Hace años que vengo insistiendo con bajar la carga tributaria sobre las tarifas de los servicios públicos, particularmente en gas y energía eléctrica. Cuando uno observa la carga tributaria sobre esas facturas se encuentra con que en energía eléctrica, la carga impositiva representa el 44% del cargo fijo y del consumo de energía. Por lo menos es mi caso, que vivo en Olivos, provincia de Buenos Aires. El siguiente cuadro muestra qué impuestos incluye la factura de Edenor. Por curiosidad me puse a investigar en qué consistía la ley 7290/67 que es un decreto ley de la época de la dictadura de Juan Carlos Onganía. Esa ley creó un fondo para "financiar el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la provincia de Buenos Aires que será destinado a costear los estudios, proyectos, obras y adquisiciones que resulten necesarias para reestructurar, completar y expandir los sistemas y servicios públicos de electricidad existentes dentro de su territorio". Quiero imaginar que después de 51 años terminaron de estudiar y reestructurar el sistema energético en la provincia de Buenos Aires. La ley 9.038 con la que hay que pagar un 5, 5% en la factura de luz fue sancionada para que "con el producido de la recaudación destinarlo a la financiación de las inversiones que demande la Central de Acumulación por Bombeo en Laguna La Brava, radicación de potencia de base en el Área de Bahía Blanca y sus interconexiones". Parece que se había pensado en 1976 como un gran acumulador de energía esa estación de bombeo. La realidad es que esta obra nunca se hizo pero se siguió cobrando el impuesto. Basta googlear Central de Acumulación de Bombeo Laguna Brava para ver que nos estuvieron cobrando durante décadas un impuesto para algo que no se hizo nunca. Diría que la propuesta del Gobierno nacional de pedirle a los gobernadores e intendentes que reduzcan la carga impositiva tiene mucho realismo. En todo caso que gobernadores e intendentes nombren menos gente en las gobernaciones y en los municipios que fueron los que más crecieron en cantidad de personal entre 2003 y 2015. De acuerdo al último informe del Ministerio de Trabajo, en enero había 3, 2 millones de empleados públicos entre nación, provincias y municipios. Un aumento de 53.000 puestos de trabajo respecto a enero de 2017 que es equivalente a un incremento del 10 por ciento. Luce realmente insultante que gobernadores e intendentes pidan esfuerzo tributario a los ciudadanos y ellos sigan nombrando primos, hermanos, amantes e hijos en reparticiones públicas. Pero considero que el Estado nacional no debería quedarse atrás y forzar a las provincias a, por lo menos, reducir a la mitad el IVA en las cuentas de luz y gas. En 2017 versus 2016 el Estado nacional se ahorró $83.700 millones en subsidios corrientes al sector energético. De acuerdo al último informe completo de la AFIP sobre recaudación tributaria, que corresponde a 2016, el 3, 3% del IVA que se recauda proviene del suministro de gas, electricidad, cloacas y agua. Ese 3, 3% son hoy entre $29.000 millones y $40.000 millones de IVA DGI (no incluye DGI Aduana). Es muy claro que si el Estado bajó el gasto en $83.700 millones cobrando, como corresponde, tarifas más altas, esa reducción de gastos vaya acompañada de una reducción de la carga impositiva de por lo menos la mitad de los $40.000 millones. ¿O acaso el gasto en subsidios no se financia con impuestos? De esta forma se le devolvería poder de demanda a los contribuyentes, el impacto de reacomodar las tarifas de los servicios públicos sería menos fuerte sobre el bolsillo de la gente y, lo más importante, sería de estricta justicia que el ajuste no lo soporte solo el sector privado mientras la dirigencia política sigue revoleando la plata del contribuyente en mantener en el estado a ñoquis, piqueteros y amantes de políticos.
