Según reveló el programa La Cornisa, la administración del exgobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli habría utilizado 20 millones de pesos destinados a concientizar sobre el cambio climático para imprimir boletas del Frente para la Victoria . De esta manera, se agravaría la situación judicial del exjefe de Gabinete del exmandatario provincial, Alberto Pérez. La emisión de América reportó que el fiscal Álvaro Garganta lo acusó tanto a él como a Walter Carbone, su secretario -a quien tiempo atrás le descubrieron una caja fuerte dentro de una escultura de dragón- por "falsedad de instrumento público y administración fraudulenta por haber sustraído 20 millones de pesos para imprimir boletas del Frente para La Victoria". En el expediente que mostró el programa periodísitco se informa que los "fondos fueron desviados aparentando la impresión de folletería y merchandising relacionado a una campaña de concientización del cambio climático". Los documentos probarían que la falsa campaña sobre el cambio climático era, en verdad, una maniobra fraudulenta descubierta por el fiscal Álvaro Garganta cuando consultó a las escuelas que deberían haber recibido los folletos educativos. Por eso fueron allanadas las imprentas Balbi S.A. y Galerys Review, donde se encontraron con boletas del Frente para la Victora, tal como se puede ver en un remito incorporado a la causa. Las órdenes de impresión no señalaban ninguna propaganda referida al cambio climático. Fuentes cercanas a la investigación hablaron con el programa conducido por Luis Majul y dijeron que la supuesta campaña estaba basada en la presentación de "documentos y libros con información para ser repartidos en las escuelas pero comprobamos que los chicos y los colegios nunca lo recibieron". Julio César Balbi y Rodrigo Dosetti, responsables de las imprentas también fueron imputados junto a Pérez y Carbone. Esta es una de las nueve causas que serán elevadas a juicio oral en los próximos meses como parte del megaexpediente denominado "Las cajas negras de Scioli" que se originaron en una denuncia de la diputada Elisa Carrió.
