El fiscal Jorge Di Lello solicitó que el Ministro de Finanzas, Luis Caputo, junto a otros funcionarios macristas, sean investigados por favorecer a Marcelo Mindlin, el empresario favorito del presidente, en operaciones con los fondos de ANSES. Caputo le otorgó a Pampa Energía, la empresa de Mindlin, un préstamo de 15 millones de dólares en condiciones de riesgo alto que podrían perjudicar las arcas públicas. La denuncia surge a partir de una investigación publicada en Nuestras Voces. El fiscal Jorge Di Lello pidió que se investigue al Ministro de Finanzas, Luis Caputo y a sus lugartenientes por operaciones con los fondos de ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) en beneficio de Marcelo Mindlin, uno de los empresarios predilectos de Mauricio Macri. Es a partir de una denuncia que hizo el fiscal en seguridad social, Gabriel De Vedia. El caso, revelado por Nuestras Voces en junio de 2017, es una muestra de la timba con la plata de los jubilados que lleva adelante el macrismo. En concreto, lo que hicieron Caputo y otros funcionarios macristas fue prestarle 15 millones de dólares a Pampa Energía, empresa de Mindlin, pese a que se trataba de una inversión con una calificación de riesgo alta. Es decir, hicieron una operación financiera en beneficio de los accionistas y controlantes de Pampa Energía a sabiendas de que podría perjudicar las arcas públicas. Junto a Caputo fueron denunciados Pedro Lacoste (Secretario de Política Económica), Gustavo Marconato (Secretario de Hacienda), Emilio Basavilbaso (Director Ejecutivo de Anses) y Luis María Blaquier (ex director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses). La causa está en manos del juez Claudio Bonadio, que decidirá si avanza o no con la investigación. La operación se concretó el 17 de enero de 2017 a través de la suscripción de Obligaciones Negociables (ON), mecanismo de toma de deuda de las empresas. Pampa Energía, el holding que conduce Mindlin, recibió 15 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses. Las ON se suscribieron a diez años, con un interés del 7, 625 por ciento anual, bajo ley de Nueva York. Pese a que Mindlin es uno de los empresarios dilectos del macrismo, las calificadoras de riesgo le pusieron una baja nota a sus ON: Moody´s dictaminó una B3; Standard&Poor´s una B-; Fitch una B+. Todas las ON, al igual que las emisiones de deuda, tienen una calificación de riesgo. Según la Comisión Nacional de Valores (CNV), “las sociedades calificadoras de riesgo (SCR) son sociedades anónimas formadas por especialistas que dan una opinión técnica independiente sobre la capacidad de repago en tiempo y forma (es decir, en las condiciones pactadas) de los distintos valores negociables (obligaciones negociables y/u otros títulos de deuda) colocados y negociados en los mercados”. En criollo, la nota que pone la calificadora de riesgo depende de la capacidad de pago de la deuda. Es tenida en cuenta por los que adquieran los títulos o bonos o, en este caso, ON de una empresa. El negocio mundial de las calificadores está concentrado en un puñado de empresas. En Argentina también. Se trata de Standard & Poor´s, Fitch, Evaluadora Latinoamericana y Moody´s Latin America. No son, obviamente, inocuas. Fueron muy cuestionadas por manipulaciones en las calificaciones, especialmente durante la crisis financiera desatada en 2008-2009. Esto reavivó el debate sobre quién califica a las calificadoras. Pese a esto, su rol en el mundo financiero sigue siendo vital. Las ON de Pampa Energía que suscribió el Gobierno de Macri tuvo las siguientes calificaciones: en Moody´s una B3; en Standard&Poor´s una B-; en Fitch una B+. “Las obligaciones con calificación B se consideran especulativas y están sujetas a un riesgo crediticio alto”, definen en Moody´s. La B es la sexta categoría en el ranking, detrás de Aaa, Aa, A, Baa y Ba. A la letra le agregan un número, que indica distintos matices dentro del riesgo B. En este caso, el 3, que es la peor en la capacidad de pago. Para Standard&Poor´s, “una obligación calificada con ‘B’ es más vulnerable a un incumplimiento de pago que las calificadas con ‘BB’, pero el emisor tiene capacidad para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación. Condiciones adversas del negocio, financieras, o económicas probablemente perjudicarían la capacidad o voluntad del emisor para cumplir con sus compromisos financieros de la obligación”. La de Fitch va en el mismo sentido: “’B’ nacional implica un riesgo crediticio significativamente más vulnerable respecto de otros emisores del país. Los compromisos financieros actualmente se están cumpliendo pero existe un margen limitado de seguridad y la capacidad de continuar con el pago en tiempo y forma depende del desarrollo favorable y sostenido del entorno económico y de negocios”. Conclusión: la ON de Pampa Energía era riesgosa y los funcionarios de Macri lo sabían. La causa se inició el 12 de julio de 2017 por una presentación de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), a cargo del fiscal De Vedia. Se trata de un fiscal molesto para el Gobierno que, tal como contó Nuestras Voces, intentó desarticular la UFISES. El trabajo de De Vedia es velar por el uso correcto de los fondos de la ANSES, tema que el Gobierno de Macri quiere mantener en la opacidad. El su denuncia, De Vedia remarcó no sólo el perjuicio contra el Estado sino la estrecha relación Mindlin-Macri. Trazó una serie de relaciones en torno a esta operación que son las siguientes. Pampa Energía es la accionista mayoritaria de Petrobras Argentina, caso en el que la Anses le vendió acciones de su propiedad a Mindlin. También planteó el esquema de mamushkas por el que existe un vínculo entre Mindlin y el grupo Tavistock, el holding del magnate inglés Joe Lewis. Según la denuncia, Pampa Energía se integra con Pampa Holding LLC, que a su vez se integra con Pampa F&F LLC, que estaría controlada por Mindlin y por Labmex International SARL, controlada esta por el grupo Tavistock cuyo titular es Lewis. El magnate inglés es amigo personal de Macri. El fiscal De Vedia también remarcó el vínculo entre Mindlin y Ángelo Calcaterra, primo presidencial. Ahora, el fiscal Di Lello pidió que se solicite a la Comisión Nacional de Valores un informe sobre empresas que emitieron ON durante 2017 y las condiciones y calificaciones de esas emisiones, para compararlas con la de Pampa Energía. También quiere determinar quiénes son los controladores finales de Pampa Energía SA, Pampa Holding LLC y Pampa F&F, para lo que pretende pedir información a la Inspección General de Justicia (IGJ) y librar exhortos a Estados Unidos. Comentarios
