Este puede ser, al fin, el comienzo. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dio ayer el primer paso sustancial en uno de los tres grandes negociados que conforman el entramado argentino del Lava Jato, la investigación que desnudó y sacudió hasta sus cimientos la relación entre los políticos y los empresarios en toda América Latina. De Giorgi llamó a indagatoria a 49 exfuncionarios y ejecutivos sospechados de participar en uno de esos tres negociados, el soterramiento del tren Sarmiento, una obra pública que escaló a los US$1500 millones. Un avance, según los investigadores judiciales, en la dirección correcta. Pero el camino será complicado porque al juez y a los fiscales argentinos les faltan demasiadas piezas. No han accedido, aún, a las confesiones de los "arrepentidos" de Odebrecht ante la Justicia brasileña que hablaron sobre las "propinas" que corrieron en la Argentina, y ni siquiera saben cuántos son esos delatores -¿cuatro? ¿ocho?-, ni quiénes son. ¿Por qué no llega esa información a Buenos Aires? Durante meses, la Casa Rosada acusó a la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó de boicotear su arribo porque quería proteger a los kirchneristas involucrados. Pero con Gils Carbó ya en su casa, los datos siguen sin llegar y cambió el argumento oficial. Desde Balcarce 50 admiten ahora un "desajuste normativo" entre ambos países. Es decir, lo que sostenía la jefa de los fiscales y desmentía el oficialismo. El contrapunto es fácil de explicar: para Brasil, los "arrepentidos" de Odebrecht ya confesaron sus delitos y fueron juzgados y condenados por esos crímenes, incluidos los cometidos en la Argentina. Por tanto, ni De Giorgi, ni otro juez pueden avanzar contra ellos porque sería juzgarlos dos veces por el mismo delito. Lo que replican los argentinos también es fácil de explicar: antes de exculpar a los "delatores", plantean que necesitan precisar qué confesaron en Brasil para determinar si, en efecto, se trata de los mismos hechos delictivos. Por eso deberá buscarse una salida "creativa" que dependerá de una decisión política. Por ahora? Mientras tanto, en Brasil esperan delatores como Luiz Antonio Mameri o Marcio Faria da Silva, quien confesó cómo fue otro negociado argentino: las coimas para quedarse con el contrato para la extensión de las redes troncales de gasoductos. Allá lo condenaron a 30 años de prisión y a pagar US$6 millones, y se comprometió a colaborar con cualquier juez que pida su testimonio. Más aún, ya avisó que quiere declarar ante los argentinos, bajo juramento, por videoconferencia. Pero ese contrapunto se lo impide. En ese contexto jurídico de cerrojos, el juez a cargo de esa pesquisa, Daniel Rafecas, avanzó por otro camino y procesó al exministro Julio De Vido, aunque no por las "propinas", mientras que De Giorgi también esquivó ese escollo, con aportes del fiscal Franco Picardi y de su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. De Giorgi, Picardi y Rodríguez afrontan más limitaciones. Entre otras, que enviaron exhortos a siete países y apenas cosecharon dos respuestas limitadas (Brasil y Estados Unidos) y cinco silencios (Curazao, Antigua y Barbuda, Suiza, Uruguay y Andorra). Saben, también, que aún si logran dar otro paso contra los acusados, con sus procesamientos, la "ruta del dinero" seguiría incompleta. Porque si el número dos de Ángelo Calcaterra en la constructora Iecsa, Javier Sánchez Caballero, o el lobbista Jorge "Corcho" Rodríguez intermediaron en los sobornos -algo que ellos niegan indignados-, será difícil completar la operatoria si no se quiebran, ni la Justicia brasileña envía el material. Se trataría, una vez más, de romper la "omertá", el código mafioso del silencio. Y para eso, nada mejor que un arrepentido. Podrían ser los brasileños que ya se quebraron en Brasil, como Marcelo Odebrecht, Mameri, Fernando Migliaccio, Mauricio Couri Ribeiro o Hilberto Mascarenhas da Silva. Podrían ser también otros brasileños que participaron en las "propinas", como Rodney Rodrigues o Ricardo Vieira. O podría darse con un argentino, que de paso cuente cómo funcionó -y aún funciona- la cartelización de la obra pública en la Argentina. Resta, en definitiva, ver si esta será una investigación penal más o se convertirá en el expediente que desatará, al fin, el capítulo argentino del Lava Jato.
