El fiscal Jorge Di Lello imputó a la diputada Graciela Ocaña por presunto enriquecimiento ilícito. Di Lello solicitó medidas relacionadas con el patrimonio de la legisladora en el marco de una denuncia del titular de la ONG La Alameda, Gustavo Vera. En un dictamen, el fiscal pidió al juez Julián Ercolini que se ponga en marcha el protocolo de investigación para los casos de enriquecimiento ilícito, con pedidos de informes a distintos organismos para conocer la situación patrimonial y financiera de Ocaña. Una de las acusaciones de Vera es que la diputada declaró ser propietaria de una parcela de mil metros cuadrados en el barrio privado Terravista en General Rodríguez, valuada en 900 mil pesos cuando poseería allí , según la denuncia, "una mansión valuada en casi un millón de dólares". Dijo además el denunciante que Ocaña pasó de declarar 1.523.321,70 pesos a 4.052.874,46 en un año. “Es llamativo tal brutal incremento siendo que Graciela Ocaña, de 58 años, los últimos casi veinte años el único trabajo que tuvo es en el Estado", había dicho Vera.
