El Ministerio de Justicia a cargo de Germán Garavano denuncia desde hace tiempo que el 99% de los delitos en la Argentina no tienen sanción efectiva, sea porque no se descubre a sus autores, se los exonera, se fugan, se les imponen penas que no tienen cumplimiento efectivo, prescriben o directamente nunca se denuncian. ¿Cómo que no se denuncian? Comprensible: denunciar un delito menor es casi estéril, porque solo implicará una causa contra "NN" que nos hará perder tiempo y hasta decomiso de nuestro propio auto, si estuvo involucrado. Ni hablar de delitos contra la integridad sexual, que tantas veces revictimizan a la víctima, sin condenar al agresor (o peor, liberándolo prematura e incorrectamente). La ineficiencia y la ineficacia de nuestro sistema judicial es apabullante. Por ejemplo en el paradigmático caso Maldonado, se gastó una suma enorme de nuestros impuestos en demostrar – al fin- lo que se hubiese sabido en horas, si los testigos y algunas "orgas" y políticos, no hubiesen usado el tema para hacer baja política y si el primer juez –Guido Otranto- hubiese ejercido su autoridad. Santiago Maldonado se ahogó sin un rasguño y esto no es opinable, porque nada menos que 55 peritos oficiales y de las partes estuvieron de acuerdo, pericia que probablemente sea un caso único en la historia del mundo. Agreguemos que cuando hay sospechas de que se trató de una desaparición forzada, el Estado o sea nosotros con nuestros impuestos, debemos pagarle a la familia del desaparecido una cantidad de gastos que en el caso del hermano de Maldonado, Sergio, ya llega a niveles inconcebibles. Esto sigue incluso hoy. El Gobierno Nacional le pidió al juez federal Gustavo Lleral que, dada esa histórica pericia, se modifique la carátula del expediente para terminar con la ficción de la desaparición forzada, que ni fue desaparición ni fue forzada. Pero, con una pequeña colección de típicas formalidades abstractas y teóricas, el juez Lleral nos condena a todos los argentinos a seguir pagando gastos que a este ritmo serán millonarios y solo porque sí. O quizás para evitar los gritos de una corrección política cuyas primeras víctimas son la cordura y el sentido común. ¿Porqué estos disparates casi siempre son impunes? Porque tenemos miedo a aplicar las leyes. Nada de lo que hace un juez o un fiscal o un abogado carece de fundamentos, a veces solo aparentes: la Facultad nos entrena en una dialéctica que, como mínimo, mezcla al bien con el mal. Aunque haya absurdos, para no hacer olas casi nunca hay sanciones para nadie. Los perjudicados son las víctimas, la imagen de la Justicia y nuestros bolsillos, porque este festival de inutilidades judiciales espontáneas o provocadas cuesta muchísimo dinero. Hasta hace poco todo eso era sabido pero la penumbra de lo judicial dejaba esos temas bastante ocultos. Las redes iluminaron despachos y pasillos y ahora esa dialéctica perversa, escudada siempre en un "derecho de defensa" mal entendido y peor aplicado, ya es inocultable. Por eso la gente, desde el más preparado hasta el menos leído, no cree en el sistema jurídico, incapaz de satisfacer siquiera al sentido común. Cambiando de ejemplo: gracias a Rolando Barbano en el Clarín del 5 de mayo, recordamos el caso Pomar, en el que un matrimonio y sus dos hijitas sufrieron un accidente en la ruta, quedando su auto a menos de 10 metros del asfalto… y durante días la Justicia y la policía dijeron que los buscaban -sin hacerlo bien- y hasta desoyendo al menos un aviso de un testigo que vió el auto volcado. No sabemos si alguno de los Pomar pudo haberse salvado de haber recibido auxilio rápido. Pero sí sabemos que con diligencia investigativa, su familia no habría sufrido semejante tortura, la decencia del señor Pomar no habría sido basureada con acusaciones y sospechas periodísticas, sus cadáveres no habrían sido comidos por alimañas y la opinión pública no habría tenido otro ejemplo de la inutilidad de las instituciones por las que paga impuestos nórdicos a cambio de servicios del 4to mundo. Los casos Maldonado y Pomar son ejemplo de algo repetido desde hace años y que está empeorando. No solo ocurre en Comodoro Py. No los convirtamos en la cabeza de turco de una estructura que tiene mayoría de buenos jueces y fiscales, pero sufre cánceres que se van expandiendo imperceptible y sistemáticamente. El sistema judicial argentino ya colapsó. Aparte de esa minoría de magistrados inútiles o corruptos, refiriéndonos a esa mayoría de jueces, fiscales y funcionarios buenos, ellos también adolecen de una ineficacia e ineficiencia incompatibles con el siglo XXI. Hay mucho para cambiar, y podemos hacerlo sin gatopardismo. Se hace necesario modificar varias estructuras y paradigmas sin miedo a las inevitables quejas de un sector que ha blindado sus debilidades estructurales con privilegios inauditos. No agreguemos la inoperancia judicial a la lista de fracasos argentinos.
