Dos organismos del Gobierno insistieron en que Cristina Kirchner debe ser investigada e indagada en la causa por el lavado de dinero contra Lázaro Báez. La responsabilizaron por las maniobras que el empresario realizó a través de la financiera SGI, vía Suiza. La UIF y la OA se opusieron a que el juez Sebastián Casanello le derive el caso de la llamada "ruta del dinero K" a su par Julián Ercolini para impulsar un megajuicio. La hipótesis que subyace en los escritos de los organismos gubernamentales es que los 33 millones de pesos que lavó Báez y su emporio de propiedades son, en realidad, de los ex presidentes. Que hoy Báez es Cristina. La UIF y la OA, querellantes en la causa, apelaron la resolución de Casanello de declararse incompetente parcialmente en el caso y derivarle el expediente a Ercolini para promover un juicio "paraguas" que englobe las distintas maniobras de corrupción kirchnerista. Es decir un único proceso que investigue: el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz (el caso de Vialidad), los mecanismos de retornos a través de los hoteles (Hotesur), de los inmuebles (Los Sauces) y la ingeniería de lavado de activos que se probó en "la ruta de dinero K". Los escritos de los organismos, a los que accedió LA NACION, coincidieron en asignarle a Báez un rol de mero testaferro. Y reclamaron la indagatoria de Cristina en la causa, a la que visualizan como el "pez gordo" en términos de cifras. Casanello determinó que Báez tiene bienes por US$ 186 millones y que lavó US$ 33 millones mediante la compra de bonos argentinos en Suiza, vendidos por Helvetic Service Group y repatriados en cuentas de Austral Construcciones. La UIF señaló que el dinero que Báez lavaba no le pertenecía, al menos no en su totalidad. Y que existen múltiples elementos que permiten suponer que Cristina Kirchner tenía la disposición de aquellos fondos y seguía de cerca su colocación en el extranjero. Consideró que hay violación de derechos y se reservó la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema con su reclamo. La OA abonó la misma hipótesis. "Si bien los fondos de la obra pública habían ingresado formalmente al patrimonio de Báez, en realidad este actuó como prestanombres de Néstor y Cristina Kirchner", señaló el organismo conducido por Laura Alonso. Agregó que "la relación patrimonial entre Lázaro y los ex presidentes fue mucho más allá de los retornos mediante las actividades hoteleras e inmobiliarias (casos Hotesur y Los Sauces". Insistió en su pedido de citar a indagatoria a la ex mandataria en esta causa y recalcó: "Cristina y su difunto esposo resultaban los verdaderos dueños de la colosal fortuna de Báez". Aunque no la citó a indagatoria, Casanello nunca cerró la posibilidad de otorgarle a Cristina un rol en la trama del lavado ni buscó cortar el hilo en Báez. Lo que requirió es que sea Ercolini (que lleva la causa "madre" de Vialidad) quien analice su responsabilidad en el marco de una presunta asociación ilícita. Y que, en tal caso, la cite para hacer una indagatoria global que especifique su papel en la megamaniobra. La teoría de Casanello es que si no se formula una acusación coherente se corre el riesgo de enviar a juicio un caso con incongruencias que habilite las dilaciones. "Un juicio exitoso exige armonizar esas posturas", manifestó el juez en su escrito. Y agregó: "Lo que resta es formular una imputación como una hipótesis conglobante que explique definitivamente y de modo coherente el rol de la ex presidenta". Será la Cámara Federal la que termine de definir el periplo que seguirá la investigación. El juez en lo penal económico Ezequiel Berón de Astrada comenzó los trámites para enviar a juicio oral al detenido empresario Lázaro Báez y a sus hijos Martín y Leandro, por evasión de aportes de los empleados de 16 empresas, por más de $ 33 millones entre 2010 y 2016. El magistrado dio por cerrada la investigación y pidió dictamen a la fiscalía y a la AFIP, como querellante, para que se pronuncien sobre la conveniencia de llevar el caso a juicio. De concretarse, será la primera causa penal en la que el empresario procesado por corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas sería juzgado. Berón de Astrada consideró que pueden ser juzgados Báez, sus hijos Leandro y Martín, y el detenido contador del grupo Austral Construcciones Jorge Chueco.
