"Hay que quemarles todas las casas", dice uno de los gendarmes. "Hay que patearles todo, la misión es esa", replica otro de los uniformados verde oliva que participaron de la represión del 1º de agosto en territorio mapuche recuperado de Cushamen, cuando desapareció Santiago Maldonado. Estaban sentados en el camión Unimog que circulaba a baja velocidad por la ruta 40, mientras un grupo los seguía al trote rumbo a la Pu Lof, donde ingresarían arrojando piedras y a los balazos sin orden judicial. El diálogo que quedó registrado en un video inédito no sólo da por tierra la insistente justificación del gobierno de Cambiemos sobre la "flagrancia" invocada para actuar, en la cual habrían incurrido los mapuches que cortaban la ruta reclamando la liberación de su lonko, Facundo Jones Huala. Además, anticipa lo que luego sucedió: imágenes exclusivas a las que tuvo acceso PáginaI12 y que están en el expediente evidencian el incendio y el secuestro de las pertenencias de la comunidad. Un sector de los investigadores sostiene que la tal flagrancia en realidad fue la excusa para soslayar los mecanismos de un desalojo de ruta, y lo que hubo fue un procedimiento ilegal donde la fuerza de seguridad que intervino habría incurrido en abuso de autoridad, que derivó en la muerte de Maldonado. En las últimas notificaciones del expediente que investiga el juez federal Gustavo Lleral, Gendarmería está modificando de facto la carátula de la causa, porque responde los oficios encabezando con "NN/averiguación de delito" cuando el caso aún está calificado como desaparición forzada. "Están realizando un cambio unilateral de la carátula con una impunidad absoluta", dijo Verónica Heredia, la abogada de Sergio Maldonado, a Nuestras Voces. El ministerio de Seguridad y los abogados de los gendarmes intentaron varias veces que desaparezca la figura de la desaparición forzada, sobre todo a partir del hallazgo del cuerpo de Santiago, el 17 de agosto, en el río Chubut. Hasta ahora Lleral no hizo lugar a tal pretensión, pero más temprano que tarde podría haber una modificación sobre el tipo penal con el que continuará. Ante esa eventualidad, una fuente del caso planteó que las imágenes que publica PáginaI12, así como otras pruebas ya adjuntadas al caso, podrían sostener una acusación contra los gendarmes implicados por homicidio agravado, como establece el artículo 80 inciso 9 del Código Penal, es decir cuyo nexo causal es un abuso de autoridad de la fuerza de seguridad que intervino. Así sucedió en el caso de Ezequiel Demonty, el joven que se ahogó tras ser obligado por policías a arrojarse al Riachuelo. Tres miembros de la Policía Federal fueron condenados a la máxima pena prevista para tal delito: prisión perpetua. Si acaso fuera éste el escenario posible, las pruebas para confirmar la ilegalidad del procedimiento son evidentes porque no hubo orden judicial de Guido Otranto para el ingreso a la Pu Lof, como tampoco para la destrucción de las casillas de madera y chapa, colchones, juguetes, libros y otras posesiones de la comunidad, que fueron incineradas en una fogata en la cual la familia Maldonado también sospecha pudo estar la mochila de Santiago. De hecho, en las primeras fojas del expediente aparece el acta elaborada por el único imputado del caso, el ascendido alférez Emmanuel Echazú, pero con un vicio que la transforma en carente de valor legal: no lleva la firma de testigo alguno. "La flagrancia implica inmediatez y urgencia, y nada indica que haya sido esa la situación, cuando dicta Otranto la orden de desalojar la ruta el 31 de julio", explicó la fuente. La orden era específica y se cumplió a las 3.30 del 1º de agosto. El jefe de Gabinete de la ministra Patricia Bullrich, Pablo Noceti, le insistió al magistrado para que avanzara invocando que los mapuches estaban cometiendo delitos "in fraganti", y que entonces los gendarmes podían avanzar con sus vehículos sobre esa porción que figura a nombre de Tierras del Sud S.A. propiedad del magnate italiano Luciano Benetton. En la estancia Leleque, de Benetton, permaneció Otranto durante el procedimiento del 5 de agosto cuando apareció bajo un arbusto la boina beige que usaba Santiago, y el perro marcó su rastro hasta el río. Como si tuviera la Gendarmería la potestad de modificar la carátula, en los oficios en que lo hizo solicita le sean devueltos discos rígidos y otros elementos secuestrados durante los allanamientos. Lo mismo hicieron los mapuches, a quienes nadie les devolvió hasta hoy los documentos, carpetas, carteras y demás pertenencias que sobrevivieron a la fogata, y que fueron cargadas en las camionetas, tal como evidencian las fotografías que publica este diario. En diciembre, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó al fiscal Carlos Díaz Mayer que investigue la presunta violación de las convenciones internacionales contra la tortura, en el caso particular del grupo étnico de los mapuches, en un expediente en el cual la APDH recusó a la fiscal Silvina Ávila, por considerar que hay un conflicto de intereses en tanto mantiene a Echazú como querellante en una causa por el corte de la ruta 40, donde el gendarme habría sido herido, y a su vez lo tiene como imputado en la referida a la desaparición forzada de Maldonado. A principios de marzo, Lleral pidió todas las causas referidas a la Pu Lof, y en ese momento la APDH solicitó investigar el contexto represivo previo al 1º de agosto, tal como informó Cadena del Sur. La hipótesis es que Gendarmería buscó generar las condiciones de una "flagrancia" para poder reprimir luego, lo que terminó con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. En el video, luego de anticipar que iban a quemar y romper todo a los mapuches, los gendarmes hablan distendidos sobre el cobro de su sueldo. Al rato, según los audios que constan en la causa se permitirían otras frases que los inculpan, tales como "vamos a darle corchazo para que tengan", "fuego al negro escopeta", "la sargento Sartirana lo tiene en la camioneta", y otras con similar sentido de un ataque premeditado, un claro abuso de su condición de miembros de una fuerza de seguridad.
