El nuevo fiscal para la causa penal que tiene como imputado a Mauricio Macri por el acuerdo con el Correo será Gerardo Pollicita, quien durante los últimos años impulsó casos que dieron satisfacción al actual Gobierno, como las imputaciones contra Cristina Fernández de Kirchner, por la obra pública y el Memorándum con Irán, y a Cristóbal López por la deuda de Oil Combustibles. Pollicita, fanático de Boca Juniors, tiene su propia fiscalía pero ahora también reemplazará a Juan Pedro Zoni, desplazado el viernes por una decisión sorpresiva del procurador interino Eduardo Casal. El apartamiento se produjo justo después de que Zoni entregó un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y pidió medidas para investigar una sucesión de reuniones de 2016 en la Casa Rosada y Olivos con representantes del Correo Argentino, empresa del Grupo Macri, por la época en que se avecinaba el acuerdo en el cual el Estado aceptó condonarle casi el total de su deuda multimillonaria. Uno de los puntos clave de esta investigación apunta a la presunta injerencia del mandatario en un acuerdo que fue considerado “ruinoso” y “abusivo” por la fiscal comercial Gabriela Boquín, teniendo en cuenta que se trata de un negocio propio. Zoni tiene la posibilidad de cuestionar ante el procurador interino la decisión de quitarle la fiscalía federal, y lo hará. También podrá recurrir ante el fuero contencioso administrativo. El argumento de Casal para sacarlo de Comodoro Py fue que estaba allí por una designación por traslado, ya que Zoni en rigor había concursado para una fiscalía federal en Santiago del Estero, que nunca fue habilitada. El procurador sostuvo que no puede haber un traslado desde una fiscalía inexistente. En los tribunales de Retiro, nadie cree que la decisión se deba a un ataque de rigor jurídico del actual jefe interino de los fiscales. Y después del desplazamiento ocurrió algo curioso: al menos tres fiscales federales levantaron la mano para hacer saber que tenían interés en subrogar, lo que les da un plus salarial más que interesante y el poder que implica instruir causas sensibles. Uno de ellos era Pollicita, quien cultivó cierta cercanía con Macri cuando integró la comisión asesora en seguridad deportiva de Boca en 2007, por la que también pasaron otros fiscales como Stornelli y Raúl Pleé -con quien Pollicita trabajó en la provincia de Buenos Aires- y también Ariel Lijo, el juez cargo de la causa del Correo, quien no está en su mejor momento de relación con el Gobierno, que lo presiona a través del Consejo de la Magistratura. Así las cosas, Casal parece apurado y no esperó una resolución sobre la situación de Zoni: designó a Pollicita a partir del lunes próximo y por cuatro meses. Este fiscal fue ferviente impulsor en los últimos años de causas contra Cristina Fernández de Kirchner: una es la de la obra pública en Santa Cruz, otra conocida como Hotesur (donde se investigan los fondos de la actividad hotelera de la familia Kirchner) y recientemente pidió indagar a la ex presidenta por la contratación de habitaciones del Hotel Alto Calafate a Aerolíneas Argentinas. Pero, además, Pollicita fue uno de los impulsores de la continuidad de la denuncia que hizo Alberto Nisman contra CFK y Héctor Timerman por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, y que terminó llevando a Carlos Zannini a prisión, igual que a Luis D’ Elía, Fernando Esteche y Jorge Kahlil. Son todas causas que fueron celebradas por el oficialismo. Zoni impulsó la causa por el acuerdo del Correo apenas su colega Boquín denunció en el fuero comercial que el Estado había aceptado a mitad de 2016 un convenio que implicaba la condonación de casi la totalidad de la deuda de la empresa, que asciende a unos 4000 millones de pesos. Fue tan grande el escándalo que el Gobierno tuvo que desistir de lo que había firmado. Pero desde entonces, tanto la empresa como el Estado volvieron a implementar artilugios múltiples que hicieron que hasta hoy siga sin existir acuerdo homologado. El concurso data de 2001 y tampoco se decretó la quiebra, lo que arrastraría a sus controlantes, que son las empresas del Grupo Macri Socma y Sideco. Zoni imputó en un comienzo al Presidente Macri, a quien era ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad y al ex director de asuntos jurídicos de esa cartera, Juan Mocoroa que fue quien firmó el acuerdo con la empresa postal y que dijo que seguía “instrucciones” del Ejecutivo. Más adelante amplió imputaciones, cuando Boquín denunció maniobras de vaciamiento en medio de las negociaciones para el acuerdo por las cuales se habrían beneficiado con retiros de dinero Socma y Sideco. Esto implicó una nueva pata en la investigación, que apunta a determinar si hubo fraude en el concurso, en la que surgieron nuevos imputados, como la jueza del concurso, Marta Cirulli, que habilitó retiros de dinero. Antes de Semana Santa, Zoni pidió una nueva tanda de medidas de prueba. Una buena cantidad estaba vinculada con la parte de la investigación que apunta a determinar si hubo negociaciones incompatibles. Tenía en su poder un informe de la PIA, dependencia que conduce el fiscal Sergio Rodríguez, que enumeraba una serie de reuniones, diez al menos, entre funcionarios y directivos del Correo, que figurarían en los registros de audiencias. Una era de marzo de 2016, cuando el secretario de Tecnología de las Comunicaciones, Héctor Huici, habría recibido a Jaime Cibils Robirosa, apoderado del Correo, vinculado con los Macri. En una reunión posterior, con el mismo apoderado se agregó Mocoroa, quien encararía en persona el acuerdo. En dos reuniones en agosto y diciembre habría estado el propio presidente Macri, quien reunió otra vez a los funcionarios afectados al tema después que estallara el escándalo. En el juzgado aseguran que ya ordenaron varias medidas para dilucidar contactos entre el Gobierno y el Correo, incluso entrecruzamientos telefónicos. Ahora habrá que ver qué ímpetu le pone al caso Pollicita.
