Devenido en empresario de la construcción, Lázaro Báez volvió a su punto de inicio: sin obras, con su constructora inactiva, pero con una diferencia sustancial: su patrimonio a junio de este año es de 2.734 millones de pesos (186 millones de dólares). La fortuna que pudo amasar desde 2004 a 2015 tuvo como principal flujo de fondos, la obra pública. El gobierno kirchnerista le otorgó 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos. La gestión actual le quitó 25 obras (10 contratos para rutas nacionales y 15 de rutas provinciales por convenio). Así, el Gobierno se ahorró por no haber ejecutado estas obras y relicitado aquellas prioritarias casi 12 millones de pesos: el equivalente a la refacción de toda la Ruta 3 en la provincia de Buenos Aires. Lázaro Báez incrementó entre 2004 y 2015 en un 12.127 % sus bienes. El patrimonio de Austral Construcciones -su firma insignia hoy al borde de la quiebra-, tuvo un crecimiento de 45.313%, según un informe judicial que se encuentra en la causa que investiga la corrupción en la obra pública y por la que el empresario K fue procesado junto a Cristina Kirchner por asociación ilícita. Todo fue posible gracias a sus conglomerado de firmas constructoras. Bajo investigación judicial se encuentran los 52 contratos viales que representaron más del 11% de todo el organismo convirtiendo a Báez en el más beneficiado con la obra pública kirchnerista. Una de las conclusiones a las que arribó la Dirección de Vialidad Nacional (DNV) es que más del 50% de las obras que le fueron otorgadas al socio comercial de Cristina Kirchner, “no eran necesarias, muchos de esos caminos no eran prioritarios y por el contrario, no conducían a ningún lado ni conectaban puntos estratégicos en la provincia”, indicaron fuentes oficiales a Clarín. El Grupo Austral investigado por el juez Sebastián Casanello, por lavado de dinero, como una pieza clave en un entramado donde se blanquearon 60 millones de dólares en el período 2010 - 2013, está inactivo tras la salida de la ex Presidenta de la Casa Rosada. Previo a ello, recibió 10 contratos para hacer obras sobre rutas nacionales en Santa Cruz (la Ruta 40, 288 y 3), que al momento de ser otorgadas tenían un costo de 2.896.608.738 pesos. Con un avance promedio del 35% únicamente, terminar dichas obras hubiera significado una erogación de 7.280.208.928 pesos: casi tres veces más que su costo original, según consta en el informe al que accedió Clarín. Además, el holding de Báez fue adjudicatario de 15 obras por convenio con la Dirección de Vialidad de Santa Cruz, para caminos provinciales “que no debía financiar Vialidad Nacional”, destacaron desde el organismo. Dichos tramos de jurisdicción provincial, en su mayoría eran trabajos de enripiados, tramos de pavimento y caminos que no conducen a ningún lado. La suma de estas obras fue de 3.009.396.684 pesos al momento de otorgarlas. Terminar todos estos caminos que fueron calificados de “prescindibles”, hubiera costado al Estado 5.808.976.363 pesos: casi el doble. Este conjunto de 25 contratos sobre caminos nacionales y provinciales se adjudicaron a Lázaro Báez por 5.906.005.422 pesos. Concluirlas hubiera demandando para las arcas del Estado más de 13.098 millones de pesos a valor actualizado. En función de las cifras millonarias, el Gobierno decidió rescindir los 25 contratos que no llegaban algunos ni al 50% de avance de obra. Así, el ahorro que generó quitarle a Austral Construcciones las obras, y relicitar aquellas prioritarias (como la autovía Caleta Olivia - Comodoro Rivadavia sobre Ruta 3) alcanza a $ 11.781.857.263,16. Esta suma de dinero es equivalente a la inversión volcada sobre 759 kilómetros de la Ruta Nacional 3 en provincia de Buenos Aires. Este conjunto de obras en suelo bonaerense, “optimizarán la conexión entre las distintas localidades de la pampa húmeda. Además, tendrán un impacto directo en la industria y el comercio del centro de la provincia por la integración con otros puntos del país”, señalaron fuentes oficiales. Con estas cifras la justicia también refuerza una de sus principales hipótesis por las cuales procesó a Lázaro Báez: las obras adjudicadas no tenían el objetivo de mejorar la comunicación vial de Santa Cruz, sino “beneficiar al amigo presidencial con fondos estatales para después volcarlos en maniobras ilícitas”.
