A pesar de la insistencia del Grupo Macri en buscar el apartamiento de la fiscal Gabriela Boquin del expediente por la deuda del Correo, la Sala B de la Cámara Comercial volvió a respaldarla y habilitó la investigación sobre maniobras de vaciamiento de la empresa de la familia presidencial y de sus controlantes, Socma y Sideco, que se resistían a entregar sus balances contables. Boquin fue quien reveló y frenó el acuerdo celebrado entre el Correo y el Estado a mediados de 2106 ya que implicaba la condonación de casi la totalidad de la deuda de la firma, que sigue impaga por los numerosos artilugios legales desplegados en el último año tanto por la empresa como por los representantes estatales. El tribunal también rechazó ayer un planteo para que se le pidiera opinión al procurador general interino, Eduardo Casal, que fue quien desplazó al fiscal Juan Pedro Zoni de la fiscalía de Comodoro Py donde se investigan posibles responsabilidades penales en este caso, justo después de presentar pruebas cruciales. La empresa Correo Argentino pretendía llegar a la Corte Suprema con un recurso extraordinario que insistía en acusar a la fiscal Boquin de no tener legitimidad para investigar nada vinculado al expediente concursal. La Cámara le respondió ayer que no puede concederle ese recurso porque no está en juego ninguna resolución que se pueda equiparar a lo que en lenguaje judicial se llama “sentencia definitiva” o que pueda provocar un efecto irreversible. Para eso tendría que haber existido una disposición que de un modo u otro, por ejemplo, pusiera fin a la causa. Pero todo está muy lejos de terminar y, de hecho, lo que había pedido Boquin que se esclareciera eran movimientos de aparente vaciamiento por los que se desvió dinero cuentas del Correo en el expediente concursal, hacia las controlantes, Socma y Sideco. Advirtió, además, que esos retiros y pases de dinero por sumas que rondaron los 10 millones de pesos se produjeron justo en las semanas anteriores y meses posteriores al acuerdo por la deuda en 2016. Las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini señalaron que la función de los fiscales es la “defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad”. La carta que le queda a la empresa de los Macri es ir directo a la Corte Suprema con un recurso de queja, pero eso no detiene el trámite del expediente, que hasta ahora venía paralizado. Durante muchos años la postura de esta sala de la Cámara Comercial fue funcional al paso del tiempo y por ende a la estrategia de la familia Macri. Nunca se avanzó tampoco con una declaración de quiebra, que arrastraría a las controlantes del grupo empresario, ni se homologó un acuerdo. El que se firmó ante este tribunal es el que la fiscal Boquin denunció por “ruinoso” y “abusivo” para las arcas públicas. La hija de Díaz Cordero, Agustina Díaz Cordero, fue nombrada jueza civil la semana pasada, en un concurso donde saltó del puesto 17 a integrar la terna seleccionada y finalmente a ser designada por Macri. La flamante jueza, además, venía de trabajar en el Ministerio de Justicia y junto con el abogado Julio César Rivera, que fue abogado de los Macri y actúa como representante de una de las sindicaturas en el concurso. Lo que sucede es que las camaristas Gómez Alonso de Díaz Cordero y Ballerini siempre fueron coherentes en respaldar la actuación de la fiscalía en el expediente y su facultad de investigar posibles anomalías, más aún un posible fraude concursal. Cuando presentó su posición ante la Cámara, Boquin sostuvo que el Correo “pretende que no se investiguen los hechos denunciados” por ella y al apelar las medidas impulsadas busca generar confusión sobre su “rol institucional” y sus posibilidades de acción. Recordó que lo que había puesto en evidencia era que si bien se suponía que el Correo tenía nula o escasa actividad y figuraba en el registro de sociedades inactivas mientras negociaba su deuda, sin embargo empezó a registrar flujos de dinero derivados hacia Socma y Sideco. Algunos aparecían como “gastos de personal, alquileres, honorarios de directores” que no encontraban ninguna justificación y, más insólito, compraventa de acciones de la empresa Neficor entre Correo y Socma para un negocio automotriz, con inexplicable vinculación con la empresa postal. Los retiros bancarios de fondos tuvieron autorización de la jueza de primera instancia Marta Cirulli. Sobre toda esa trama de movimientos durante el concurso, en plena confección del acuerdo por la deuda, fue que Boquin pidió más medidas para esclarecer un posible fraude y, entre otras cosas, reclamó los balances de Socma y Sideco. La Cámara también rechazó un sorprendente pedido del Correo para que opine el procurador interino, Casal, que es el jefe transitorio de los fiscales. La única explicación que puede haber a ese planteo es que se hayan esperanzado porque Casal fue quien decidió sacar de juego y directamente expulsar de Comodoro Py al fiscal Zoni, que impulsaba la causa penal donde el propio presidente Macri está imputado junto con el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el ex jefe de asuntos jurídicos de esa cartera Juan Mocoroa, que firmó el acuerdo. La realidad es que, al momento de ser echado, Zoni había presentado un informe a su vez elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, con información comprometedora incluso para otros funcionarios, ya que daba cuenta de una sucesión de reuniones de funcionarios de la Casa Rosada con representantes de la empresa de los Macri antes y después de la firma del acuerdo y de una nota donde puntualmente se detallaba la oferta de la empresa, que derivó en el pacto. Sin embargo, cuando se conoció públicamente el acuerdo, en evidente beneficio del Correo, el presidente Macri –que participó de algunas de las reuniones entre funcionarios que tenían como tema el “Correo”– actuó como si el desenlace lo hubiera sorprendido y prometió una vuelta “a foja cero” para la firma de un nuevo acuerdo. La deuda, superior a 4 mil millones de pesos, sigue impaga. El propio Estado pidió prórroga el día que tenía audiencia para celebrar un nuevo acuerdo el 16 de marzo del año pasado. La audiencia nunca más se hizo, porque desde entonces llovieron artilugios judiciales de todo tenor, impulsados no sólo desde el Estado sino también desde el Correo que, con supuestos intereses contrapuestos pero en perfecta sintonía.
