Odebrecht pagó coimas a funcionarios argentinos, se cartelizó con empresas argentinas y ahora espera con ilusión que las pruebas de esos delitos lleguen a la Argentina. Resulta paradojal, pero la empresa brasileña necesita expiar sus crímenes ante la Justicia local. Solo así podrá recuperar su licencia como constructora y competir por nuevos negocios en el país. Aunque eso implique causar un terremoto en la obra pública nacional. Por eso, Odebrecht planteó hace meses ante la Justicia argentina que los jueces y fiscales de los tribunales federales de Comodoro Py pueden obtener las evidencias que duermen en Brasil desde el 1° de junio pasado. Sostuvo que no existen trabas legales gracias a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que firmaron ambos países. Este jueves, un grupo de fiscales llegó a la misma conclusión y con el apoyo del procurador general interino, Eduardo Casal solicitará las evidencias a Brasil. Incluyen las confesiones de Marcelo Odebrecht y dos de sus máximos colaboradores, Luiz Antonio Mameri y Marcio Faria. Ellos pueden impulsar las investigaciones locales sobre las coimas que recibieron funcionarios argentinos, quiénes intermediaron y cómo se cartelizaron los empresarios locales en los proyectos para soterrar el tren Sarmiento, extender las redes troncales de gasoductos y construir para AySA la planta de Paraná de las Palmas. Acceder a las evidencias del Lava Jato implicará, sin embargo, acceder a las condiciones que impusieron las autoridades brasileñas. Entre ellas, garantizar que Mameri, Faria y cualquier otro brasileño que aporte información no sea juzgado en la Argentina porque ya se los juzgó en Brasil, lo que algunos interpretaron como un pedido de impunidad. "No es así", retrucó el abogado penalista de Odebrecht en Buenos Aires, Pablo Maggio, durante una entrevista con LA NACION. "El sistema jurídico local permite recibir las informaciones de los colaboradores de la Justicia brasileña. Es más, están obligados a reconocer los derechos adquiridos por ellos al firmar el acuerdo (de colaboración) en Brasil", dijo Maggio. -¿Cómo sería eso? -Tanto la Argentina como Brasil firmaron la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas. Esa convención obliga a los países signatarios a reconocer los acuerdos celebrados para el descubrimiento de hechos de corrupción y las restricciones a las pruebas que están en esos acuerdos y aún al sigilo que deben tener. Segundo, el artículo 75 de la Constitución Nacional establece que los tratados internacionales tienen un rango jerárquico superior a las leyes, entre ellas las penales y procesales. Y tercero, fallos recientes de la Cámara de Casación Penal muestran que esta convención está operativa y vigente. -Tras meses de demora, un grupo de fiscales intentará ahora acceder a las pruebas brasileñas apoyado en esos mismos argumentos... -Solo sabemos lo que publicó la prensa. Pero si es así, vemos como algo positivo que hayan alcanzado ese consenso entre los fiscales argentinos. Eso permitirá concretar la colaboración que Odebrecht intenta ofrecerles a los jueces y fiscales argentinos hace rato... -¿Qué plantearon ustedes? -Los jueces tienen para resolver dos planteos nuestros de excepción de falta de acción, referidos a Mameri y Faria, que se presentaron a través nuestro pidiendo que la Justicia argentina les reconozca sus derechos a no ser perseguidos dos veces por los mismos hechos y que la Argentina respete los tratados internacionales que firmó. -Paso en limpio: la información del Lava Jato se encuentra disponible para las autoridades argentinas desde el 1° de junio de 2017, ¿no? -Sí, en tanto y en cuanto la Argentina respete los tratados internacionales y los acuerdos que estos colaboradores firmaron en Brasil, sí. -¿Gils Carbó boicoteó de algún modo la llegada de la información, como sostenía la Casa Rosada? -No tengo conocimiento de que Gils Carbó haya boicoteado el acuerdo. -¿Mameri y Faria están dispuestos a abrir la boca? -A ver... Mameri, Faria, todos los demás exejecutivos que se convirtieron en colaboradores de la Justicia (brasileña) y la empresa se comprometieron en diciembre de 2016 a colaborar en todas las jurisdicciones en que se reconozcan sus derechos. La respuesta es sí. -¿Cuántos podrían hablar? -Esa información está bajo secreto. -¿Los brasileños solo declararían sobre las coimas o también sobre la cartelización de la obra pública? -Van a declarar y colaborar con la Justicia argentina en todo lo que conozcan y les sea requerido porque a eso se comprometieron en Brasil. -¿Cuál es la situación de Odebrecht, hoy, en la Argentina? -Tiene una obra en Córdoba, donde trabajan 1500 personas, y tiene una restricción para competir en licitaciones del gobierno nacional porque el año pasado suspendió el trámite de reinscripción de la empresa en el Registro Nacional de Constructores. Impugnamos esa suspensión y desde entonces no tuvimos respuesta. -¿Qué ocurrirá después de que los fiscales argentinos formalicen su pedido a las autoridades brasileñas? -Se seguirán los carriles diplomáticos y Mameri y Faria, entre otros declararán ante la Justicia argentina. -¿Cómo se ejecutará? ¿Viajarán a Buenos Aires, al igual que Marcelo Odebrecht, entre otros "delatores"? -No descarto ninguna alternativa. Que ellos viajen o que los jueces argentinos viajen a Brasil, aunque lo más probable es que sea por videoconferencia, respetando todas las condiciones que en ese caso fijen los jueces argentinos. -¿Puede decirme al menos si hay más nombres propios que deben salir a la luz? -Yo diría (sonríe; se detiene)... la respuesta es la misma: es información secreta.
