El juez federal Daniel Rafecas procesó hoy al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Energía Daniel Cameron, y a los ex subsecretarios de Energía Eléctrica y de Combustibles, Bautista Marcheschi y Cristián Alberto Folgar, en la causa en la que se investigan irregularidades en el "Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008", una megaobra que alcanzó a la totalidad de los gasoductos que atraviesan el país, presupuestada inicialmente en más de 2.300 millones de dólares y que estuvo a cargo exclusivo de Odebrecht. Los ex funcionarios fueron procesados por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que prevé penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua. En cambio, le dictó la falta de mérito a dos directivos de la firma Cammesa: Luis Breulet y Julio Bragulat. En una resolución de más de 300 páginas, el juez sostuvo que los ex funcionarios realizaron una serie de actos tendientes a favorecer a la constructora para que esta resultara adjudicataria de los contratos para la construcción de la obra denominada "Ampliación Gasoductos TGS y TGN –obras 2006/2008–", contratos que debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y que en cambio fueron acordados bajo el condicionamiento establecido a través de las acciones singulares y conjuntas de los funcionarios de esa cartera ministerial. En concreto, se dio por probado que el ex ministro De Vido creó el marco normativo necesario para que, desde la Secretaría de Energía, en negociación con Odebrecht, se procediera al llamado a una "licitación privada" que en lugar de hacerse a través de las empresas privadas licenciatarias TGN y TGS, como se hiciera hasta ese momento, se realizó a través de la empresa de firma mixta Cammesa, que le adjudicó el negocio a Odebrecht. Sobre la responsabilidad del ex ministro De Vido, el fallo destaca que "no pudo carecer de conocimiento -cuanto menos, de los trazos más gruesos-, respecto del modo y la vía por la que la Constructora Norberto Odebrecht ingresó al desarrollo de las obras de infraestructura sobre las cuales, por cierto, el Ministro tenía especiales responsabilidades en función de las misiones que le fueran encomendadas a su ministerio en virtud del ya mencionado decreto PEN n° 180/04″. La maniobra habría comenzado en noviembre de 2005, con una nota presentada por la constructora ante la Secretaría de Energía. Las irregularidades incluyen la modificación de las bases del llamado a licitación y la presentación de otras dos empresas (Camargo Correa y Roggio) para darle apariencia de legalidad. Un año después, en diciembre de 2006, se concretó el desembarco de Odebrecht.
