Una nena de 10 años en Salta fue violada por su padrastro: en esas sesiones de tortura quedó embarazada. Su mamá se enteró de la gestación cuando la llevó al hospital Materno Infantil de la capital provincial por unos dolores de panza. En ese contexto, cuando se confirmó que el malestar tenía que ver con una gestación forzada, la nena contó sobre los abusos sexuales. El embarazo lleva ya 19 semanas. Aunque en la Argentina es legal la interrupción de un embarazo en esos casos, en Salta la nena violada no puede acceder a ese derecho porque el gobernador Juan Manuel Urtubey impuso como cláusula, arbitraria e ilegal, que el aborto debe hacerse dentro de las 12 semanas incluso cuando se trata de un embarazo producto de una violación. Lo estableció en el decreto 1170 del 22 de marzo de 2012, a través del cual dictó un protocolo restrictivo que regula el aborto no punible, lejos de los lineamientos fijados por la Corte Suprema en su fallo FAL, unos días antes. Urtubey legisla en su terruño en contra de los derechos de las mujeres. Y obliga a una nena de 10 años a seguir con un embarazo que nunca decidió. La asesora de Incapaces dice que la nena firmó el consentimiento para continuar el embarazo. ¿Qué le habrá dicho esa asesora? ¿Le habrá contado sobre sus derechos? De todas formas, ya no tenía chances en esa provincia para la interrupción del embarazo. La regulación en Salta es más restrictiva que el Código Penal, que no establece ningún plazo para realizar un aborto en casos de violación o cuando corre riesgos la vida o la salud de la mujer, y sin embargo, está vigente hace seis años. El directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta, --un organismo autárquico y conformado por referentes de los distintos poderes y la Universidad Nacional de Salta-- le exigió al Poder Ejecutivo provincial que derogue el decreto 1170/12. Se lo viene pidiendo desde 2016, cuando se creó, y se lo reiteró esta semana a través de una carta presentada por mesa de entradas en la Casa de Gobierno provincial. No es el único caso de una niña forzada a ser madre, después de ser violada en Salta. Juana, la niña wichi de 12 años, que en 2016 quedó embarazada luego de sufrir una violación colectiva, recién al transitar el sexto mes de gestación logró una inducción al parto porque se detectó que se trataba de un feto anencefálico. De otra forma, la hubieran obligado a asumir esa maternidad no elegida. Otra nena de 10, acaba de parir en Las Lajitas, una localidad ubicada a unos 250 kilómetros de la capital provincial, según confirmó a Página/12 la abogada Tania Kiriaco, directora del Observatorio por parte del Poder Ejecutivo provincial. Y hay más casos. Cada año, en el país alrededor de 3000 niñas menores de 14 años, se convierten en madres, sin quererlo. En Salta no llega la educación sexual integral a las escuelas. Casi la mitad de los municipios no tienen un organismo o dependencia que asuma las políticas públicas dirigidas a proteger los derechos de las mujeres, de acuerdo con un relevamiento del Observatorio. Y como expresión de que la vida de las mujeres vale muy poco, casi una veintena de diputados salteños acaba de presentar un proyecto de resolución, para expresar su oposición a que se legalice el aborto en el Congreso “matando niños inocentes, generando un verdadero genocidio”. Mientras tanto, faltan políticas para prevenir el abuso sexual y la violencia machista, y cuando ocurren ese tipo de situaciones, no se garantiza a las víctimas sus derechos. Forzar a niñas violadas a convertirse en madres, Urtubey, es tortura. ¿Obligaría a su hija a semejante realidad?
