Política

La última jugada de la jueza Burú Burú Budía

El lunes el sindicalista de la CGT Carlos Acuña presentó el pedido de intervención y ayer Servini lo firmó en un fallo llamativo, sin dar vista a las partes. Gioja, presidente del PJ, anunció que hoy apelará y reunirá al consejo nacional.

En un fallo sorpresivo y poco consistente, la jueza con competencia electoral María Servini de Cubría decidió la intervención del Partido Justicialista y nombró a cargo de la intervención al inefable dirigente de los gastronómicos, Luis Barrionuevo. Por la tarde, Barrionuevo intentó tomar posesión de la sede del PJ de Matheu, pero se encontró con la resistencia de su titular, el sanjuanino José Luis Gioja, quien le avisó que no le dejaría su silla hasta que la sentencia estuviera firme. “Se encerró en una oficina, no quiere hablar y dice que van a apelar. Yo asumí la intervención y por eso vamos a pedir su desalojo”, se quejó Barrionuevo, quien se dirigió a la comisaría sexta. Efectivos de la policía comenzaron a rodear luego la sede partidaria y en la puerta se vivieron forcejeos y momentos de tensión. “Hay una clara intención del gobierno nacional en la intervención del principal partido opositor”, sostuvo Gioja, rodeado de legisladores y dirigentes nacionales que le fueron a transmitir su solidaridad. Anticipó que los apoderados del PJ presentarán la apelación en Tribunales hoy a primera hora pero anoche, el juez federal de turno, Marcelo Martínez de Giorgi, firmó el allanamiento de la sede. Sin embargo, según los rumores que circulaban ayer en Tribunales, la Cámara Electoral se inclinaría por revocar la decisión de Servini. Todo parece extraído de otra época. Servini de Cubría y Barrionuevo fueron dos personajes prominentes durante el menemismo. La jueza federal –quien tiene 81 años y viene resistiendo las presiones para jubilarse– es desde hace casi tres décadas quien decide en materia electoral en el ámbito nacional, con varios fallos polémicos en su haber, pero ayer pasó una raya. En este caso se trató de una presentación cautelar que hizo el lunes el triunviro de la CGT, Carlos Acuña, mano derecha de Barrionuevo. Ella resolvió en horas y sin dar vista ni al fiscal ni a las partes, como si hubiera alguna urgencia de por medio. Desde hace tiempo que el gastronómico no talla en los asuntos del peronismo. Luego de haber sido uno de los principales aliados del presidente Macri dentro del sindicalismo, Barrionuevo se mostró en enero pasado junto a Moyano en la tribuna de los enojados con el Gobierno, pero le duró poco. Ahora aparentemente opera para el peronismo “dialoguista”. Acuña fue uno de los que clausuró el proceso de renovación en la CGT en la reunión de la semana pasada (ver página 8). En tanto que la esposa de Barrionuevo, la jefa del bloque de diputados del massismo, Graciela Camaño, fue una de las escasas figuras que el senador Miguel Angel Pichetto pudo exhibir en el encuentro del peronismo que armó la semana pasada en Gualeguaychú. Entre los dirigentes que acompañaban ayer a Gioja –aunque también hablaban del gobierno nacional y del ex presidente Eduardo Duhalde como instigadores–, acusaban a este sector que se reunió el viernes pasado en Entre Ríos como los responsables directos del fallo de Servini. Desde este grupo no respondían a las acusaciones, pero sí consideraban que el peronismo no tenía conducción y que desde su cargo Gioja se limitaba a acatar las directivas del kirchnerismo. Tan sorpresivo fue todo que Gioja se enteró de la intervención por el llamado de una radio. “Es una mala noticia, nos enteramos por ustedes. Me llama la atención, es la judicialización de la política. No tenía idea de que había una acción”, respondió a la consulta de La Red. El sanjuanino preside el PJ desde mayo de 2016 y tiene su mandato vigente, lo mismo que los distintos órganos partidarios. En su entorno destacaban como uno de los varios datos insólitos de la resolución que el denunciante Acuña integra el consejo partidario, es decir, también forma parte de la conducción intervenida. La resolución de Servini tiene 12 páginas y varios párrafos que merecen destacarse. Acuña hizo la presentación junto a los sindicalistas Oscar Rojas y Horacio Valdez, donde hablan de la supuesta “acefalía” del peronismo que estaría conducido por “hermanos de frustrados candidatos”, “dirigentes sin mandato político que perdieron por paliza en las elecciones nacionales” y “ex funcionarios que solo podían ejercer alguna función a la sobra de la ex presidente y que en la actualidad nadie reconoce”. En definitiva, para Acuña y compañía se trata de “impresentables”, y reclaman la intervención sumando elementos como que “no se respeta la democracia interna” y que el justicialismo perdió las elecciones de 2015 y 2017. En su desarrollo de los argumentos, la jueza se interna en vericuetos partidarios que exceden largamente sus atribuciones. “Los adversos resultados electorales obtenidos en los dos últimos procesos electorales han profundizado la división interna que venía gestándose con antelación”, escribió Servini. Su principal argumento pasa por el hecho de que quienes ejercían autoridades partidarias participaron de armados electorales que enfrentaron a quienes llevaban la boleta oficial del Partido Justicialista, algo que ocurrió sólo en la provincia de Buenos Aires con Unidad Ciudadana. “La historia del peronismo se encuentra plagada tanto de lealtades como de traiciones y las heridas que dejan las luchas intestinas provocan una sangría difícil de curar. Por ello es necesario recordar lo manifestado por el general Juan Domingo Perón al expresar que ‘El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha’”, es la extraña cita a la que acude la jueza para inmediatamente concluir que: “En consecuencia, resulta razonable acoger la solicitud de intervención judicial”. Servini no da ninguna explicación de porqué designa justamente a Barrionuevo –jefe político del denunciante Acuña– como interventor, a quien obliga a presentar informes mensuales de su labor y le adelanta que en su gestión estará acompañado por una comisión de tres asesores que también nombrará ella. Una vez notificado, Gioja se trasladó hasta la sede del PJ. Algunos legisladores nacionales que se encontraban en el Congreso participando del debate por el aborto se corrieron hasta allí para acompañarlo, como los diputados Cristina Alvarez Rodríguez, Guillermo Carmona, Daniel Filmus y Luis Basterra. También llegaron más tarde dirigentes bonaerenses como el titular del PJ provincial e intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y el intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini. “El fallo es de naturaleza extra-legal. Es un golpe judicial contra el sistema de partidos”, sostuvo Carmona, uno de los que salió a hablar. Las bancadas del FpV-PJ y el Bloque Justicialista expresaron su repudio a la medida. Resolución en mano, Barrionuevo llegó hasta allí junto a Acuña, su abogado y algunos de sus fornidos muchachos, que se quedaron en la entrada. Lo recibió Gioja y tuvieron un diálogo tenso de diez minutos. El gastronómico se fue a la comisaría para hacer el pedido de desalojo y acusó a Gioja de atrincherarse. Durante horas hubo un fuerte cordón policial en la entrada de la sede y se produjeron algunos forcejeos. Por la noche, el juez Martínez de Giorgi firmó el desalojo del lugar. Igual, minutos antes Gioja había salido a explicar que no estaba “atrincherado” y que se iría a su casa. Para hoy está convocada una reunión del Consejo Nacional partidario para tratar la situación. Si no había impedimentos se realizaría en la sede de Matheu, pero si la justicia no lo permitía iban a tener que buscar otro sitio.

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