Propongo un ejercicio. Imaginemos que un día el fuero federal penal colapsa por el cúmulo de causas que allí se investigan. Ante tal circunstancia, imaginemos que el Consejo de la Magistratura, aprovechando una ocasional mayoría del oficialismo, decide resolver el tema reconvirtiendo tribunales ordinarios en federales. Entonces los miembros de un tribunal a los que el Senado avaló para que sean jueces ordinarios repentinamente devienen en federales por la mera decisión administrativa de un organismo que, aunque propone jueces para designar, no los designa. Imaginemos ahora que ese "tribunal remixado", al momento de su reconversión, estuviera incompleto e imaginemos también que el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura propusiera completar el tribunal designando a un tercer juez ordinario. Ahora bien. Detengámonos en quienes pudieron ser los jueces "reconvertidos". Supongamos que el primero de ellos ya era parte del tribunal y que para entonces era reconocido por un conservadurismo que heredó (hijo de militar) e inculcó (padre de un abogado que alguna vez se asoció a un estudio jurídico en el que convivió junto a colaboradores de los dictadores y asesores del actual Ministro de Justicia). Imaginemos que el marido de la segunda miembro en ese nuevo tribunal, ejerció en otro tiempo la representación gremial de los jueces y fue, por entonces, un crítico vehemente del gobierno anterior. Demos por cierto que su crítica ha sido intelectualmente honesta, pero demos por cierto también que enarbolando esa crítica acabó convirtiéndose en un enorme opositor de aquella administración. Figurémonos también que el último miembro del "tribunal remixado" (el que cubrió la vacante existente) es otro juez ordinario que devino en federal aduciendo cierto "agobio" provocado por el hecho de trabajar durante mucho tiempo en el lugar donde ejercía su función. Así, atendiendo a esta suerte de "martirio psicológico", impulsado por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, logra su objetivo y se hace parte del "tribunal remixado". Para completar su semblanza, imaginemos que es conocida (pública y notoria) su cercanía con quien representa al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Imaginemos que antes, alguna vez, ambos fueron Juez y Secretario en un mismo tribunal y que juntos juzgaron y sentenciaron. Imaginemos entonces el vinculo que los une. En este ejercicio imaginativo uno podría sacar una primera conclusión: por el arte de manejar mayorías en el Consejo de la Magistratura, el oficialismo erigió en el fuero federal un tribunal oral hecho a la medida de sus intereses. Sigamos con nuestra secuencia de suposiciones. Imaginemos ahora que la Presidenta de la Nación que fue sucedida por ese oficialismo que controla el Consejo de la Magistratura y recrea tribunales federales a su medida, está siendo sometida a diversos procesos penales en los que se le imputan haber manejado desde la conducción del Estado una maquinaria de corrupción. Supongamos que con el correr del tiempo, esos procesos llegan a la instancia de juicios orales y que en el primero de ellos en alcanzar esa instancia debe decidirse qué tribunal oral interviene. Imaginemos pues cuál pudo ser el tribunal seleccionado por un cuestionado "sorteo informático": precisamente el mismo que el oficialismo moldeó a su medida. Así pues, la maniobra se consagra: el "tribunal de diseño" controla ahora el juzgamiento de la ex Presidenta. Calculo que cualquier lector que haya seguido la secuencia narrada estará estupefacto. Seguramente admirará mi creatividad en la construcción de intrigas y mi calidad para narrar ficciones. Es entonces cuando me frustro por no merecer esos elogios. Simplemente porque todo lo aparentemente imaginado es parte de la realidad argentina y por ello, mi supuesta condición de novelista, acaba reducida a la frialdad del que cuenta y analiza lo que sucede. Los principales medios de comunicación del país han dado cuenta del inicio de una "mega juicio por corrupción" contra Cristina Fernández de Kirchner pero han omitido todo lo ocurrido con el tribunal oral que deberá juzgarla. Ninguno ha contado cóimo se ha urdido su constitución. Ocurrió la mutación de un tribunal oral ordinario en federal violando expresas normas constitucionales. Son verificables los vínculos de amistad y familiares que se han señalado en los jueces. Existió el juez que pidió un cambio de tribunal para superar la rutina que le causaba permanecer en el puesto en el que había sido designado. Y fue tan real el accionar del representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, como fue palpable el aprovechamiento de la mayoría oficialista en ese organismo para perfeccionar la maniobra. No voy a nombrar a ninguno de los jueces que son parte de esta historia. Ni siquiera repararé en las cualidades profesionales que tal vez tengan. Sólo diré que las circunstancias que han rodeado la conformación de ese tribunal oral llevan a dudar de su imparcialidad. Es muy difícil de creer que no ha existido una maniobra cuanto menos poco clara en la constitución y selección de ese tribunal. Tampoco estoy aquí abriendo juicio sobre la inocencia o culpabilidad de la ex Presidenta acusada. Estoy diciendo que todo lo que ha ocurrido echa un manto de sospecha sobre la imparcialidad que debe existir en todo acto de juzgamiento. Muchas veces las formas no se atienden. Muchas veces se soslayan interesadamente. Muchas veces, absorbidos por las cuestiones de fondo, los que analizan acontecimientos no reparan en las formas que rodean el desarrollo de los mismos. Y muchas veces, los que "describen la realidad", omiten las formas para ser más efectivos al imponer definiciones. Pero en los procesos judiciales el cuidado de las formas es un tema central. Tan central como la determinación de la verdad y la atribución de responsabilidades. Es así porque lo que se intenta es preservar el "debido proceso" que tanto reivindicó Ricardo Lorenzetti al inaugurar el Año Judicial. Formas que garantizan que el acusado pueda ejercer su defensa con la tranquilidad de que quien lo juzga no tiene ninguna animadversión a la hora de dictar sentencia. Se trata de evitar que la política deje de entrometerse en los juicios para que en ellos triunfe lo jurídico antes que intereses políticos, algo que está ocurriendo y que también reclamó que deje de ocurrir el presidente del máximo tribunal del país. He oído a periodistas alabar a los jueces que conforman el tribunal oral que aquí cuestiono y les he oído decir que "Cristina lo rechaza porque quiere que la juzguen jueces amigos". No puedo dejar de preocuparme por la intencionalidad de esa afirmación. Presumo que tal vez la ex Presidenta solo busque que la juzguen tribunales imparciales sobre los que no existan los reparos que aquí se ventilan. Y pese a quien le pese, tiene derecho a ello.
