La procuradora Alejandra Gils Carbó admitió este mediodía ante la Justicia que hubo "un negocio oculto" en la compra de un edificio del Ministerio Público mediante el pago de una "comisión indebida", aunque negó haber tenido conocimiento de la maniobra que culminó con el pago de una comisión millonaria a un hermano de un funcionario del Ministerio Público. Gils Carbó pasó más de tres horas ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, acusada de ser parte de una supuesta maniobra para favorecer a los agentes inmobiliarios que vendían el inmueble de la calle Perón 667 por $ 43 millones, donde actualmente funciona la oficina de la funcionaria. "Jamás advertí ninguna irregularidad ni la advierto ahora. Nada me llamó la atención porque ganó el inmueble de mejor precio, más de 20 funcionarios de distintas áreas aprobaron todo, el edificio llenaba todas las condiciones necesarias y el precio era inferior a la cotización oficial", sostuvo Gils Carbó, que enumeró los motivos de su inocencia ante el juez. Frente a frente, se respiró un clima formal, pero cordial durante su exposición, que duró casi dos horas. Gils Carbó aclaró que iba a responder todas las preguntas que fueran necesarias, pero que debía terminar la indagatoria antes de las 15 porque tenía programado un encuentro con un representante de la ONU por el caso de Santiago Maldonado. Habló con tono pausado y hasta se animó a desplegar un cuadro para explicar su postura, mientras tomaba un té. Cuando terminó su exposición, su abogado Alejandro Rúa (el mismo que Cristina Kirchner), el fiscal y el juez le hicieron menos de diez preguntas. A las 14 ya estaba fuera del edificio. Taiano había pedido su indagatoria al sospechar que su jefa había simulado una licitación que no fue tal y había recibido "dádivas" por la compra del edificio. "No intervine para nada en la redacción del pliego. Yo sólo aprobaba lo que la asesoría jurídica me decía que era correcto", se defendió la titular del Ministerio Público. Un empleado infiel Gils Carbó cargó toda la responsabilidad por el "negocio oculto" en Guillermo Bellingi, subdirector de la Procuración, el funcionario que llevó adelante la licitación y cuyo medio hermano cobró una millonaria comisión después de cerrar la operación. "Cuando nos enteramos del negocio oculto de Thill, sufrimos, nos sentimos defraudados. Estimo que los titulares de las áreas, funcionarios de carrera, no pudieron detectarlo. Si sacamos el negocio oculto de Thill y Bellingi, no se advierte ninguna irregularidad en el trámite", confesó la funcionaria. Y agregó que apenas se enteró de esta maniobra suspendió al funcionario en la procuración. La Justicia deberá determinar la situación procesal de la jefa de los fiscales. Será clave en la causa establecer el grado de cercanía de la funcionaria con Bellingi, un funcionario de alto rango del Ministerio Público que la propia Gils Carbó llevó a trabajar a ese lugar por recomendación. Cuando la citó a declarar como acusada, el juez Ercolini sostuvo que "existe motivo bastante para sospechar" que Gils Carbó y Bellingi "diagramaron un complejo entramado" para simular una licitación que estuvo direccionada. Bellingi es medio hermano de Thill, el hombre que cobró $ 3 millones de comisión después de esta operación, a pesar de que no tenía experiencia en el rubro inmobiliario. En total, se pagaron $7.5 millones en comisiones, lo que representa "un porcentaje inusual y significativamente superior al utilizado en el mercado inmobiliario", alertó el juez. Gils Carbó tuvo la oportunidad ayer de defenderse. "Me parece risible la hipótesis de que pueda haber compartido los beneficios de la comisión indebida que figura que cobró Thill, quien supe que tiene en su cuenta la mitad de esos fondos", lanzó la procuradora. Gils Carbó argumenta que la licitación fue real, que ganó el mejor precio y que se pagó por el edificio un monto menor al de la tasación. Asegura también que la comisión la pagó la parte vendedora -Arfinsa SA-, no el Estado, y que entonces no hay perjuicio a las cuentas públicas. El juez Ercolini no comparte ese criterio al considerar que "esa sideral suma de dinero repartida entre los supuestos intermediarios" la entregó la vendedora "a partir de lo que percibiera por la enajenación del inmueble". Por eso ,"en definitiva, se trató de fondos provenientes del aludido órgano estatal".ß
