Dos ex Jefes de Estado con imagen pública presidenciable, los ex mandatarios Luis Inacio Lula Da Silva y Rafael Correa, padecen un cepo electoral en sus países. En nuestro país, un dictamen parlamentario buscaría generar la misma situación con la ex presidenta Cristina Fernández. Los tres líderes regionales coinciden en contar con un activo de representación cercano al 40%: ese número fue obtenido por CFK y Correa en recientes comicios y la misma cifra ostenta Lula en las encuestas de su país. Las élites zonales, conscientes de su debilidad en las urnas acuden al lawfare para cercar la representación ciudadana. Los portavoces de Lula y Correa cuentan cómo piensan sortear el veto judicial para volver a presentarse en los comicios y Graciana Peñafort aporta la visión argentina. El 37 está cargado. Los modelos 2018 de tres líderes regionales coinciden en poseer un caudal similar de representación. En sus últimas perfomances electorales, la ex presidenta Cristina Fernández en los comicios legislativos del 2017 y el ex Jefe de Estado Rafael Correa durante la reciente consulta plebiscitaria de su país, acumularon un porcentaje electoral cercano al 40 por ciento. En la misma escala de adhesión se encuentra la intención de voto del mandatario brasileño Lula Da Silva de cara a las elecciones presidenciales de este año. Los tres políticos poseen otro común denominador en haber retrocedido un peldaño en su ascendencia si se compara ese 37% de buena vibra en los sondeos con su época de oro dirigencial, donde sus acciones en la opinión pública orillaban a un hemisferio, o más, de la ciudadanía. Sin embargo, ese importante capital político mantiene a CFK, Lula y Correa con grandes posibilidades de triunfar nuevamente en las urnas. Las similitudes continúan al constatar la proscripción política, en el caso argentino dicho cepo en las urnas se manifiesta como amenaza latente, de tres cuadros políticos relevantes a nivel doméstico, fueron cabeza del Ejecutivo en más de una oportunidad y siguen liderando sus espacios políticos, y también en el plano zonal, ya que el ex tornero de San Pablo, el economista heterodoxo andino con posgrados europeos y la única mandataria electa democráticamente en Argentina fueron y son referentes de un paradigma integracionista hoy esquilmado por el esquema de regionalismo abierto del eje Macri-Temer. La inédita y delicada situación está activando respuestas de diferente índole -académicas, jurídicas, y políticas- en toda la región. La unidad regional de investigación académica CLACSO editará en los próximos días la versión en español del libro Comentarios a una sentencia anunciada: el proceso Lula; el propio ex mandatario brasileño recibirá en breve la solidaridad de otro ex Jefe de Estado, el uruguayo José Mujica, cuando se encuentren en un punto fronterizo común entre los dos países para revitalizar la campaña zonal Elección sin Lula es un fraude; además, la denuncia y articulación de medidas conjuntas contra el lawfare electoral será uno de los tópicos del Foro Social Mundial, que arranca la semana próxima en Brasil. “Nosotros (por ella y el letrado Alejandro Rúa) como defensa de Cristina Fernández y Héctor Timerman ya advertimos sobre la gravedad del lawfare en una opinión consultiva que abrió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante distintos actores para indagar sobre las restricciones políticas en la región. En lo que respecta al futuro electoral de CFK, el Senado, en general, no dicta desafueros parlamentarios sin la existencia previa de una sentencia firme. Pero, no sabemos qué puede llegar a pasar. Lo único cierto, en realidad, es que Cristina no tiene garantía de contar con un Tribunal independiente. A ver, en nuestro país hay dirigentes políticos que marchan a la cárcel sin haber prestado indagatoria”, precisa la abogada Graciana Peñafort. “Evidentemente, estamos en otro ciclo de la democracia. Durante setenta años las élites regionales vulneraban los períodos democráticos mediante la activación de golpes de Estado. Esa práctica duró unos setenta años. Ahora, los sectores más poderosos optan por mecanismos aparentemente democráticos, el uso de los latifundios informativos y la presión del Poder Judicial, para converger en una misma estrategia: la única verdad ahora es la verdad comunicada. Antes, el parecer de los medios, y por supuesto el de la Justicia, presuponía que estaban revestidos de una mirada objetiva. Con el lawfare eso no existe más. Los jueces comunican antes sus sentencias a los medios de comunicación y, entonces, los actores vinculados en el proceso jurídico se enteran de su suerte por la televisión. La verdad no es objetiva, la verdad se impone. Recordemos que un fiscal argentino imputó por traición a la patria a una Jefa de Estado en un contexto político pacífico y sin guerra, lo que es un sin sentido”, continúa Peñafort en diálogo con Nuestras Voces. La voz de Lula sonó por el teléfono celular del diputado trabalhista Paulo Pimenta cuando se conformó días atrás en nuestro país el Comité Argentino de Solidaridad con Lula y Defensa de la Democracia en