A esta cifra hay que sumarle el presupuesto que destina -por ejemplo- en subsidios a las escuelas católicas y todas las acciones que realiza el Gobierno para instrumentar lo que dispone el artículo 2 de la Constitución Nacional: el sostenimiento del culto Católico Apostólico Romano, pese a que la Argentina es un país laico. Para la dirigente radical, lo que gasta el Estado en la iglesia católica "es una desmesura" porque "tienen el sueldo de un juez de primera instancia, mucho más de lo que gana un maestro, y no pagan ganancias". En este sentido, y una vez abierto el camino para instalar el debate, el bloque buscará reflotar en las próximas semanas un proyecto presentado en 2016 para equiparar los sueldos de los principales funcionarios de la religión católica con lo que cobra un docente universitario. "Los arzobispos y obispos con jurisdicción sobre Arquidiócesis, Diócesis, Prelaturas o Exarcados del Culto Católico, Apostólico, Romano, y el vicario castrense para las Fuerzas Armadas gozarán de una remuneración equivalente a la remuneración fijada al cargo de un docente universitario titular con dedicación exclusiva", dispone la iniciativa en su artículo 1. En este sentido, Carrizo cuestionó que el actual Código Civil le otorga a la Iglesia católica el mismo estatus que una provincia argentina, y "esto le da un poderío fenomenal para opinar de las políticas públicas argentinas. Tenemos que empezar con un debate de equidad que me parece sano y que necesitamos en estos 34 años de democracia". En los argumentos del proyecto para regular el salario de los obispos se sostiene que se busca la "eliminación de asimetrías, inequidades y desigualdades de trato de los ciudadanos argentinos ante la cuestión impositiva. Un sector exento en materia impositiva es la jerarquía eclesiástica". A diferencia de la Argentina, Brasil, Uruguay y Chile no sostienen ningún tipo de culto. En Europa, hay diversidad pero, por ejemplo, en Alemania y Austria la iglesia católica, la evangélica y la protestante se financian a través del impuesto eclesiástico que pagan sus fieles. En Bélgica el Estado solo se hace cargo de los salarios eclesiásticos. En Holanda se financian con donaciones que poseen exenciones fiscales. OTRAS POSICIONES La Secretaría de Culto -que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto- prevé para 2018 un presupuesto total estimado de $176, 5 millones, que incluye los salarios del organismo y otros gastos. Así, Culto regula el sostenimiento establecido por las Leyes N° 21.950 (salarios de obispos), 22.430 (salario mensual vitalicio de sacerdotes), 22.950 (seminaristas), 22.162 (para sacerdotes en zonas de frontera), y 21.540 (para jerarquías eclesiásticas puntuales). Según el presupuesto, hay 140 obispos, 640 sacerdotes y 1.200 seminaristas. Consultado por Infobae, el diputado de Cambiemos Daniel Lipovetzky señaló que "en una Argentina con tanta desigualdad podría usarse para ayudar a gente que realmente lo necesita". "El Estado argentino es laico, yo creo que no debería pagar esos sueldos, hay mejores destinos para esos fondos, pero es una opinión personal", aclaró. A su vez, Cornelia Schmidt Liermann, presidenta de la comisión de Relaciones Internacionales y Culto, señaló ante la consulta de este medio que "hay diferentes proyectos sobre equiparación de cultos, incluso uno del Ejecutivo, que dije que había que trabajarlo con una mesa, con un representante por partido. Posiblemente este tema del pago a la Iglesia Católica también se analice. Mi opinión personal es que la Iglesia, los curas, realmente hacen un gran trabajo y entiendo que es una retribución por el trabajo social y de territorio que están haciendo". Aunque todavía no hay una postura oficial desde Casa Rosada, hace dos años Elisa Carrió ya manifestaba sus críticas sobre el peso de la Iglesia Católica. "Me parece muy bien la separación entre Iglesia y Estado; yo, que soy creyente, si fuese Presidente derogaría la ley que le da sueldos de secretarios de Estado a los obispos porque creo que esas relaciones no son buenas para los creyentes" , dijo en La Nación. Por otro lado, el Frente de Izquierda presentó un proyecto para que se deroguen las normas que garantizan el financiamiento de la Iglesia Católica por parte del Estado. Al respecto, el diputado Nicolás del Caño destacó que la iniciativa, que presentó esta mañana junto a su compañera Nathalia González Seligra, señaló: "La mayoría de estas leyes vienen de decretos que impuso la dictadura cívico militar y todavía están vigentes, gobierno tras gobierno". "Estas normas garantizan no solo el pago de las dietas sino también de subsidios, pasajes, jubilaciones y otros aportes directos de los que no habló Marcos Peña", amplió.
