El oficialismo busca revivir en el Senado el proyecto de Extinción de Dominio, que apunta a recuperar bienes provenientes de la corrupción, el tráfico de drogas y el lavado de dinero. "Estamos trabajando en la redacción de un nuevo proyecto", dijo a Clarín Federico Pinedo, presidente provisional del Senado. Aunque la iniciativa es reclamada con insistencia por la Casa Rosada, se encuentra trabada en la Cámara alta desde hace casi dos años. Obtuvo media sanción en Diputados en junio de 2016, poco después del escándalo del ex funcionario K José López y sus valijas repletas de dinero. En su discusión en el Senado, el texto fue bastante retocado y obtuvo despacho de comisión. Pero nunca llegó al recinto. Por un lado porque generaba mucha resistencia entre varios senadores. Por el otro, porque desde la Cámara alta se reclamaba un compromiso de sus colegas de Diputados de que no insistirían con su propio proyecto, algo que nunca se obtuvo. Pasó además tanto tiempo que el dictamen del Senado ya se cayó. Ahora, deberá volver a tratarse el proyecto en comisión. Y es ahí dónde el oficialismo apuntará. La iniciativa que había obtenido dictamen en el Senado nunca fue del gusto de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, una de las funcionarias que más reclama por la sanción de esta ley. Es que el proyecto acordado en el Senado establecía que el decomiso de bienes debía ser ordenado por el mismo juez que llevase adelante el proceso penal. Bullrich, y otras figuras del oficialismo, en cambio pretenden que la "extinción de dominio" sea llevada adelante en una acción civil independiente del juicio penal. La diferencia entre uno y otro es central. El de la acción civil básicamente propone que si se detiene, por ejemplo, a una persona acusada de narcotráfico deberá explicar cómo tiene determinadas propiedades. Si no las pudiese justificar, se les extinguiría su dominio y se las pasaría al Estado independientemente de la acción penal, que seguiría su curso. En caso de que esa persona fuese absuelta, sus bienes no se le devolverían porque no habría podido justificar su adquisición, dijeron las fuentes consultadas. Pero en el interbloque Argentina Federal, el principal bloque opositor, siguen en completo desacuerdo con que haya una acción civil independiente de la penal. "No se puede sacar de la Justicia Penal. ¿Qué capacitación tienen los jueces civiles y comerciales en delitos complejos como el narcotráfico y la corrupción?". No se puede emancipar una cosa de la otra, fundamentaron en esa bancada peronista. También se mostraron en desacuerdo con que se le pudiesen quitar los bienes a una persona antes de que sea condenada. El 1° de marzo, Mauricio Macri volvió a pedir la ley: “Es importante que avancemos en la extinción de dominio y que el Estado recupere los bienes incautados al narcotráfico y el crimen organizado”