Brasil. Pimenta habla a diario con Lula para coordinar cómo debe retumbar a nivel regional la estrategia electoral del PT. “Tenemos tres planes para las elecciones presidenciales de octubre. El plan A, el plan B y el plan C es Lula candidato”, sintetiza con aplomo Pimenta en diálogo con Nuestras Voces desde Brasilia. Consultado sobre qué estrategia político judicial piensa darse el Partido de los Trabajadores para romper el cepo electoral contra su líder, el jefe del bloque trabalhista en la Cámara Baja advierte lo siguiente: “La movilización popular en las calles, y en todos los espacios de debate público, sumada a la lucha en el Parlamento y en el terreno jurídico, siguen siendo la única forma de revertir el largo golpe de Temer. Un putsch iniciado con la destitución parlamentaria a la presidenta Dilma Rousseff y prolongado con la proscripción judicial a Lula de cara a los comicios de octubre. En todo caso, el plan A de la derecha brasileña siempre fue correrlo a Lula del plano electoral porque saben que es prácticamente imbatible en las urnas”. ¿Los jueces verdeamarelhos han reemplazado a Fernando Hernique Cardoso como conductor moral del bloque conservador en su país? ¿Qué hizo el lulismo, en su momento, para democratizar un poder, el judicial, que hoy va por todo contra Lula? “Las raíces del dominio de la élite brasileña sobre el poder Judicial se remontan a los tiempos de la colonia. Históricamente, los jueces brasileños siempre han sido miembros de las familias más ricas de cada región. Incluso, con los concursos públicos, eso no se alteró mucho y la Justicia en Brasil tiene un carácter de clase muy fuerte. Los jueces siguen siendo, en general, personas ricas con ADN esclavista, de pensamiento sumiso a la colonia – antes, Portugal, hoy en día, los Estados Unidos – y entreguistas. Los magistrados no tienen ningún interés en la construcción de un proyecto nacional y soberano. Eso tiene que ver con varios factores; incluso, con la estructura de la enseñanza del Derecho en las universidades. Va a llevar mucho tiempo democratizar ese espacio de poder en Brasil”, contextualiza y justifica Paulo Pimenta. Nuestras Voces intenta comunicarse con Virgilio Hernández, parte de la dirección nacional del Movimiento Revolucionario Alfarista (MRA), el nuevo nombre que ha adoptado el correísmo tras romper con la gobernante Alianza País, pero la llamada termina fallida, una y otra vez. “Nos suele suceder cuando establecemos contacto con la prensa internacional para denunciar la persecución del presidente Lenin Moreno”, aduce Hernández, responsable de la arquitectura jurídica que desplegará el MRA para romper el precinto de “prohibido” que pesa sobre el ex presidente Rafael Correa tras una consulta donde la ciudadanía del Ecuador modificó varios aspectos nodales de la Constitución que habían impulsado, en su momento, Correa y el actual mandatario Lenin Moreno. La proscripción contra Correa tiene cuotas de realismo mágico. El presidente Lenin Moreno, a trasmano su nombre bolchevique, se ha transformado en el conductor menchevique -retardataria en el lenguaje soviético- de un proceso político, la llamada Revolución Ciudadana, gracias a impulsar una serie de reformas aperturistas en la economía apenas asumió el cargo. El divorcio político entre Moreno con su ex padrino en Alianza País, Rafael Correa, tuvo su punto culmine cuando el plebiscito ideado por el actual Jefe de Estado, y apoyado por todo la oposición salvo el naciente Movimiento Revolucionario Alfarista, produjo una honda reforma del Estado y la proscripción electoral, a nivel presidencial, del fundador de Alianza País. “El Ecuador acaba de vivir una consulta de neto contenido inconstitucional. Nuestra Carga Magna establece que un referéndum de ese calado debe estar precedido de un fallo constitucional que justifique y ordene la validez jurídica de la convocatoria. Además, en el mismo sentido, la Constitución de Ecuador marca que las preguntas de los plebiscitos deben estar formuladas de forma clara, sin formulaciones ambiguas que se presten a la confusión. Por ese motivo, organismos multilaterales que no son, precisamente, amigos del correísmo, como la Misión electoral de la OEA, han denunciado las irregularidades de la consulta convocada por Lenin Moreno”, detalla Hernández desde Quito a Nuestras Voces. Virgilio Hernández anticipa que su fuerza política acudirá a todas las instancias jurídicas posibles, tanto nacionales como interamericanas, para torcer el veto electoral contra Rafael Correa. Hernández estima que el piso electoral conseguido por el correísmo en el plebiscito citado -un 37% cosechó el No en las preguntas que más tensión concitaron entre todo el arco político y el Movimiento Revolucionario Alfarista- los posiciona como el partido político con más adhesión en la ciudadanía ecuatoriana. La conclusión tomada por los movimientos populares de Ecuador, Brasil y Argentina vuelve a tomar un cauce idéntico: sólo la fuerza de la política puede doblegar la fuerza de la proscripción sentenciada por el poder Judicial. Las urnas estás cerradas. Por ahora. Comentarios
