“Hay que quemarles todas las casas”, dice uno de los gendarmes. “Hay que patearles todo, la misión es esa”, replica otro de los uniformados verdeoliva que participaron de la represión del 1 de agosto en territorio mapuche recuperado de Cushamen, cuando desapareció Santiago Maldonado. Estaban sentados en el camión Unimog que circulaba a baja velocidad por la ruta 40, mientras un grupo los seguía al trote rumbo a la Pu Lof, donde ingresarían poco después arrojando piedras y a los balazos sin orden judicial. El diálogo que reproduce un video inédito no sólo da por tierra la insistente justificación del gobierno de Cambiemos sobre la “flagrancia” invocada para actuar, en la cual habrían incurrido los mapuches que cortaban la ruta reclamando la liberación de su lonko, Facundo Jones Huala. Además, anticipa lo que luego sucedió: imágenes exclusivas a las que tuvo acceso PáginaI12 y que están en el expediente evidencian el incendio y el secuestro de las pertenencias de la comunidad. Un sector de los investigadores sostiene que la “flagrancia” en realidad fue la excusa para soslayar los mecanismos de un desalojo de ruta, y lo que hubo fue un procedimiento ilegal donde la fuerza de seguridad que intervino habría incurrido en abuso de autoridad, lo que derivó en la muerte de Maldonado. En las últimas notificaciones del expediente que investiga el juez federal Gustavo Lleral, Gendarmería está modificando de facto la carátula de la causa, porque responde los oficios encabezando con “NN/averiguación de delito” cuando el caso aún está calificado como desaparición forzada. “Están realizando un cambio unilateral de la carátula con una impunidad absoluta”, dijo Verónica Heredia, abogada de Sergio Maldonado. El Ministerio de Seguridad y los abogados de los gendarmes intentaron varias veces que desaparezca la figura de la desaparición forzada, sobre todo a partir del hallazgo del cuerpo de Santiago, el 17 de agosto, en el río Chubut. Hasta ahora Lleral no hizo lugar a tal pretensión, pero más temprano que tarde podría haber una modificación del tipo penal. Ante esa eventualidad, una fuente del caso planteó que las imágenes que publica PáginaI12, así como otras pruebas ya adjuntadas al caso, podrían sostener una acusación contra los gendarmes implicados por homicidio agravado, como establece el artículo 80 inciso 9 del Código Penal, es decir cuyo nexo causal es un abuso de autoridad de la fuerza de seguridad que intervino. Así sucedió en el caso de Ezequiel Demonty, el joven que se ahogó tras ser obligado por policías a arrojarse al Riachuelo. Tres miembros de la Policía Federal fueron condenados a la máxima pena prevista para tal delito: prisión perpetua. Si acaso fuera éste el escenario posible, las pruebas para confirmar la ilegalidad del procedimiento son evidentes porque no hubo orden judicial de Guido Otranto para el ingreso a la Pu Lof, como tampoco para la destrucción de las casillas de madera y chapa, colchones, juguetes, libros y otras posesiones de la comunidad, que fueron incineradas en una fogata en la cual la familia Maldonado también sospecha pudo estar la mochila de Santiago. De hecho, en las primeras fojas del expediente aparece el acta elaborada por el único imputado del caso, el ascendido alférez Emmanuel Echazú, pero con un vicio que la transforma en carente de valor legal: no lleva la firma de testigo alguno. “La flagrancia implica inmediatez y urgencia, y nada indica que haya sido esa la situación, cuando Otranto dicta la orden de desalojar la ruta el 31 de julio”, explicó la fuente. La orden era específica y se cumplió a las 3.30 del 1 de agosto. El jefe de Gabinete de la ministra Patricia Bullrich, Pablo Noceti, le insistió al magistrado para que avanzara invocando que los mapuches estaban cometiendo delitos “in fraganti”, y que entonces los gendarmes podían avanzar con sus vehículos sobre esa porción que figura a nombre de Tierras del Sud S.A. propiedad del magnate italiano Luciano Benetton. En la estancia Leleque, de Benetton, permaneció Otranto durante el procedimiento del 5 de agosto cuando apareció bajo un arbusto la boina beige que usaba Santiago, y el perro marcó su rastro hasta el río. Como si Gendarmería tuviera la potestad de modificar la carátula, en los oficios en que lo hizo solicita le sean devueltos discos rígidos y otros elementos secuestrados durante los allanamientos. Lo mismo hicieron los mapuches, a quienes nadie devolvió hasta hoy los documentos, carpetas, carteras y demás pertenencias que sobrevivieron a la fogata, y que fueron cargadas en las camionetas, tal como evidencian las fotografías a las que accedió este diario. En el video, luego de anticipar que iban a quemar y romper todo a los mapuches, los gendarmes hablan distendidos sobre el cobro de su sueldo. Al rato, según audios que constan en la causa, se permitirían otras frases que los inculpan, tales como “vamos a darles corchazo para que tengan”, “fuego al negro escopeta”, y otras con similar sentido de un ataque premeditado, un claro abuso de su condición de miembros de una fuerza de seguridad.
