Norma Cuevas vive en Vera, un pueblo rural a 250 km. al norte de Santa Fe. Pasó el tiempo pero todavía enfurece cuando habla de la muerte de su hija. "Es que no murió, la mataron de a poco", dice a Infobae. La hija de la que habla se llamaba Ana María y tenía 19 años cuando le diagnosticaron cáncer en la boca. La operaron para extirparle el tumor pero, cuando iban a empezar a hacerle quimio y rayos, los médicos descubrieron que estaba embarazada. Correspondía que le hicieran un aborto legal, porque su salud y su vida estaban en riesgo, sin embargo se negaron "por cuestiones morales y religiosas". Tanto ella como la hija que terminó gestando terminaron muertas. En mayo de 2006, Ana María empezó a quejarse de un fuerte dolor de muelas. Le sacaron una, otra, pero el dolor siguió hasta volverse insoportable. La internaron en su pueblo y le dieron el alta varias veces pero, como seguían sin saber qué tenía, la derivaran a Santa Fe. Su mamá tardó 5 meses en conseguir el traslado: le decían que era "una exagerada". En el Hospital Cullen la operaron y ordenaron una biopsia. Lo que tenía era un rabdomiosarcoma alveolar: un tumor canceroso maligno en los músculos que van adheridos a los huesos de la cara. La derivaron, con carácter de urgencia por escrito, al Hospital Iturraspe para que le hicieran quimioterapia y rayos. "Pero la tuvieron dos meses yendo y viniendo sin empezar el tratamiento. Ella estaba separada del marido pero se seguían viendo y en ese interín quedó embarazada", cuenta su mamá. Ana María no lo sabía. "Le hicieron un análisis de sangre y salió. Entonces se negaron a empezar la quimio para no afectar a la bebé y dejaron a mi hija así, sin hacerle nada, matándola de a poco mientras la panza crecía. Yo me hincaba ante los médicos y le pedía que le hicieran el aborto para poder curarla, porque el cáncer no estaba tan avanzado. Pero se negaron y nos mintieron, nos decían que querían salvarlas a las dos". En Argentina existen causales claras en los que la interrupción del embarazo es legal: cuando hay peligro para la vida de la mujer, para su salud y en los casos de violación. A Ana María le correspondía. No es eso lo que se empezará a discutir en el Congreso. Se supone que es la parte del camino que ya está allanada. Paula Condrac, una de las abogadas que llevó el caso junto a Lucila Puyol y a Mirta Manzur, lo pone en contexto: "Era un saco gestacional sin embrión de 5 semanas. La familia pedía que le hicieran el aborto legal que le correspondía para poder tratar el cáncer. Primero plancharon la situación: no le hicieron ni aborto ni tratamiento. Al final, el Comité de Bioética del hospital se reunió y manifestó textualmente que, 'en este hospital y en Santa Fe, por causas culturales, motivos morales y religiosos no se hacen abortos'. Es claramente un caso paradigmático de fundamentalismo religioso", explica Condrac a Infobae. En abril de 2007, casi un año después de aquel primer dolor de muelas, Ana María ya estaba moribunda. Las fotos que conservan sus padres la muestran con una panza de 5 meses de gestación y tomándose la cara desfigurada. Recién ahí le hicieron una cesárea. La niña a la que se empeñaron en salvar pesó 500 gramos y vivió 17 horas. "Ocho días después de la cesárea empezaron la quimio. Alcanzaron a hacerle tres sesiones", dice Norma, llorando por teléfono a más de 700 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Ana María murió el 17 de mayo de 2007, tres semanas después de la cesárea. Su muerte dejó a tres chicos huérfanos en un contexto de pobreza. El más chico tenía, en ese entonces, 1 año y 3 meses. Uno quedó a cargo del padre, los otros dos a cargo de Norma y su marido. "Le negaron el aborto y me entregaron a las dos muertas. Era su derecho, si se lo hubieran hecho hoy tendríamos a mi hija acá con nosotros", lamenta. "A veces miro la televisión y escucho a esos políticos que dicen que no están de acuerdo con el aborto en ningún caso. Yo quisiera que les pase lo que le pasó a mi hija a ver si siguen pensando lo mismo". Cuando las mujeres de la Multisectorial de Santa Fe se enteraron del caso, empezaron a ir al hospital todos los días. También fueron mujeres de otras organizaciones, instituciones y partidos políticos. "Como el director no nos daba una reunión nos metimos en el despacho. Nos dijo que no le habían hecho el aborto legal porque la familia no lo había pedido. Sin embargo, el pedido constaba en la historia clínica", cuenta la abogada. El caso generó tal escándalo en Santa Fe que el entonces gobernador, Jorge Obeid, terminó echando al director. El reclamo no fue penal sino también administrativo. Y el gobierno de Santa Fe reaccionó. El movimiento de mujeres hizo tanta fuerza que, por primera vez en América Latina, una provincia emitió un dictamen en el que reconoció la mala actuación de los médicos, pidió disculpas a la familia, los indemnizó y asumió el compromiso de adoptar "medidas de no repetición". Este dictamen del fiscal de estado, Pablo Saccone, también fue premiado en 2016.
