Política

Procesaron a Ricardo Echegaray por contrabando agravado y le prohíben salir del país

El juez penal económico Diego Amarante procesó al ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray por contraband

El juez penal económico Diego Amarante procesó al ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray por contrabando agravado, por haberle dado una franquicia impositiva a un funcionario de Taiwán para que ingresara al país un auto de alta gama. El Mercedes-Benz E 350 de Chun Teh Hsieh entró al país libre de impuestos en 2007, cuando Echegaray era director general de Aduanas. De acuerdo con el juez, Chun Teh Hsieh -a quien también procesó- recibió un tratamiento aduanero y fiscal más favorable al que le correspondía porque accedió a un "régimen especial" que no era aplicable a su categoría de funcionario internacional. Es que, según el juzgado, "la Argentina no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán". Chun Teh Hsieh era integrante de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei en la Argentina. La acusación contra Echegaray se basa además en que el trámite autorizado por él habría eludido la intervención de la Dirección Nacional de Ceremonial de la Cancillería, que es la autoridad de aplicación del régimen establecido por el decreto 25/70 y sus normas modificatorias. Según el juez, todo el trámite fue irregular. Lo concedió quien no tenía potestades para otorgarlo, en contra del organismo que debió haber intervenido, fue acordado en favor de quien no podía recibirlo y además fue más amplio del que le hubiere correspondido incluso a los diplomáticos que sí podían recibirlo. El juez sostuvo que no correspondía detener a Echegaray basado en tres argumentos: la "baja entidad" del episodio, el tiempo transcurrido y la falta de un ánimo de lucro detrás de la decisión de Echegaray. Dispuso, no obstante, una serie de medidas para asegurar que no fuera a fugarse: lo obligó a que se presente en el juzgado dos veces por mes y le prohibió salir del país y ausentarse de su domicilio por períodos de más de 72 días sin aviso previo. Además, le fijó una caución real de un millón de pesos.

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