Cuando el presidente Mauricio Macri le quitó el control de las escuchas telefónicas a la Procuración y se lo pasó a la Corte Suprema que capitanea Ricardo Lorenzetti, en realidad los espías volvieron controlar las conversaciones privadas de los argentinos. Un escandaloso convenio firmado entre la Corte y la Agencia Federal de Inteligencia al que accedió Nuestras Voces revela que los espías siguen teniendo el control operativo de las escuchas, lo que le permite al Poder Ejecutivo acceder al contenido de las conversaciones intervenidas y facilita la filtración de escuchas de los enemigos políticos del Gobierno. El oscuro rol de Martín Doctrina Irurzun. La oficina de escuchas que maneja la Corte Suprema firmó un convenio con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que sentó las bases para el regreso de los servicios de inteligencia al (des)control de las escuchas judiciales y habilitó específicamente el accionar de la casa de los espías en escuchas directas como las que hicieron sobre CFK y Oscar Parrilli. Este es el telón de fondo que tanto la Corte como el Gobierno ocultan a la hora de echarse culpas sobre las filtraciones teledirigidas de escuchas de opositores a los medios y voceros oficialistas. Nuestras Voces accedió a este convenio firmado el 11 de julio de 2016, a pocos meses de que la Corte se hiciera cargo de las escuchas telefónicas. Un pase de manos que, vale recordar, fue ordenado por Mauricio Macri. El convenio tiene 18 puntos. El décimo sexto es clave para comprender la operación en la que escucharon y luego filtraron las conversaciones de CFK y Parrilli. Según consta en el informe sobre estas filtraciones que elaboró el juez Martín Doctrina Irurzun, puesto a dedo de forma irregular por la Corte al frente de la dirección de escuchas, el pinchazo al celular de Parrilli lo realizó en forma directa personal de la AFI. Hasta la gestión Lorenzetti de las escuchas, la AFI no podía realizar escuchas de forma directa en una causa como esta. De hecho, el artículo 18 de la Ley de Inteligencia establece que si la AFI tiene que hacer una escucha debe pedir autorización al juez. Aquí sucedió lo contrario: fue el juez Ariel Lijo el que requirió, según el informe de Irurzun, que las escuchas las hiciera la AFI. El convenio entre la oficina de la Corte y Arribas lo permitió. “La Dirección se compromete a arbitrar los medios para permitir a la AFI realizar escuchas directas autorizadas judicialmente (…) requeridas judicialmente en causas de su competencia”, dice el convenio. Convenio AFI by nuestrasvocesok on Scribd Lo que no explican, sin embargo, son varias cosas. El juez Lijo ordenó las escuchas directas en una causa vinculada al narco Ibar Pérez Corradi cuando éste ya estaba detenido. Ergo, no había ninguna urgencia para escuchas a Parrilli online. Pero, lo que es más grave, había menos justificación aún en otorgarle la tarea a la AFI, algo que pidió Lijo y que autorizaron Irurzun y sus compinches. La deducción es clara. La AFI, sucesora de la SIDE, depende directo de Macri. Por ende, la escucha directa a CFK y Parrilli quedó bajo el control de una dependencia del Poder Ejecutivo. Este medio confrontó el convenio con la fiscal Cristina Caamaño, un ex funcionario de la AFI y una integrante de una organización que monitorea el rol de los servicios de inteligencia. Todos coincidieron en que se trata de una restauración del poder de la vieja SIDE por sobre las escuchas telefónicas. Estos materiales son la moneda de cambio en las relaciones promiscuas entre servicios de inteligencia, sectores judiciales y los medios hegemónicos. “Este documento vuelve a la promiscuidad que se intentó derogar cuando le sacaron las escuchas a la AFI”, afirma la fiscal Cristina Caamaño, que estuvo a cargo de las escuchas telefónicas durante el breve período que estuvieron bajo la órbita de la Procuración General de la Nación que conducía Alejandra Gils Carbó. A diferencia de la actualidad, durante la gestión de Caamaño no se registraron filtraciones de escuchas a medios. Con la decisión de Macri de entregarle las escuchas a la Corte y el retorno a las oficinas de avenida de Los Incas 3834 de personal de la casa de los espías las cosas cambiaron. La consecuencia es que las filtraciones llegaron a magnitudes que no sólo contrastan con la gestión de Caamaño. Aún en la oscura historia de la Dirección de Observaciones Judiciales que manejaba la SIDE, más conocida como la “OJOTA”, no se recuerdan casos de filtraciones a medios oficialistas de