En la causa conocida como la Ruta del Dinero K, el juez federal Sebastián Casanello procesó por lavado de dinero a cuatro representantes de financieras, al considerar que fueron parte de la “estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita”. Es la acusación que recae sobre Lázaro Báez y la intervención de este conjunto de sociedades le permitió lavar 60 millones de dólares. Además, en la misma resolución, se llamó a indagatoria a Juan Alberto de Rasi un representante del Banco Suizo donde los hijos de Báez tenían cuentas bancarias y que operó con financieras locales. La maniobra, se llevó a cabo mediante “complejos procedimientos financieros para expatriar, cuanto menos una suma cercana a los sesenta millones de dólares, para su posterior reintroducción en el mercado local mediante operaciones financieras”, explicó el juez Casanello en la resolución a la que accedió Clarín. Según la Justicia gran parte de la ruta transnacional de estos fondos ilícitos que fueron objeto de blanqueo, contó con otros participantes que “colaboraron en el armado de esa estructura societaria y bancaria en el extranjero”, principalmente a través de la apertura de cuentas bancarias a nombre de sociedades offshore , como así también de facilitar su capitalización. Es justamente este segmento de la causa el que resolvió Casanello: la expatriación del dinero a través de canales ilícitos. Fue Leonardo Fariña, el valijero arrepentido, el que dio ño nombres de los financistas procesados. Fueron para Casanello “aquellos intermediarios que facilitaron la conformación de la estructura societaria y bancaria en el exterior y respecto de ese tramo en particular de la maniobra de lavado explicada en el auto de mérito citado: la expatriación del dinero a través de financieras”. Existe un verdadero submundo de operadores financieros (desde grandes bancos hasta pequeñas cuevas) -que continúan siendo investigados- que básicamente facilitan, en sociedad con la industria de servicios offshore, la fuga ilegal de dinero al exterior de un modo sencillo y seguro”, indicó el juez. Luego entendió que los financistas José Fallas, José Jabbaz, Mariano Rubinowicz, Jorge Ruíz y Martín Eraso, fueron “operadores financieros locales que junto a bancos internacionales de renombre en la trama de lavado de activos desplegada por Lázaro Antonio Báez y su entorno familiar y profesional, a través de la prestación de servicios en el marco de la denominada industria offshore”. A todos les trabó un embargo un embargo de 716 millones de pesos a cada uno. Se llamó a indagatoria a Juan Alberto de Rasis oficial de cuenta del Banco Lombard Odier con sede en Ginebra, Suiza, como partícipe del armado de la estructura societaria y bancaria estructurada por Lázaro Antonio Báez y su entorno familiar, y en particular por Jorge Oscar Chueco y Daniel Pérez Gadín. El abogado y Contador de Báez respectivamente, fueron administradores de las cuentas bancarias en dicho banco Suizo y sus beneficiarios finales los hijos del empresario K. Al representante del banco Suizo se lo acusa de jaber participado del contacto inicial con los potenciales -y luego efectivos clientes- y de los “trámites y gestiones necesarios para la apertura de la cuenta bancaria en dicha institución”. En las cuentas del banco de Ginebra se canalizaron 22 millones de dólares. Casanello, por pedido del fiscal Guillermo Marijuán, también mandó exhortos para seguir nuevas pistas de esta ruta del dinero.
