El juez federal Gustavo Lleral calificó de ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Sergio Maldonado y a testigos de la causa por la desaparición forzada de Santiago. La orden de escuchar conversaciones privadas había sido dada por el apartado juez, Guido Otranto y la fiscal subrogante, Silvina Ávila. Lleral dispuso la destrucción del material y declaró la nulidad de la información obtenida por esa vía. El fallo muestra que en lugar de investigar las comunicaciones de los gendarmes que llegaron a la vera del río Chubut, Otranto mandó a espiar al hermano de la víctima. En un fallo demoledor de 34 páginas que incluye citas sobre el derecho a la intimidad de diversos juristas de renombre e incluso ministros de la Corte y el escritor Milan Kundera, el juez federal Gustavo Lleral anuló y mandó a destruir las escuchas telefónicas realizadas por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y el juez federal de Esquel, Guido Otranto, a Sergio Maldonado y los testigos de la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado: Ariel Garzi, Claudina Pilquiman y Marcela Anarda Stocovaz. Lleral hizo suspender las escuchas el 30 de septiembre de 2017 apenas tomó control del expediente. El juez calificó esas intervenciones telefónicas –ordenadas por Otranto y la fiscal federal subrogante Silvina Ávila entre los días 5 y 22 de septiembre de 2017–, como “reñidas con la Constitución Nacional”; es decir, lisa y llanamente ilegales, y ordenó la destrucción total de todo el material recabado cuando Sergio Maldonado buscaba con desesperación a Santiago y el Ministerio de Seguridad lo negaba de forma pertinaz con Patricia Bullrich como cruzada de la Gendarmería. El 1 de agosto de 2017, esa fuerza actuó sin orden judicial, evidenciando un claro acto de violencia institucional en territorio mapuche recuperado al magnate Luciano Benetton en 2015 en Chubut. Tal es así, que en la página 17, el juez Lleral escribió: “Entiendo que los motivos esgrimidos por la señora fiscal subrogante Silvina Ávila al peticionar las intervenciones telefónicas de los testigos y de la propia víctima, y los argumentos enarbolados por el señor juez federal de Esquel, Guido Otranto, al acoger esa solicitud (fojas 69/70vta y 178/179vta) resultan absolutamente reñidos con los derechos fundamentales analizados, reconocidos por nuestra Constitución Nacional. Ello es así –prosiguió el juez–, porque en primer lugar ninguna de las personas cuyas comunicaciones telefónicas fueron intervenidas, revestía el carácter de imputada o sospechosa, y si acaso alguno de los sujetos mencionados hubiese tenido alguna de esas calidades, al momento en que esas intervenciones se ordenaban, debió haberse dispuesto la iniciación de una causa penal para determinar la existencia de los hechos supuestamente ilícitos que le daban sustento. En segundo lugar, porque el proceso constitucional de habeas corpus, en cuyo marco se cuenta con la amplia posibilidad de disponer medidas probatorias y procesales de la más diversa índole, siempre tendientes a dar con el paradero de una persona, es abiertamente incompatible con la violación de los derechos fundamentales de testigos, y sobre todo, del hermano de la víctima del supuesto hecho aquí denunciado. Y en tercer lugar, porque no obstante la gravedad de los hechos denunciados en este trámite, resulta evidente que la interceptación de las conversaciones telefónicas de Sergio Maldonado y de otros testigos, ordenada en el presente expediente, no era el último recurso disponible. En otras palabras, la invasión de la privacidad del hermano de la víctima no era la única opción disponible, ni siquiera la adecuada, cuando en verdad había otras alternativas para logar la recolección de datos e informaciones conducentes al hallazgo de Santiago Andrés Maldonado”. De esta forma, Lleral no sólo demolió la narrativa de Bullrich y los medios de desinformación, sino que dejó abierta la posibilidad de que la familia Maldonado promueva el juicio político del juez Otranto, ocupado en la actualidad en pos de un ascenso a camarista, que impulsó el gobierno macrista del Pro, la UCR que dejó 39 muertos en 2001, y la emperatriz de la alquimia Elisa Carrió. Ahora bien: lo más grave de la resolución de Lleral es que quiebra la lógica de Otranto y del Poder Ejecutivo, le niega la entrega de las escuchas, y revela que en vez de intervenir los teléfonos de los gendarmes que llegaron a la vera del río Chubut, entre ellos el ascendido a alférez, Emmanuel Echazú, Otranto mandó a espiar al hermano de la víctima, Sergio Maldonado, violando la Constitución –al menos así lo afirmó Lleral–, quizá harto de que el diario La Nación y Clarín publiquen versiones disparatadas de conversaciones privadas entre un testigo de la causa y un abogado. Esta cadena de adefesios jurídicos del Estado podría derivar en que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las querellas de la causa, inicie el pedido de destitución de juez Otranto, de acuerdo a lo que decida la familia Maldonado en el expediente por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago. Lo cierto es que con el dictamen, Lleral se diferencia de Otranto y deja claro que él no habría sido la fuente de la profusión de escuchas transcriptas maliciosamente en La Nación el pasado 6 de mayo. En ese artículo se dijo desde el título: “Escuchas ponen en duda el testimonio de un testigo”. Y más abajo: “El contenido de cinco escuchas telefónicas