El 26 de marzo el juez Julián Ercolini firmó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil sobre Cristóbal López, Fabián De Sousa, ocho empresas del Grupo Indalo y también, sobre Ricardo Echegaray, el ex titular de la AFIP. La medida había sido solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación donde se investigó la maniobra con la que el empresario K, durante el último gobierno de Cristina Kirchner, no pagó $ 8.000 millones al fisco correspondientes al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). Comenzó así, el trabajo para determinar la evolución patrimonial de los acusados y afectar sus bienes al millonario embargo dictado. La Justicia determinará cuál es el patrimonio del empresario kirchnerista que logró pasar de una docena de empresas en 2003, a 170 finalizada la gestión de Cristina Kirchner. Tal como informó Clarín, una valuación parcial de los bienes de López arrojó un valor de $ 3.321 millones. Pero es sólo parte de su fortuna compuesta de casas, campos, barcos, aviones privados, vehículos de alta gama, departamentos, entre otros bienes registrables. El juez Ercolini quiere saber a cuánto asciende el patrimonio de cada uno y para que afronten la deuda generada con el fisco, algo que ya había mencionado Clarín. El fiscal Gerardo Pollicita requirió en dos oportunidades el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de Cristóbal López y de las empresas Inversora M&S, Oil M&S, CPC SA, Ganadera Santa Elena SRL, La Proveedora de la Construcción SRL, South Media Investiment SA, Telepiú SA e Indalo Inversiones SA. La medida alcanza a Fabián De Sousa socio del empresario K y dueño del 30% del holding. Ercolini tomó la decisión de darle curso al pedido del fiscal luego de que la Sala I de la Cámara Federal porteña, en un polémico fallo, dijera que López, De Sousa y Ricardo Echegaray no cometieron una defraudación al Estado -como había determinado Ercolini- sino una evasión simple. Cuando los procesó, el juez les había trabado un embargo de $ 17.000 millones a cada uno. La cifra se desprendió de un informe de la AFIP, durante la gestión de Alberto Abad, que contabilizó la deuda actualizada de Oil Combustibles SA con el fisco. Sin embargo, los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah consideraron que el delito cometido era más bien una retención indebida de tributo, que se subsana con el pago de la deuda. En esta misma línea, se modificó la medida cautelar dictada y el embargo se redujo a $ 8.945 millones para cada uno de los tres procesados. Ante este escenario, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, el juez Ercolini hace una semana ordenó el levantamiento fiscal, bancario y bursátil de los acusados y de un conjunto de empresas vinculadas a la maniobra investigada. Con la decisión, el magistrado avanza hacia la determinación del patrimonio del empresario K, su socio y el ex titular de la AFIP durante el gobierno anterior. A su vez, podrá determinar la evolución patrimonial de los implicados y de las ocho sociedades alcanzadas por la orden del levantamiento fiscal, bancario y bursátil. Ercolini remitió los respectivos oficios a los organismos del Estado tras la firma de la medida el 26 de marzo. La Justicia tal como advirtió en su escrito Pollicita, busca evitar "una posible dilapidación" de bienes que "conspire contra el eventual decomiso de los bienes producto del delito". La próxima instancia, después del análisis correspondientes de la información bancaria y financiera, será la afectación de una serie de bienes al embargo trabado por la justicia. “Antes la Cámara de Casación deberá definir si el embargo queda en $ 8.900 millones o si se hace lugar a la apelación de la AFIP que insiste en los $ 17.000 millones”, explicaron fuentes de la causa a este medio. Entre los bienes que están bajo observación y que podrán ser afectados al embargo millonario, se encuentran 70 inmuebles, 1.266 automóviles (propiedades de las empresas), motovehículos y maquinarias, 4 embarcaciones, 5 aeronaves, todo del empresario K y en una porción minoritaria de De Sousa. Respecto a Ricardo Echegaray, el fiscal Pollicita pidió identificar bienes y demás activos que registre el ex Administrador de la AFIP, para hacer efectivo el embargo dictado.
