Es que antes de dirigirse al Centro de Exposiciones y Convenciones donde se desarrollará la cumbre del G20, los enviados de EEUU, el G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) y el grupo de Lima (además de Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Brasil y Costa Rica, Guyana y Santa Lucía) están reunidos en el Ministerio de Finanzas para concertar una red mundial para impedir que esos millones circulen por el globo. Utilizarán la red de inteligencia financiera para impedirle cualquier movimiento al régimen. A través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo intergubernamental que depende de la OCDE, pondrán en marcha todos los recursos para identificar ese dinero espurio, e impedir su uso. Las ideas que se discuten hoy comenzaron a debatirse en octubre del año pasado en Washington. Había que buscar una manera de imponer controles financieros al régimen de Maduro sin perjudicar a los venezolanos, que bastantes problemas ya tienen. Los países latinoamericanos, en especial Colombia, Perú, Brasil y Argentina, saben que la crisis venezolana es una bomba que comenzó a explotarles en su propio territorio. Cada día, miles de venezolanos huyen de las penurias económicas –hiperinflación, escasez de alimentos, falta de medicinas, persecución política e inseguridad– y el gobierno de Nicolás Maduro se niega a aceptar lo que ya se ha transformado en una crisis humanitaria, por lo que este grupo de países convocados por la Argentina, también está analizando medidas para este escenario de catástrofe. Cuando en Venezuela finalmente se desarrollen elecciones libres –este grupo de países no reconoce la convocatoria hecha por la Asamblea Constituyente chavista para las presidenciales del 20 de mayo porque la oposición está proscrita– se baraja la posibilidad de organizar una especie de Plan Marshall, un fondo de asistencia y respaldo humanitario, para salir del subsuelo en el que están.