entre un activista mapuche y uno de los abogados que elevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el dudoso relato del testigo E fue incorporado como prueba relevante en una de las investigaciones judiciales derivadas del caso Maldonado. El nuevo material probatorio –desconocido hasta ahora (inflaba con humo La Nación)– está siendo analizado por los investigadores en la causa que intenta establecer una presunta asociación ilícita y un presunto fraude procesal por parte de los letrados de la ‘APDH Córdoba’, Carlos María González Quintana y Luis Fernando Cabaleiro. Se trata de intervenciones telefónicas ordenadas judicialmente en septiembre pasado al celular del testigo Ariel Garzi en el marco de la búsqueda de Santiago Maldonado”. La crónica fue escrita por la misma periodista que se dedicó a contabilizar con precisión de notaria fenicia el “gasto” del Estado para hallar a Santiago Maldonado con vida. Hecho que no se produjo porque Macri y Bullrich lo negaron sistemáticamente durante 78 días hasta el 17 de octubre de 2017 (justo antes de las elecciones nacionales), cuando los buzos de la Prefectura Naval encontraron el cuerpo a metros de donde fue visto por última vez por testigos mapuches. Así se prosiguió con la tortura infinita que padece la familia Maldonado, haciendo uso del maltrato, la persecución, y el abuso de poder del aparato represivo del Estado. ¿La fuente de la plumífera colega? Los ministerios de Seguridad y de Justicia. No habló jamás con Sergio Maldonado, ni con su hermano Germán en 25 de Mayo, ni con la abogada querellante, Verónica Heredia. Clarín llamó esa práctica profesional como “periodismo de guerra”. Ahora se llama retrocediendo en chancletas. Sin embargo, en su edición web de ayer, el diario admitió: “Las cintas con las escuchas a Sergio Maldonado y a los testigos fueron requeridas en los últimos meses por el juez Otranto, cuando ya no estaba a cargo del expediente de habeas corpus. Las solicitó para investigar la denuncia de Gendarmería sobre una supuesta confabulación de los miembros de la comunidad con los abogados de organismos de derechos humanos que denunciaron el caso del joven tatuador”. Santiago además de ejercer el oficio de “tatuador” era un joven militante (alguien que anhela cambiar el mundo con su ejemplo), y estuvo en la ruta 40 desde el 31 de julio de 2017 para solidarizarse con la lucha de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, cuyo lonko, Facundo Jones Huala, sigue preso y con pedido de extradición de Chile que debe resolver la Corte. ¿Y quién está en la Corte como parte de la escena montada por estos republicanos de papel mallé? El funcionario que diseñó la denuncia contra los organismos de derechos humanos, los testigos del caso Maldonado, y el articulador del relato de los gendarmes. El inefable Gonzalo Cané, quien ocupa una Secretaría Letrada en el máximo tribunal. Él y su compañero (el que comparte el pan) Daniel Barberis, ex militante en los ‘70, ex progresista, ex preso por secuestro en Villa Devoto, construyeron “las deposiciones administrativas” de Gendarmería que Cané volcó a los expedientes como los volquetes de basura. O sea: sólo para ensuciar y empantanar la causa que Lleral debe resolver con La Nación y Clarín tocando timbre y el gobierno operando a corazón abierto, al borde la desesperación. “La persona que pierde su intimidad, lo pierde todo”, dijo Kundera y lo recordó Lleral en la página 15 del dictamen. En diálogo con Nuestras Voces, la abogada de Sergio Maldonado, Verónica Heredia resumió la situación: “Evidentemente esta puja entre Otranto y Lleral, se la gana Lleral y evita que pueda usar esas mismas escuchas en otras causas penales. Pero aquí lo grave es que Otranto dispuso la intervención telefónica de la víctima en el marco de un habeas corpus y esto es un hecho gravísimo. ¿Qué pasó en el medio? No lo sé, desconozco las internas”. Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), el abogado Matías Aufieri, advierte sobre “la rareza” del dictamen de Lleral que ordena “destruir” las escuchas dispuestas por Otranto sobre los testigos y Sergio Maldonado. “Tengo dudas sobre la destrucción de esas escuchas en relación a la causa que está llevando Rafecas”. En esa causa federal, Aufieri es querellante junto a la legisladora del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman. Al cierre de esta nota, el juez federal Daniel Rafecas envió un segundo oficio a Lleral que fue respondido de forma positiva. La semana próxima Rafecas tendrá una copia completa del expediente sobre la desaparición forzada de Santiago. Lo que resta conocer es qué medidas dispondrá luego de estudiar la causa de cientos de fojas, teniendo en cuenta los múltiples cruces telefónicos entre los comandantes de Gendarmería de El Bolsón y Esquel, el juez Otranto, y Pablo Nocetti, actual nexo del Ministerio de Seguridad con la Justicia y ex jefe de gabinete del área. Nocetti estaba a escasos 7 kilómetros del lugar donde Santiago intentó cruzar el río. En la estancia Leleque de Benetton. Su rostro que parece salido de una película de Darío Argento impactó la cámara del fotógrafo con su mirada gélida. “Si os adentráis en el camino inexplorado, al final aparecerán infinitos secretos”, pensó un filósofo samurái a mediados de 1630. Kaibara Ekken era hijo de un señor feudal. Carecía de apego a la rectitud y la moral. Por entonces no existían las guaridas fiscales. Continuará. Comentarios
