Cristóbal López y Fabián De Sousa vuelven a prisión. Así lo decidió hoy la Sala I de la Cámara de Casación por voto mayoritario de los jueces Eduardo Riggi y Gustavo Hornos, mientras que Ana María Figueroa votó en disidencia. Asimismo, se determinó que queden procesados por defraudación al Estado con un embargo de 17 mil millones de pesos cada uno, tal como lo había ordenado el juez de la causa Julián Ercolini que los investigó por la deuda multimillonaria creada con el fisco durante el gobierno de Cristina Kirchner. Después de la fallida audiencia de ayer jueves, donde los tres acusados en el expediente, Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray no asistieron y sólo se defendieron por escrito, la Sala I de la Cámara de Casación, ordenó la "inmediata detención" de los dueños del Grupo Indalo, que habían sido excarcelados el 16 de marzo pasado. "Se hace lugar a los recursos de casación del Ministerio Público Fiscal y de la querella", indica la resolución de los camaristas donde La causa investigó una "compleja maniobra defraudatoria" que le permitió al empresario K y a su dueño, "desviar millonarias sumas de dinero que la empresa Oil Combustibles S.A. que debían entregar a la AFIP en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos, utilizándolas para financiar al grupo empresario denominado “Grupo Indalo”, remarcaron los camaristas. "No se puede incurrir en una percepción ingenua y sesgada de la real dimensión de los hechos juzgados como graves hechos de corrupción vinculados con otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia económica", resaltó el juez Hornos en su voto. En este sentido, entendió que el Estado es responsable de "erradicar la impunidad en virtud de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país", en relación a la lucha contra la corrupción. Planteó en consecuencia, la compleja maniobra investigada por Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, "estuvo montada en el caso por funcionarios de la AFIP: como Ricardo Echegaray como Administrador Federal, en clara connivencia con los encausados López y de Sousa". Por ello, sostuvo que "excedieron en su dimensión fáctica y jurídica, los límites del específico delito tributario en el que fueron encuadrados los hechos juzgados en la resolución impugnada". Así, rechazó la decisión de los jueces de la Cámara federal porteña de apelaciones, Jorge Ballestero y Eduardo Farah quienes plantearon que no se trataba de una "defraudación al Estado", sino una "retención indebida de tributo". La causa plantea, según Hornos, una "compleja y sistemática maniobra defraudatoria en perjuicio de los intereses de carácter económico del Fisco, que constituye el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública". Por su parte, el juez Riggi que la causa no se encuentra aislada, sino que es parte de una maniobra aún mayor, de "múltiples hechos de corrupción estatal investigados desde el seno de una asociación ilícita integrada por funcionarios públicos de diversas áreas de la administración, incluidos los ex mandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández y empresarios con vínculos de amistad, cuyo objetivo era enriquecerse a través de negocios y operatorias criminales sobre los bienes, activos financieros y económicos del Estado”. En ese contexto, Riggi entendió que los hechos “superan con creces lo que podía considerarse un delito tributario, pues no es otra cosa que parte de la estructura delictiva que entre privados y funcionarios públicos se montó en el afán de obtener los recursos del Estado para beneficiarse individualmente”. Cristóbal López y Fabián De Sousa adeudan a la fecha a la AFIP más e $ 20.000 millones como contó Clarín. La causa se inició con la denuncia de Elisa Carrió por $ 8.000 millones que no se pagaron al fisco, "estas sumas de dinero que eran captadas por la firma OIL Combustibles a expensas de los consumidores y que debían ser remitidas mes a mes al Estado porque eran parte de su patrimonio, eran sistemáticamente utilizadas para ampliar el conglomerado económico propiedad de los imputados López y De Sousa", señaló el camarista. A su vez, planteó que este falta sistemática de pago, "no traía aparejada ninguna consecuencia porque precisamente desde el organismo recaudador y gracias a la intervención decisiva y fundamental de su máxima autoridad –Ricardo Echegaray-, se concedían una y otra vez planes de facilidades de pago que a la postre dispensaban a la firma de girar los fondos al erario público”. En cuanto a la "inmediata detención" de ambos empresarios, tanto Hornos como Riggi remarcaron que existen circunstancias "objetivas y ciertas referidas a la concreta situación de los imputados López y de Sousa que definen la necesidad de disponer la prisión preventiva", bajo la presunción de que "éstos intenten entorpecer el éxito de la investigación, e, incluso, darse a la fuga". Por su lado, Riggi indicó “la extrema gravedad de las imputaciones formuladas" sumada a la "contundente prueba recolectada, y aunada al inconmensurable daño causado al Estado por el delito", y que son suficientes para "justificar la restricción de la libertad personal". Tuvo en cuenta demás, la cantidad de causas que tienen los dueños de Indalo, que muestran "no sólo una familiaridad manifiesta con el delito sino también una elocuente sensación de impunidad” que “no puede ser desatendid(a) a la hora de evaluar el riesgo procesal”.
