La quiebra de Oil Combustibles, decretada por el juez comercial Javier Cosentino, impacta de lleno en C5N. Es que el canal de noticias de Cristóbal López y Fabián de Sousa está en concurso de acreedores y tiene como su principal accionista a la petrolera quebrada, lo cual coloca a la firma en un escenario incierto. El canal tiene un déficit mensual de 1,3 millón de pesos y necesita 10 millones de dólares para sanear su estructura financiera y operativa. El juez Cosentino dio hasta el 17 de mayo para que los acreedores "verifiquen sus créditos". Pero con sus dueños presos y acusados por defraudar al Estado, los caminos se le cierran a C5N. El periodista Víctor Hugo Morales dijo en su regreso a C5N que los delitos que cometieron López y De Sousa fueron "faltas que cometen todos los empresarios", pero lo cierto es que esas decisiones están poniendo en riesgo a 1.400 empleados de la empresa Telepiú, que maneja C5N. "El canal no es autosustentable, pero puede serlo con un importante reordenamiento", dijeron desde la firma a Clarín; aunque ahora "todo se complica con la quiebra", agregaron. Si bien desvincularon a más de 200 empleados desde 2016, la empresa aduce una cantidad de personal superior a lo que el canal hoy necesita para funcionar. En cambio, desde la conducción del canal intentan llevar tranquilidad a sus empleados y le dijeron a Clarín que la quiebra de Oil Combustibles "no tiene ningún impacto en la operatoria de C5N". Incluso trataron de minimizar el rol de la petrolera en el control accionario del canal. Sin embargo, según la documentación que tiene el juez Cosentino, como en un juego de muñecas rusas, que se van encastrando unas dentro de otras, figura que la empresa Telepiú es la controladora de C5N. Y que el 80% de Telepiu es de South Media Investments, de la cual el 94,34% es de Oil Combustibles. Es por eso que la quiebra de la petrolera impacta en forma directa sobre el canal de noticias de López y De Sousa. Según la Justicia, Telepiú fue adquirida en 2012 a Daniel Hadad con el dinero que Oil Combustibles no tributó al fisco en concepto del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), generando una deuda de 8.000 millones de pesos con el Estado. En esa época, C5N no tenía deudas con el Estado y sus empleados cobraban los salarios sin inconvenientes. Pero la decisión política de controlar los medios mediante el desembarco de empresarios alineados con el kirchnerismo, provocó la situación actual. De hecho, sumando las deudas de las otras empresas de Grupo Indalo, a la fecha ya supera los 20.000 millones de pesos, contabilizando intereses y punitorios. Fue esta maniobra la que les valió un procesamiento -y ahora la cárcel- a López y De Sousa por defraudación agravada. Desde que desembarcaron con fuerza en el sector de los medios de comunicación, en 2012, los empresarios K gastaron más de 250 millones de dólares en la adquisición de diarios, radios, canales de noticias productoras de TV, que pusieron al servicio del "relato kirchnerista". A cambio, la entonces presidenta Cristina Kirchner les permitió no pagar el ITC de su petrolera Oil Combustibles, cuando la AFIP era manejada por Ricardo Echegaray. Con el cambio de Gobierno, el aparato de medios kirchnerista entró en un proceso de desintegración, que comenzó con los medios que manejaban Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, le siguió con los de Electroingeniería y ahora pega de lleno en los de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Es que durante el kirchnerismo, C5N percibía importantes fondos del Estado a través de la publicidad oficial. Pero con el cambio de gobierno, a fines de 2015, "se redujo la cantidad de fondos que provienen del Estado", reconocieron fuentes de la empresa. Parte de ese dinero comenzó a suplirlo Oil Combustibles, su accionista mayoritario. Este mecanismo de préstamos entre las empresas del Grupo Indalo llegó a su fin por orden del juez Cosentino, que prohibió que Oil continúe remitiendo fondos a otras firmas del holding. De hecho, fue uno de los motivos por el cual los interventores judiciales desvincularon a De Sousa de la petrolera, al entender que ese flujo de dinero perjudicó a la compañía. "Cuando se determinó que cada empresa sea una estructura de negocio individual, C5N pidió el concurso preventivo" explicaron desde la empresa a Clarín. En principio, se estableció que el 12 de septiembre el síndico deberá presentar ante Cosentino un informe general del estado de C5N. En dicho contexto, el magistrado ordenó la inhibición general de bienes del canal y, por ello, se ordenó al síndico que se "cerciore de que no haya movimientos de dinero, cheques o títulos de crédito a corto plazo, que no tuvieran lugar por caja, con registración contemporánea", indicó la resolución judicial, para evitar los pagos sin control que se produjeron en otras empresas del grupo. Habrá que ver si se mantienen las fechas y el juez espera el informe del síndico sobre C5N hasta el 12 de septiembre; o si la Justicia decide acelerar los tiempos ante la gran incertidumbre que se produjo por la quiebra de su accionista mayoritario y controlante, Oil Combustibles.
