La inundación de la ciudad de La Plata del 2 de abril de 2013 y sus infaustas consecuencias no pueden, ni deben, adjudicarse únicamente a la fatalidad o a la naturaleza. Responden, más bien, a un entramado que combina los efectos de una precipitación extraordinaria con el resultado de una serie de decisiones que, a lo largo de la historia de la capital de la provincia de Buenos Aires, han marcado su desarrollo urbano, social y productivo desde la época misma de la gesta fundacional. Concebida en 1882 como salida para superar largos años de encarnizados enfrentamientos en procura de una definitiva integración del Estado nacional, La Plata fue asentada en un territorio de llanura deprimida surcada por varios cursos de agua. El contexto político y las alternativas que determinaron el sitio para su efectiva localización, así como las características geomorfológicas de la región en la que su armoniosa singularidad fue implantada, definieron, en conjunto, factores que, ya desde aquel tiempo, le asignaron un alto grado de vulnerabilidad frente a episodios hidrometeorológicos. Así, la capital de la provincia de Buenos Aires, considerada en el mundo de la arquitectura como una obra maestra del pensamiento racional-positivista y expresión de un ambientalismo de avanzada para su tiempo, premiada en la Exposición Universal de París en 1889 como modelo urbano del futuro, fue, desde siempre, una ciudad inundable. Los que pergeñaron la magnificencia de su traza, ubicada lo más cerca posible del puerto de la Ensenada, sobre el albardón que constituye geológicamente la primera línea continental, solo vislumbraron como amenaza hídrica el desborde de ese ancho "mar dulce", como llamó el conquistador Juan Díaz de Solís al Río de La Plata. Lo cierto es que a su emplazamiento en medio de un valle de inundación se fueron sumando los desajustes propios del apuro que tiñó su concreción; la precaria conformación del diseño de un sistema de desagües que se moldeó post-fundación y sin alcance regional; el derrotero de un crecimiento demográfico y, sobre todo, edilicio que a mediados del siglo xx se volvió incontrolado; además de los inocultables déficits en cuanto a la adopción de medidas vinculadas a un manejo acertado de los excedentes hídricos. El particular proceso de evolución que describió la ciudad, signada por los desaciertos de sucesivas gestiones y condicionada por una constante inestabilidad institucional, vino a agravar el nivel de riesgo ante las amenazas de un ambiente que, en los últimos tiempos, se presenta en ostensible transformación y en el que se distingue un incremento sostenido en la intensidad de las tormentas. Arquitectos y urbanistas han señalado las consecuencias de los desacoples sufridos a lo largo del tiempo en el proyecto de La Plata. De esos trabajos surge, con claridad, que no se trata de alteraciones que afectan tan solo la dimensión estética, sino que han operado sobre la funcionalidad básica de la ciudad pensada con parámetros de higiene y sanitarismo que fueron subvertidos. Resulta llamativo, sin embargo, que en los estudios realizados, la mayoría producidos al celebrarse el cincuentenario y el centenario de la ciudad, se haya excluido la mención de sus problemas hídricos. Esta omisión refleja –y de algún modo explica– la falta de visión sobre la gravedad del asunto y, consecuentemente, de búsquedas de respuestas para el mismo. El temporal que asoló la ciudad de las diagonales en el otoño de 2013 generó una de las mayores tragedias provocadas por la lluvia en la historia argentina y terminó por dejar expuestas, de un modo dramático y definitivo, sus debilidades para enfrentar fenómenos pluviales extremos, que fueran advertidas en detalle, desde hace tres décadas como mínimo, por los expertos en la materia de la Universidad Nacional de La Plata. A la catástrofe platense se le asemeja –por su gravedad y la multiplicidad de daños– la registrada en Santa Fe, el 29 de abril de 2003, cuando el desborde del río Salado afectó a un tercio de la población con el luctuoso saldo del fallecimiento de 23 personas, según las cifras reconocidas oficialmente, aunque distintas organizaciones no gubernamentales denuncian la existencia de un número varias veces superior de muertos, a lo que hay que sumar pérdidas económicas multimillonarias. Es oportuno recordar que hasta entonces las principales tragedias por inundación que registraba la provincia de Buenos Aires habían ocurrido en Tandil, cuando el 27 de noviembre de 1951 una intensa lluvia con granizo provocó el desborde de varios arroyos y causó doce muertes, y en Olavarría, donde más de cinco mil personas tuvieron que ser evacuadas el 27 de abril de 1980 y el desastre hídrico provocó 