Dos aportantes del PRO lograron contratos por casi 90 mil millones de pesos en obra pública en la Ciudad de Buenos Aires desde que Macri ingresó al poder como Jefe de Gobierno. Se trata de Adán Chocano, dueño de Urbaser Argentina S.A. y Fernando Miscione, dueño de Control Ecológico S.A. El negocio continúa con Rodríguez Larreta y el nexo principal es con el Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público. Adjudicaciones a medida, sobreprecios, denuncias judiciales y el gran negocio detrás del saneamiento del Riachuelo. Mientras la Corte Suprema de Justicia define como “inocultable” el incumplimiento del Plan de Saneamiento Ambiental, el oficialismo avanza en sus negocios personales. Múltiples licitaciones y contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad fueron direccionadas a las empresas Urbaser Argentina S.A. y Control Ecológico S.A. La primera se encuentra en manos de Adán Chocano, aportante a la Fundación Suma, entidad trucha por la que la vicepresidenta fue imputada. La segunda es de Fernando Miscione, aportante a la campaña del PRO en reiteradas oportunidades. Urbaser fue también beneficiaria de millonarias licitaciones como la remodelación de Plaza Congreso, las obras en Plaza de Mayo, la limpieza de lagos y arroyos y el negocio de la recolección de residuos. Control Ecológico recibió la limpieza de diversos lagos como el Rosedal, el Planetario y el Centenario e intentó ingresar por la ventana al negocio que se esconde detrás del saneamiento del Riachuelo. Desde que Mauricio Macri asumió como Jefe de Gobierno porteño, Urbaser Argentina S.A. recibió más de 6.720 millones de pesos por obra pública y Control Ecológico S.A. 82.600 millones. Mientras tanto, los vecinos continúan rodeados de una cuenca contaminada y el Máximo Tribunal exige el cumplimiento del Plan de Saneamiento. Durante el primer año de mandato de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño en 2008, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público –en ese entonces a cargo de Diego Santilli– lanzó una Licitación Pública para adjudicar el servicio de limpieza y mantenimiento de los distintos lagos que posee el distrito. La contratación se estimaba por una duración de cuatro años y Control Ecológico S.A. fue, casualmente, la única empresa oferente. Aquella licitación le asignó más de 5 millones y medio de pesos y lo instaló como el proveedor encargado del saneamiento de los lagos porteños durante los siguientes diez años. A través de nuevas licitaciones o resoluciones que prorrogaron su contratación, la Sociedad Anónima logró hacerse más de 82.600 millones de pesos como proveedor estatal. El nuevo triunfo de la empresa de la mano del macrismo no fue casualidad. Según la última Asamblea Ordinaria llevada a cabo, el presidente de Control Ecológico S.A. es Fernando Mario Miscione, aportante a la campaña del PRO en reiteradas oportunidades y su vicepresidente es Daniel Walter Román, integrante de la tradicional familia conocida por sus negocios portuarios y de transporte, que también realizó operaciones con ex ejecutivos de Pegasus, fondo que pertenece al vicejefe de Gabinete Mario Quintana. Durante 2017, Control Ecológico intentó también hacerse del negocio desarrollado en torno al saneamiento del Riachuelo, cuando Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) licitó el servicio de limpieza y mantenimiento del espejo de agua del curso principal de aquel río. La licitación era por tres años, con la posibilidad de extenderse a cuatro, e incluía la recolección de residuos, la limpieza y mantenimiento en condiciones del Riachuelo. Las alarmas se encendieron en los organismos de control cuando en el pliego de aquella licitación se agregó como requisito técnico que la adjudicataria poseyera seis catamaranes, requisito que según fuentes del sector era innecesario ya que para el saneamiento de estos espacios se utiliza equipamiento de mayor potencia. “A igualdad de ofertas se preferirá la del oferente que detente la propiedad de dichos barcos”, expresa el pliego y agrega que el catamarán deberá ser de los “que capture y vuelque los residuos en los lugares necesarios incluyendo las estaciones de trasferencia y con potencia de propulsión adecuada a su tamaño e impulsión por ruedas de paletas giratorias”. La escritura parecía realizada a medida ya que Control Ecológico publicaba en su web similares características de sus embarcaciones: “Contamos con las siguientes Patentes de Invención: Catamaranes autopropulsados con brazo pivotante hidráulico (captura, hiza y vuelca RSU). Catamaranes con cinta transportadora que compacta residuos. Dispone de cinta transportadora que eleva y vuelca los residuos colectados a un Colector trasero donde a través de un mecanismo hidráulico de compresión los compacta, posibilitando su escurrido, reduciendo así el volumen de residuos extraídos, y aumentando su capacidad de trabajo”. Urbaser Argentina S.A. es otra de las grandes ganadoras dentro del negocio de la obra pública en Cambiemos. Entre otras cosas, logró la adjudicación de 50 millones de pesos para la reconstrucción de la Plaza Congreso, a través de una licitación realizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, hoy a cargo de Eduardo Macchiavelli. Esa misma dependencia le otorgó más de 12 millones de pesos para la nueva vereda del Parque Avellaneda, 