conversaciones de opositores políticos y, menos aún, de una ex presidenta. “Es una restauración del poder de la AFI que el Ministerio Público Fiscal trató de limitar”, resume Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, organización que integra la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI). Uno de los puntos centrales del convenio entre la oficina de la Corte y la casa de los espías es acorde a una de las muletillas del merchandising de Cambiemos: el trabajo en equipo. Este es uno de los ejes centrales del convenio que firmaron el juez Doctrina Irurzun y el amigo presidencial Arribas. Así quedó establecido en el primer punto del convenio: “Las partes convienen mantener el personal de la AFI”. Mientras durante la gestión de la fiscal Caamaño se buscaba desprenderse del personal de inteligencia a medida que se capacitaba a nuevos miembros de la DICOM, la Corte directamente los mantiene adentro. El detalle, que también funcionaba durante la etapa anterior, es que los agentes de inteligencia que siguen en esta oficina cobran su sueldo de la AFI y los rigen las leyes que regulan al personal de inteligencia. La pertenencia, por ende, es clara. El punto cuarto refuerza la presencia de la AFI en la oficina de la Corte. “La AFI se compromete a prestar soporte técnico, funcional y operativo a la ‘Solución Informática’ con el que opera la Dirección, hasta tanto el personal técnico del Poder Judicial de la Nación pueda hacerlo de forma autónoma”, convienen. Consultada sobre este punto, al fiscal Caamaño afirmó que, en su gestión, ya se había logrado esa autonomía con nuevo personal de la Procuración General de la Nación. El acuerdo actual indica el retorno de agentes de inteligencia al área. El punto sexto vuelve a reforzar la “asistencia” de la AFI en cuestiones operativas de la oficina de escuchas pese a que en la gestión anterior ya no participaban. El convenio está orientado al trabajo conjunto. Establece, por ejemplo, que la Dirección le enviará información estadística a la AFI, algo que no sucedía antes. La fiscal Caamaño sostiene: “Nunca nos comprometimos a trabajar juntos, al contrario”. Uno de los puntos críticos es el décimo quinto, donde “las partes se comprometen a evaluar la conveniencia y factibilidad técnica de la adquisición de un software a través del cual puedan generarse parámetros de alerta y de búsqueda en el marco de las captaciones de telecomunicaciones que son ejecutadas en la órbita de la Dirección, y que permitan, previa autorización judicial, dar aviso a la Agencia en caso de detectarse parámetros que pudieran encontrarse vinculados a sus funciones”. Traducido, los jueces hacen las escuchas y se las pasan a los espías cuando les parece que son de su interés. Pero el punto sigue, y plantea que van a evaluar al compra de equipos para “ampliar la capacidad operativa de la Dirección y hacerla extensiva a nuevas tecnologías de comunicaciones”. Es decir, equipos para interceptar no sólo las llamadas telefónicas sino todo lo que pase por un celular. Designación a dedo de sus autoridades, ampliación de sus funciones mucho más allá de las escuchas, aumento de personal y duplicación del presupuesto, convenios para acceder a las bases de datos del Estado y controles nulos son algunas de las principales características que, como reveló Nuestras Voces en diciembre pasado, hacen de la oficina de escuchas una SIDE paralela bajo el ala de Lorenzetti y sus huestes. El convenio firmado entre la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial y la AFI muestra las complicidades en el armado de esta estructura de inteligencia cuyas lealtades, ahora, parecen quebradas. El convenio tiene cuatro firmas. Por la AFI figura Arribas, su director general. Por la dirección de escuchas telefónicas de la Corte lo hacen los jueces Irurzun y Javier Leal de Ibarra y el secretario letrado Juan Tomás Rodriguez Ponte. Tal como informó Nuestras Voces, Irurzun y Leal de Ibarra fueron nombrados a dedo por Lorenzetti, quien informó de un sorteo para designarlos, del cuál no existen pruebas. Macri no quedó afuera de esta irregularidad. El nombramiento era por un año pero decidió extenederlo a tres vía decreto. El caso de Rodriguez Ponte da cuenta de la influencia del juez Ariel Lijo en el asunto, ya que se trata de su ex secretario y persona de confianza. Que el eje del conflicto actual sean las escuchas telefónicas a Parrilli ordenadas por Lijo y realizadas por personal de la AFI muestra las consecuencias de esos nexos. Comentarios
