La Justicia argentina solicitó la ayuda de la República Oriental del Uruguay para congelar todas las cuentas y bienes del lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez, sospechoso de intermediar en las coimas millonarias que la constructora Odebrecht admitió que pagó al equipo del entonces ministro Julio De Vido por el proyecto para soterrar el tren Sarmiento. El juez federal Sebastián Casanello solicitó a la Justicia uruguaya que avance contra las cuentas del Corcho Rodríguez en aquel país, en particular las que puedan seguir abiertas en el Banco Itaú, como también su chacra Rosa Amarilla, cercana a Punta del Este. Según informaron las autoridades uruguayas en respuesta a un requerimiento previo enviado desde Buenos Aires, Rodríguez operó cuentas en dólares y en euros en una sucursal del Banco Itaú en Montevideo. Abiertas a nombre de sus contadores uruguayo y argentino, al completar los formularios adelantaron que recibirían dinero de "subsidiarias" de Odebrecht vinculado al proyecto. Sin embargo, copias de esos registros bancarios a los que accedió LA NACION muestran que las transferencias por un total de US$9 millones no llegaron de sociedades "blancas" de Odebrecht, sino de cuatro offshore que la constructora utilizó para pagar sobornos y financiar campañas electorales en negro en una decena de países de América Latina hasta que estalló el Lava Jato. Esos registros muestran que Rodríguez nunca figuró como titular o beneficiario final de esas dos cuentas en dólares y en euros abiertas desde 2012 a nombre de Sabrimol Trading, en una sucursal del Itaú en Montevideo, sino como "cliente" junto a Susana Giménez. Al frente de esas dos cuentas figuraron los contadores del Corcho Rodríguez en Uruguay, Carlos Dentone, y en la Argentina, Osvaldo Gandini, quienes recibieron US$9 millones mediante 32 transferencias entre 2012 y 2014, y movieron esos fondos con cheques a terceros y transferencias a Santa Lucía -en el Caribe-, España y Estados Unidos, entre otros destinos. Tanto ante la consulta de LA NACION como ante la Justicia argentina, Rodríguez negó haber participado en cualquier acto ilícito o irregular mientras trabajó como lobista de Odebrecht. Pero al menos dos exejecutivos de la constructora que se convirtieron en "delatores premiados" ante la Justicia brasileña, Marcio Farcia y Luiz Antonio Mameri, lo incriminaron por triplicado. Afirmaron que intermedió en los sobornos que exigió Roberto Baratta, el lugarteniente de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación, para destrabar las facturas pendientes de pago de tres obras: la extensión de las redes troncales de gas, la construcción de una planta potabilizadora para AySA y el soterramiento. Esos delatores indicaron que Rodríguez asumió ese presunto rol delictivo a partir de la muerte de Néstor Kirchner. Pero hasta entonces, indicaron, arreglaron por el Sarmiento con Javier Sánchez Caballero, un ejecutivo de Iecsa, la constructora de Angelo Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri -, y con el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, por los dos proyectos restantes. Ante la consulta de LA NACION, el Corcho Rodríguez tampoco admitió, ni desmintió, ser el verdadero dueño de Sabrimol Trading. Pero Dentone lo confirmó cuando este diario logró ubicarlo en Montevideo, lo que ratificó luego cuando lo llamaron los investigadores judiciales argentinos. Dentone y Gandini figuraron como titulares de esas cuentas de Sabrimol Trading desde su apertura en marzo de 2012. Aparecieron junto al contador uruguayo, Martín Molinolo Menafra, al que desde agosto de 2014 reemplazó como tercer "beneficiario final" el abogado uruguayo Pablo Antonio Correa Calcagno. Aunque el Corcho Rodríguez no figura como el titular oculto de esas cuentas, los indicios apuntan hacia él. Además del testimonio de Dentone, los registros bancarios del Itaú muestran cómo el dinero de esas cuentas también se utilizó para solventar gastos de su chacra en Punta del Este. Esos registros también detallan que Sabrimol Trading recibió 32 transferencias por un total de US$9 millones entre 2012 y 2014 de cuatro firmas offshore controladas por el doleiro brasileño Olivio Rodrigues Junior: 16 de Klienfeld Services Ltd (por un total de US$5, 4 millones), ocho de Innovation Research Engineering Development Ltd. (por US$1, 1 millones), siete de Select Engineering Consulting and Services (por US$2, 1 millones) y una de Trident Inter Trading Ltd. (por 314.965 dólares). Esas cuatro firmas offshore de Rodrigues Junior -otro "delator premiado" en Brasil- integran el listado de 23 sociedades pantalla que Odebrecht admitió que utilizó para pagar sobornos en América Latina. Así, por ejemplo, Klienfeld, Innovation Research y Select Engineering también se utilizaron para pagar coimas en Ecuador y Panamá. Pero a esas cuatro sociedades aportantes se sumaron otras: Magna International Corp Mainstreet (también utilizada por Odebrecht para coimas, según Rodrigues Junior), y las escocesas Capital Investment Enterprises LP y Latin Financial LP, además de al menos un giro del Meinl Bank de Antigua, es decir, el banco que Odebrecht admitió en Estados Unidos que compró para gestionar actividades ilícitas sin que saltaran las alarmas como hubiera ocurrido de operar con un banco independiente. Ya con esos US$9 millones en las cuentas de Sabrimol Trading en Montevideo, el Corcho Rodríguez completó múltiples transferencias. Entre otras, al First American Title Insurance Company, al estudio jurídico de Nueva York, Jajan PLLC, a la sociedad española Momento de Inercia SL y a una cuenta en el Bank of Santa Lucia International Ltd.