3 millones por reparaciones de guardia y auxilio en la Av. 9 de julio, 1.200.000 pesos para modificaciones en las intersecciones de la Avenida San Juan y 9 de julio y 3 millones y medio para tareas en la Plaza de 9 de julio frente la UADE, entre otros. La empresa no trabaja sola. Convivió con otras como Dycassa y Dragados dentro del grupo español ACS –también asociado con Firion Investements, controlada por un grupo chino– hasta finales de 2016 y es controlante de Transportes Olivos SACIF. Urbaser Argentina S.A. y Transportes Olivos poseen las mismas autoridades. Su presidente es Carlos Adán Chocano y junto a SEOB S.A. conforman la Unión Transitoria de Empresas (U. T. E. ) Zona Verde. Aquella UTE tiene a su cargo el mantenimiento “verde” de toda la ciudad y fue uno de las principales sponsors de la Fundación SUMA, organización trucha de la vicepresidenta creada en 2009 con tan solo tres empleados y sin presentaciones de balances ante la AFIP y la Inspección de Justicia hasta el año 2016. Además de Zona Verde existió una treintena de empresas con contratos millonarios en el Gobierno de la Ciudad que aportó cifras considerables a la fundación de la vicepresidenta. Entre ellas se encontraron Prosegur, Riva S.A. Grupo ODS y Microsoft, entre otros. Los aportes realizados a la fundación han dado sus frutos: de 2008 a esta parte, Urbaser Argentina S.A. y las diversas Uniones Transitorias conformadas con Transportes Olivos y SEOB S.A. recibieron más de 6.720 millones de pesos por obra pública. Al igual que Control Ecológico, la empresa de Chocano forma parte del negocio que gira entorno al Riachuelo. Una de las últimas licitaciones asignadas a Urbaser Argentina S.A. fue por más de 23 millones de pesos para la limpieza del Arroyo Rodrigo Bueno y el Arroyo Cildáñez, único con obras activas por la necesidad de aprobar las vistas panorámicas de la zona que generarán los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud. Urbaser también se encuentra en el codiciado rubro de la recolección de residuos tradicional. Desde 2014, cuando la Ciudad de Buenos Aires implementó el uso de los contenedores de basura, la empresa de Chocano se convirtió en una de las seis adjudicatarias y recibió más de 4.400 millones de pesos para la recolección en la zona 7 de la Ciudad de Buenos Aires. RESOLUCIÓN N. ° 166__MAYEPGC_17 – Adjudicación Urbaser del Cildánez y el Rodrigo Bueno by nuestrasvocesok on Scribd Aquella licitación y sus ejecutores –Mauricio Macri como Jefe de Gobierno y Edgardo Cenzón como ministro de Ambiente y espacio Público– fueron denunciados judicialmente: la licitación no cumplía con la Constitución de la Ciudad, que debido a los montos y a la duración del contrato, obliga a conseguir el acuerdo legislativo antes de que entre en vigencia la adjudicación. Cambiemos omitió aquel proceso y desoyó los reclamos de excesos presupuestarios asignados a las empresas para desarrollar la tarea. A la fecha Urbaser continúa siendo una de las empresas contratadas para la recolección. El grupo ACS, controlante de Urbaser Argentina S.A. hasta fines de 2016, posee el 2, 68 por ciento del paquete accionario de Autopistas del Sol como ACS y el 1, 75 por ciento a nombre de Dycassa, otra de sus controlantes. En Ausol, el grupo es socio de Impregilo, empresa heredera de Impresit, la constructora de la Fiat con la que Franco Macri fundó el imperio. Gabriela Cerruti escribió en Nuestras Voces: “Las obras públicas más importantes de la Argentina lo tienen a Mauricio Macri de los dos lados del mostrador: el soterramiento del Sarmiento, la depuración del Riachuelo, la represa Yaciretá, el plan cloacal en el Gran Buenos Aires, el plan hídrico alrededor del arroyo Maldonado en la Ciudad de Buenos Aires, y la concesión de las autopistas, entre muchas otras obras, son llevadas adelante por Impregilo y Ghella, a veces juntas, a veces por separado”. Las dos empresas mencionadas son los emporios italianos en que se transformó Impresit, la constructora de Fiat de Giovanni Agnelli que, a principios de los sesenta, se asoció con el padre presidencial para formar la ya conocida Sideco Americana. La famiglia se desprendió de sus acciones en Autopistas del Sol recién en mayo de 2017, luego de aumentos siderales en las tarifas de los peajes. Antes de eso, existió la causa Nº 4334/13 en donde todos los accionistas de Ausol se encuentran acusados de gestionar la fuga de más de 120 mil millones de dólares a través de la compañía financiera JP Morgan Chase. Luego de atravesar la crisis del año 2001, Argentina fue demandada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) por más de cincuenta empresas por el incumplimiento de contratos y la pérdida de rentabilidad. Una de aquellas empresas denunciantes fue Urbaser. La denuncia fue presentada en 2007. Un año después, el estado permitía que la denunciante figure como proveedora del gobierno porteño y sostenga el litigio en su contra. Según la Procuración del Tesoro de la Nación, defensora de la Argentina ante el CIADI, Urbaser y Aguas Bilbao Bizcaya –otra firma española– exigían una indemnización original de 316 millones de dólares más intereses y costas. Desde septiembre de 2016, Urbaser Argentina S.A. fue aceptada también como empresa proveedora del Gobierno Nacional, en donde podrá continuar desarrollando sus negocios a costa del Estado. Comentarios
