Enemigos públicos desde siempre, Lázaro Báez y Cristóbal López presos ambos en el Penal de Ezeiza por casos de corrupción, se encuentran vinculados por un común denominador: su relación con la familia Kirchner y los negocios con el Estado. El Gobierno actual le rescindió obras a ambos empresarios K y esto representó un ahorro de 1.250 millones de dólares, el equivalente a 600 kilómetros de autopista. Empresarios con vínculos de amistad con los ex Presidentes, que integraron “una asociación ilícita junto a Néstor Kirchner y Cristina Fernández cuyo objetivo era enriquecerse a través de negocios y operatorias criminales sobre los bienes, activos financieros y económicos del Estado”. Así definió la Justicia a Lázaro Báez y a Cristóbal López, los empresarios patagónicos que expandieron sus negocios bajo el resguardo del gobierno kirchnerista. Aunque siempre buscaron diferenciarse uno del otro, rechazando cualquier comparación posible, como una historia de sucesos cruzados, sus conglomerados empresariales (con Cristina Kirchner fuera de la Casa Rosada) terminaron igual: al borde de la quiebra, sin obras del Estado y con veedores judiciales. El Gobierno puso la lupa sobre los contratos de obra pública que recibió el Grupo Austral (propiedad de Báez) y CPC SA (del Grupo Indalo). La decisión fue quitarles contratos sospechados de sobreprecios, con retrasos en sus plazos, o cuyas adjudicaciones presentaron irregularidades. En total, el Estado determinó que quitándole cinco importantes contratos al dueño de Indalo y 24 licitaciones al Grupo Austral, generaron un ahorro de 1.250 millones de dólares. Este dinero es suficiente para hacer más de 600 kilómetros de autopista. Visto de otro modo, es el dinero que demanda hacer autopista la Ruta 7 desde Luján a Junín, que une las principales ciudades agrícolas del noroeste de Buenos Aires. Y la autopista en la Ruta Nacional 8 desde Pilar a Pergamino, un corredor troncal de Buenos Aires que vincula con Santa Fe, Córdoba y San Luis. El ministerio de Transporte, que conduce Guillermo Dietrich, trazó un “antes y después” en cuanto al manejo de la obra pública y determinó que, en relación a la gestión K, se redujo el costo del kilómetro de ruta de 2 millones de dólares a 1, 3 millones de dólares. El mismo fenómeno se evidenció en la construcción del kilómetro de autopista, se bajó de 4, 7 millones de dólares a 2, 2 millones de dólares. Las sospechas de corrupción quedaron plasmadas en un informe de Vialidad Nacional que conduce Javier Iguacel. El empresario santacruceño recibió 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos: sólo terminó la mitad pero y cobró la totalidad con un sobreprecio del 65%. Ante dicho panorama, Vialidad le rescindió 24 contratos que representaron un ahorro de más $ 15.000 millones: el equivalente a la refacción de toda la Ruta 3 en la provincia de Buenos Aires. En el caso de Cristóbal López, la rescisiones fueron en menor cantidad pero relevantes igual. En obras viales ya perdió al menos cuatro contratos, uno de ellos otorgado por la actual gestión y denominado “un emblema de la corrupción” de la anterior gestión. Se trata de la obra sobre Ruta 3 que une a Santa Cruz con Chubut. Primero la tuvo Lázaro y cobró un 329% más de su valor original con un avance del 27%. En 2016 el Gobierno se la otorgó a CPC SA por realizar la mejor oferta. La obra debía terminarse en 18 meses y se adjudicó por $ 1.570 millones. La constructora de López sólo avanzó un 3%. En Chubut, perdió más obras entre ellas un acueducto por $ 1.000 millones. El mayor negocio que se le retiró fue la concesión de la Autopista Cañuelas-Ezeiza con una deuda de $ 3.000 millones.
