La ONU acusó este miércoles al régimen venezolano de aplicar "una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones". El presidente Nicolás Maduro "fue elegido por la gente", afirmó Zeid Ra'ad al Husein ante la prensa en Ginebra, pero "desde entonces, ha habido una erosión de la vida democrática (…) Está apenas viva, si todavía está viva". "El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados", señaló un informe publicado por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh). En el documento, la Acnudh pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que examine la posibilidad de tomar medidas para evitar que se agrave la situación en este ámbito en Venezuela, un país miembro de dicho Consejo. Entre abril y finales de julio, Venezuela vivió una ola de protestas en las que los opositores instaron al presidente Nicolás Maduro a abandonar el poder. Según el Ministerio Público venezolano, 124 personas murieron durante esas manifestaciones entre el 1 de abril y el 31 de julio. Para la Acnudh, 46 de estos fallecidos eran manifestantes que murieron presuntamente a manos de las "fuerzas de seguridad" y 27, manifestantes abatidos supuestamente por los grupos armados progubernamentales conocidos como "colectivos". Las organizaciones de la sociedad civil contabilizaron, por su parte, 157 muertos durante el mismo período, recuerda el texto. "Las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a las protestas se aplicaron a expensas de los derechos y las libertades de los venezolanos", afirmó el Alto Comisionado, Zeid Ra'ad al Hussein. "El derecho a la reunión pacífica fue violado sistemáticamente y los manifestantes y personas identificadas como opositores políticos fueron detenidos en gran número", aseguró. Los redactores del documento aseguran, citando a ONG locales, que más de 5.000 personas fueron detenidas a partir del 1 de abril, de las cuales más de 1.000 permanecían aún encarceladas el 31 de julio. "En el informe se identifican también violaciones graves del debido proceso judicial y patrones de malos tratos, que en algunos casos equivalen a torturas", añadió Husein. La Acnudh comprobó que las autoridades fueron incrementando el uso de la fuerza contra los manifestantes, analizando la información aportada por el personal médico sobre los heridos. Según el organismo, en la primera mitad de abril, "la mayoría de los manifestantes fueron atendidos por intoxicación, causada por gases lacrimógenos", mientras que en julio varias personas fueron tratadas tras recibir heridas de bala. "El gobierno de Venezuela debe velar por que se lleve a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva, de las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad, y de los abusos que se atribuyen a los colectivos armados o a los manifestantes violentos", exigió el Alto Comisionado. (Con información de AFP) El informe del Alto Comisionado Venezuela: Las violaciones de derechos humanos apuntan a una "política de represión" – Informe de la ONU GINEBRA (30 de agosto de 2017) – Múltiples abusos y violaciones de derechos humanos se han cometido en Venezuela en el contexto de las recientes protestas antigubernamentales, y esos hechos apuntan a la "existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones", según las conclusiones de un informe publicado por la Oficina del Acnudh. "El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados", señala el informe. En el documento se pide al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que examine la posibilidad de tomar medidas para prevenir el agravamiento de la situación de derechos humanos en Venezuela, país que en la actualidad es miembro del Consejo. El análisis realizado por la Oficina del Acnudh indica que de las 124 muertes relacionadas con las protestas que se encontraban sujetas a investigación por el Ministerio Público hasta el 31 de julio, 46 fueron presuntamente obra de las fuerzas de seguridad y 27, de los grupos armados progubernamentales conocidos como colectivos. Todavía no se ha podido determinar quiénes fueron los responsables de los otros 51 fallecimientos. Durante el período que abarca el informe, del 1 de abril al 31 de julio, el Ministerio Público inició investigaciones sobre no menos de 1.958 casos de lesiones registrados en el contexto de las manifestaciones. El análisis de las lesiones que figura en el informe indica que el uso excesivo de la fuerza se fue agravando. En la primera mitad de abril, la mayoría de las lesiones se debieron a la inhalación de gas, mientras que en julio el personal sanitario estaba tratando a heridos de armas de fuego. "Las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a las protestas se aplicaron a expensas de los derechos y las libertades de los venezolanos", afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein. "El gobierno de Venezuela debe velar por que se lleve a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva, de las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad y de los abusos que se atribuyen a los colectivos armados o a los manifestantes violentos. Esto comprende la garantía de que las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público durante el período que abarca este informe se prosigan de manera escrupulosa y con notoria imparcialidad", insistió el Alto Comisionado. "El derecho a la reunión pacífica fue violado sistemáticamente, y los manifestantes y personas identificadas como opositores políticos fueron detenidos en gran número. En el informe se identifican también violaciones graves del debido proceso judicial y patrones de malos tratos, que en algunos casos equivalen a torturas", declaró Zeid. Según cálculos fiables de las ONG locales, a partir del 1 de abril más de 5.000 personas fueron detenidas, de las que más de 1.000 permanecían todavía encarceladas el 31 de julio. Al menos 609 civiles arrestados en el contexto de las manifestaciones tuvieron que comparecer ante tribunales militares. En el informe se recomienda al Gobierno que cese la detención arbitraria y el uso de tribunales militares para juzgar a civiles. Grupos medianamente organizados de manifestantes antigubernamentales emplearon medios violentos, recurriendo a armas improvisadas que fueron desde piedras y hondas hasta cócteles Molotov y morteros de fabricación casera, según reza el informe. Se ha informado de que al menos cuatro personas murieron por la acción de grupos o individuos contrarios al gobierno y, según este, nueve miembros de las fuerzas de seguridad habían sido asesinados hasta el 31 de julio. En el informe se recomienda a los partidos de oposición que condenen todo acto de violencia, en particular cuando se trate de acciones perpetradas por grupos de manifestantes violentos. En el informe se documentan ataques contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación realizados por fuerzas de seguridad que, al parecer, se proponían impedir la cobertura informativa de las manifestaciones. "Los manifestantes y periodistas fueron catalogados por las autoridades de alto nivel como enemigos y terroristas –palabras que no ayudaron mucho a atenuar el contexto de violencia y polarización y que, más bien, quizá contribuyeron a agravarlo", afirmó el Alto Comisionado. Aunque reconoció que el número de manifestaciones, arrestos y muertes ha disminuido desde el 1 de agosto hasta el día de hoy, Zeid expresó su preocupación por las medidas tomadas recientemente por las autoridades para criminalizar a dirigentes de la oposición mediante la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. "La Comisión creada recientemente por la Asamblea Constituyente no cumple con los requisitos básicos de transparencia e imparcialidad necesarios para realizar investigaciones independientes y sin motivación política sobre violaciones y abusos de derechos humanos", declaró Zeid. El Alto Comisionado advirtió que, en medio de la continua crisis económica y social del país y el aumento de las tensiones políticas, existe un riesgo elevado de que la situación de Venezuela se deteriore aún más. "Insto al gobierno de Venezuela a que aplique las recomendaciones de este informe y a que use sus conclusiones como guía para aportar verdad y justicia a las víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos. Una vez más pido al gobierno que renuncie a aplicar cualquier medida que pueda incrementar la tensión política en el país y exhorto a todas las partes a que entablen un diálogo sustancial con miras a poner fin a la crisis", dijo Zeid. LEA MÁS: La Asamblea Constituyente venezolana comenzó a perseguir por decreto a los "traidores a la patria" Lilian Tintori denunció que la policía chavista le confiscó dinero destinado para gastos médicos familiares
