La Cámara Nacional de Casación ratificó el procesamiento del policía Luis Chocobar por homicidio con exceso en la legítima defensa y lo embargó por 400 mil pesos por el caso de gatillo fácil que enorgulleció al presidente Mauricio Macri. A pesar de los cuestionamientos enarbolados por el Gobierno, la Cámara confirmó esta mañana el fallo del juez de primera instancia y el de la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones, que dictaron el procesamiento contra Chocobar por haber disparado a Pablo Kukok, de 18 años cuando corría de espaldas al oficial luego de robarle junto a otro joven a un turista estadounidense que había sido gravemente herido. Los jueces Mario Magariños, Daniel Morín y María Laura Garrigos de Rébori consideraron inadmisible el planteo de los abogados de Chocobar y dejaron firme el procesamiento por el homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber. El policía, que había sido recibido por Macri en la Casa Rosada, interpuso un recurso contra el cambio de carátula de la causa, que habían resuelto los jueces Rodolfo Pociello Argerich, Marcelo Lucini y Mariano González Palazzo en un fallo del 17 de febrero. Sin embargo, los jueces de Casación sostuvieron que el procesamiento no es una sentencia definitiva ni hace imposible que se continúe con la investigación, como había sostenido la defensa de Chocobar. De esta forma, seguirá la investigación judicial por el caso de gatillo fácil insignia de la nueva doctrina en seguridad instalada por el gobierno para dar vía libre al accionar policial. El Ejecutivo había sufrido su primer revés cuando Apelaciones confirmó el fallo en primera instancia de Enrique Velázquez, tras las reiteradas muestras de apoyo de los funcionarios al policía y su forma de actuar, pese a que un video exhibió al uniformado disparando a distancia y por la espalda. El fallo de Argerich, Lucini y González Palazzo que hoy ratificó la Cámara de Casación dejó en claro que Chocobar no fue héroe ni salvó a nadie, como dijo la Casa Rosada, ya que intervino cuando los dos delincuentes estaban en fuga. Eso fue lo mismo que había opinado Velázquez en su resolución, sobre la que intervino luego el gobierno para absolver simbólicamente al policía ante la opinión pública. Los jueces de Casación avalaron lo sostenido por Argerich, Lucini y González Palazzo, quienes en febrero aseguraron que el accionar del policía fue desproporcionado: “Pudo reiterar los disparos intimidatorios, continuar con la persecución o esperar la colaboración de fuerzas de seguridad que ya habían sido informadas de las novedades a través del Servicio de Emergencia 911. Incluso por él mismo. No hay duda, entonces, que su decisión fue excesiva en tanto provocó un daño superior al que quiso hacer cesar”. Esa resolución llegó apenas dos semanas después de que Macri recibiera a Chocobar en la Casa Rosada y se desarmara en elogios hacia el efectivo policial que estaba en la mira de la Justicia. Todavía la causa figuraba caratulada como “excesos en la legítima defensa” y no incluía el “homicidio agravado” que hoy ratificó Casación. “Quería ofrecerle todo mi apoyo, decirle que lo acompañamos y que confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía”, señaló entonces el jefe de Estado, quien remarcó además que el policía “defendió al turista en La Boca”. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich también hizo lo propio y señaló vía Twitter: “Junto al Presidente @mauriciomacri recibimos al policía Luis Chocobar que salvó a un turista de la muerte. Actuó en cumplimiento de su deber de Policía y así debe ser interpretado. Queremos defender a los Policías que cuidan a la gente y no que terminen acusados o presos”. Rápidamente, las críticas oficiales enarboladas contra el fallo del juez de menores y la amenaza de Bullrich de que el gobierno ayudaría a Chocobar en su defensa legal fueron interpretadas como un claro signo de presión política contra la Justicia. La Asociación de Magistrados, que reúne a la mayoría de los jueces de todo el país, advirtió que los dichos del Presidente constituyen una “indebida injerencia” en asuntos del Poder Judicial.
