El Tribunal Supremo en el exilio declaró la suspensión de Maduro y su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, exhortó a la Guardia Nacional Bolivariana a que notifique y detenga al chavista, además de pedir a Interpol que emita una alerta roja contra el bolivariano. Es más, el TSJ también solicita a la Unión Europea y el grupo de Lima, que tome "medidas ante la suspensión y la inhabilitación" de Maduro. El Supremo, que funciona en el exilio y se autodenomina "legítimo" al considerar que el que opera en Caracas carece de independencia del régimen, transmitirá en vivo la lectura del "auto de continuación del proceso penal" contra Maduro. La decisión del TSJ llega luego de una investigación de la desplazada fiscal Luisa Ortega Díaz en la que se comprueba la participación de Maduro en sobornos de Odebrecht. Entre las obras afectadas, la destituida fiscal mencionó la construcción inconclusa del segundo puente del lago de Maracaibo, por el cual el Estado suscribió un primer contrato por más de 2.370 millones de dólares y fue ampliado a más de 3.187 millones de dólares. “Se encontró información de al menos 13 proyectos del Estado contratados por Odebrecht y que están en la misma situación: la línea 5 del metro de Caracas, el sistema masivo de transporte de Caracas”, mencionó a modo de ejemplo Ortega. La ex fiscal acusa a Maduro con base en las declaraciones hechas por el asesor político Joao Santana a la Justicia brasileña en las que dijo que el fallecido presidente Hugo Chávez y el actual mandatario recibieron dinero para campañas políticas y suscribieron contratos con la multinacional. “Si ganaban las elecciones iban a favorecer a Odebrecht en diversos proyectos y a aumentar el valor de contratos (…) fue tal el compromiso de Maduro que toma posesión (como presidente) el 19 de abril de 2013 y el 4 de mayo estaba aprobando el número de cuenta para desembolsar el dinero”, agregó.
