Investigado por su fortuna y cuestionado por sus fallos, el camarista Jorge Ballestero se tomó licencia médica por 20 días. Se trata de uno de los integrantes de la Sala II de la Cámara Federal, y junto a Eduardo Farah decidieron la liberación del empresario K Cristóbal López, fallo por el que los jueces fueron muy cuestionados. El alejamiento temporal de Ballestero se produce además en momentos en que el Consejo de la Magistratura lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Ballestero y Farah quedaron bajo la mira a raíz que fueron los camaristas que otorgaron la libertad al empresario K por el no pago de $ 8.000 millones correspondientes al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) de parte de la petrolera Oil Combustibles (propiedad de López). Además cambiaron la calificación de defraudación a la administración pública a apropiación indebida de tributos. La decisión de Ballestero se produce también a poco del pedido de traslado que hizo Farah. El camarista solicitó a la Magistratura ocupar un cargo de un tribunal penal económico de la Capital Federal para luego pasar a un Tribunal Federal de San Martín. La licencia médica de Ballestero provocó que la Sala I quede conformada ahora por Farah y Leopoldo Bruglia. A su vez la Sala II también quedó casi acéfala ya que su otro integrante, Martín Irurzun, se tomó licencia y ahora solo funciona con Farah y la subrogancia de Bruglia. Así la Cámara Federal porteña, que actualmente tiene ocupados cuatro de los seis cargos, funcionará en las próximas dos semanas con solo la mitad de los magistrados. Además del caso de López, Ballestero tenía otro antecedente polémico, ya que fue uno de los jueces de la Sala I de la Cámara federal que, en septiembre de 2016, rechazó la reapertura de la denuncia por presunto encubrimiento a Irán que el fiscal Alberto Nisman presentó cuatro días antes de morir. El juez argumentó en su dictamen que la presentación carecía de delito. La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura pidió las declaraciones juradas de Ballestero, a partir de la causa que se originó con la denuncia de la diputada y líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió. En su presentación la legisladora le había pedido al organismo que investigue si hubo "intereses económicos" detrás del fallo que dueño del Grupo Indalo. En su presentación Carrió hizo referencia a "la compra de un dúplex" por parte de Ballestero en la avenida Figueroa Alcorta, el que se habría adquirido -acusó- con un "crédito simulado". También reclamó que se analicen posibles vínculos entre el Casino de Puerto Madero (propiedad de López) y un empleado del juez Farah. Los jueces también tienen otra causa en el Consejo, iniciada en este caso por un pedido de la Corte Suprema de Justicia, que le reclamó al organismo que investigue el proceso a partir del cual Farah fue convocado para integrar momentáneamente la Sala I de la Cámara Federal, con el objetivo de desempatar la votación sobre el futuro de López. Al hacer su descargo ante el Consejo de la Magistratura Ballestero había defendido el mecanismo usado para integrar el tribunal que resolvió la excarcelación y el cambio de carátula de la causa. La lupa está puesta en la designación de Farah como tercer integrante. El fallo de la Sala I había sido dividido, ya que Bruglia se opuso mientras que Ballestero se pronunció a favor de la liberación, lo que obligó a recurrir a un tercer magistrado para desempatar. Fue Farah quien resolvió en favor de la libertad de López y de su socio Fabián de Sousa. La sala I tiene sólo dos miembros estables desde la destitución de Eduardo Freiler. Ballestero dijo que no fue necesario realizar un nuevo sorteo para designar al tercer juez para desempatar, ya que Farah había sido designado desde el 15 de diciembre en una causa conexa.
