convocatoria de ATE, una a nivel provincial y otra a nivel nacional. Los reclamos en Género y Diversidad no son nuevos. “Desde hace un año y medio venimos reclamando el pase a planta permanente de los compañeros contratados y la estatización del servicio del 144”, explicó Nucifora. Durante ese tiempo hubo distintas instancias de diálogo, pero ante “la falta de respuesta”, se acrecentaron las retenciones de tareas y otras varias medidas de protesta. Las cinco trabajadoras a las que no se les renovó el contrato participaron de todas ellas. La Línea 144 es la puerta de entrada para que víctimas de violencia de género encuentren un lugar adonde recurrir. Allí no solo cuentan su caso y dejan registro de la denuncia inicial, sino que el objetivo es que a partir de la llamada sean derivadas a alguna otra dependencia del Estado para recibir protección y contención. Sin embargo, el servicio de la línea está virtualmente tercerizado. Las contrataciones son hechas por Provincia Net, una empresa de Banco Provincia, y el 90 por ciento del personal está contratado en el marco de la Ley de Emergencia provincial. “Los contratos se les renuevan cada tres meses y muchos vencen este jueves”, alertó la delegada. Las medidas de fuerza de las trabajadoras que fueron despedidas denunciaban esa modalidad. “Es otro intento de disciplinamiento. Este mes, por primera vez, nos descontaron los días de paro y por lo visto no hay intenciones de blanquear a los precarizados”, señaló Nucifora. Además, las modalidades de control aumentaron. “A las chicas les controlan el tiempo y las veces que van al baño y hasta se les toma el tiempo en que tardan en hacer un registro de intervención” tras un llamado de una víctima. “Lo que también preocupa –agregó- es que se trata de personas que fueron seleccionadas por tener experiencia en la temática de violencia de género. Además, tuvieron capacitación para ingresar al 144 y son un recurso humano muy importante. ” Para la representante de ATE, que también se desempeño en esa área, la cuestión de fondo es más grave. “Se le está cambiando el carácter a la política de género”, agregó la delegada y explicó las razones: “No buscan herramientas para que el Estado brinde una mejor atención a las mujeres. Su lógica es ‘mostremos que estamos atendiendo y que respondemos llamadas’”. “El programa de atención contra la violencia de la mujer no tiene que ser un call center que toma reclamos. Hay que escuchar a la mujer, comprenderla, contextualizar el caso, ver qué tipo de violencia sufrió, evaluar el riesgo y ver qué medidas se pueden tomar para una posterior intervención”, enumeró. Sin embargo, concluyó, “esa no pareciera ser la prioridad”.
