La "familia judicial" hizo un aterrizaje triunfal en la oficina de escuchas telefónicas. Muchos hijos de jueces, camaristas y fiscales de peso en los tribunales fueron nombrados en la dependencia encargada de interceptar llamadas de narcotraficantes, secuestradores y políticos. La nómina de personal de la Corte Suprema -publicada en su portal de datos- incluye a muchos apellidos notables del Poder Judicial. En particular, según analizó LA NACION Data, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), antes conocida como "Ojota", tiene como empleados a jóvenes hijos de magistrados que tienen en sus manos casos de corrupción. El camarista federal Eduardo Farah, el juez Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal Carlos Stornelli y su par Eduardo Taiano tienen hijos designados en la oficina de escuchas, el tramo más sensible de los procesos penales. También figura el hijo del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y el del camarista nacional Luis María Bunge Campos. LA NACION se comunicó con todos los magistrados y fiscales, que reconocieron que recomendaron a sus hijos. La ex-Ojota, cuyo titular es Juan Tomás Rodríguez Ponte, quedó bajo la lupa tras la filtración de los audios de Cristina Kirchner, un caso que logró una inédita confluencia en los bloques legislativos para exigirle una explicación a la Corte. El máximo tribunal, sin embargo, ya le había pedido al Congreso que audite esa dependencia, que ya había elevado un informe con el detalle de la cadena de custodia que se aplicó sobre ese material grabado. En la planta laboral de la oficina de escuchas también figura Gonzalo Diego Garcilazo Menéndez, hijo de Pablo Garcilazo, exasesor del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques. Sergio Cavallo, hermano del influyente exjuez Gabriel Cavallo, se desempeña como subsecretario administrativo. Desde la ex -Ojota señalaron que cuando la Corte heredó la oficina "había cien trabajadores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y otros cien de la Procuración General de la Nación" de la gestión de Alejandra Gils Carbó, las dos dependencias que tuvieron control sobre las escuchas en el pasado reciente. "Los empleados debían volver a su dependencia de origen. En cinco meses debimos renovar toda la planta y buscamos recomendaciones en el Poder Judicial. Son jóvenes ávidos de trabajar con nuevas tecnologías y son de confianza", agregaron. El cuarto y quinto piso del edificio de escuchas, situado en el corazón de Villa Ortúzar, está repleto de sub-30. Los cargos no se cubrieron por concursos, sino que se hicieron entrevistas a los interesados. Santiago Farah, hijo del juez de la Sala II de la Cámara Federal, trabaja en una de las áreas más cruciales de la Dajudeco. Tiene 21 años y, según señaló el camarista, combina ese trabajo con sus estudios de derecho. Acostumbrada a trabajar en lo público, Malena Canicoba, hija del juez federal, es jefa de despacho en la ex-Ojota. Antes tuvo un puesto en Aguas Bonaerenses, bajo el mando del exfuncionario sciolista Guillermo Scarcella, un viejo conocido del juez de Comodoro Py. Mateo Stornelli, hijo del fiscal federal, estudia ingeniería en informática. Con 21 años, este es su primer trabajo. "Supe que estaban buscando personal y lo recomendé", dijo el fiscal a LA NACION. El hijo de su vecino en los tribunales, Santiago Taiano, se desempeña en la ex-Ojota en el área jurídico-administrativa. En sistemas y datos, un área clave del edificio, trabajan Luis María Iván Bunge Campos y Nicolás Aguinsky. El primero es ingeniero en informática y el segundo, un abogado que se desempeñó en empresas de software y actualmente realiza un posgrado en cibercrimen. Según la escala salarial de la Corte Suprema, los sueldos básicos de este grupo se ubican entre los $28.000 y los $82.000. Con $55.640, Garcilazo Menéndez es quien tiene sueldo más alto, ya que ocupa el cargo de prosecretario administrativo. Aguinsky, Farah y Canicoba, como jefes de despacho, perciben unos $47.828, mientras que Stornelli, como escribiente, tiene un básico de $31.702. Taiano y Bunge Campos cobran unos $28.015, según la información oficial. Para evaluar los sueldos de los judiciales se deben sumar las mejoras por antigüedad (2% por año) y por título universitario (25%). Además, solo tributan ganancias quienes ingresaron después de 2017. La mayoría de estos jóvenes sorteó ese tributo: ingresó en la oficina de escuchas en los primeros meses de 2016.