27 decesos. Los desastres naturales que se convierten en tragedias urbanas, como ocurrió en la capital bonaerense, siempre están asociados a una determinable construcción social del riesgo, que viene a agravar sus efectos. (…) La inundación de La Plata es un ejemplo paradigmático y, tristemente, una catástrofe anunciada. Según el sistema de medición de precipitaciones pluviales del Departamento de Sismología e Información Meteorológica, dependiente del Observatorio de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica de la Universidad Nacional de La Plata, entre la madrugada del martes 2 de abril y la mañana del día siguiente se acumularon 392, 3 milímetros de agua de lluvia –solo en tres horas, entre las 16 y las 19, cayeron 302, 2 milímetros–; marca que significó un triste récord en la historia de las tormentas desatadas hasta ese momento en la zona. Diversos informes y estimaciones sirvieron para establecer la magnitud del desastre platense. Después de casi un año de idas y vueltas generadas por el intento de clausurar el conteo de víctimas fatales por parte de las autoridades y en medio de una áspera disputa de competencia judicial, el magistrado del fuero en lo Contencioso Administrativo, Luis Federico Arias, determinó que la inundación había dejado como saldo 89 muertos; también detectó severas irregularidades en la operatoria de la morgue así como en la nómina de defunciones inscriptas en el Registro Provincial de las Personas. No obstante, el número de fallecidos sigue siendo cuestionado desde diversas organizaciones civiles, entre ellas las que agrupan los familiares de las víctimas, desde donde se sospecha de la existencia de un plan de ocultamiento sobre la verdadera dimensión del infortunio. Un primer documento difundido por la municipalidad local dio cuenta de que el temporal había damnificado en forma directa o indirecta a más del 80% de la población –unos 380.000 habitantes– y que el 95 % de los edificios afectados fueron casas particulares. Poco más de un tercio del total de la ciudad permaneció durante unas doce horas bajo las aguas sin contar con una asistencia efectiva por parte del Estado. El fenómeno climático y sus consecuencias afectaron zonas densamente pobladas, tanto en la periferia como en el casco urbano, así como edificios de importancia estratégica como hospitales, comisarías y otras dependencias del Estado, entre las que debe destacarse las propias oficinas de Control Urbano en donde debía funcionar el comité de crisis encargado de organizar las tareas de mitigación durante la emergencia. Un trabajo encomendado a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación reveló que, al menos en varios puntos del tejido urbano, el nivel del agua había superado los dos metros de altura dentro de las viviendas. El informe, realizado por el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería, cuestionó la falta de una "planificación integrada" para afrontar semejante tormenta y recordó que "la región de La Plata tenía advertencias sobre su situación de riesgo de inundación latente", en relación a graves precedentes acaecidos en 2002 y 2008 y, finalmente, señaló el déficit de las acciones de mitigación desplegadas, a las que calificó como "tardías, caóticas e insuficientes". Se consignaron tres graves deficiencias: falta de información a la ciudadanía, inexistencia de un alerta meteorológico por tormentas severas y descoordinación e insuficiencia en las acciones de mitigación. Al momento de producirse la inundación, podía verificarse en la región de Gran La Plata una crítica problemática de saturación urbana con zonas de asentamiento emplazadas en los valles de inundación sobre los cauces de los arroyos, así como una multiplicación de la densidad poblacional como resultado de la liberalización del código de ordenamiento territorial que promovió un proceso de voraz especulación inmobiliaria, permitiendo mayores espacios para la edificación en altura que terminó por sobrecargar los dispositivos de drenaje y limitó áreas de absorción y, al mismo tiempo, habilitó diversas rezonificaciones en la periferia con el único objetivo de lucro y sin medir las consecuencias. Si se combinan esas variables con la causa madre de las recurrentes inundaciones en la ciudad, que radica en su emplazamiento sobre terrenos deprimidos atravesados por arroyos, y se advierte sobre la falta de acciones preventivas, correctivas y de remediación durante la emergencia como resultado de la carencia de un plan de gestión integral del riesgo de inundaciones puede hallarse el sendero que conduce a las razones trascendentes que explican los alcances de la catástrofe, sobre todo, en lo referente a la pérdida de vidas humanas.
