Las mujeres tenemos muchas razones para parar y marchar este 8M. Por ejemplo, por la igualdad real de derechos y oportunidades entre varones y mujeres en el ámbito laboral. Las mujeres somos las más precarizadas, las que ganamos un 30% menos que los varones por igual tarea, las que no accedemos a los lugares de dirección en igualdad de condiciones que los varones, porque realizamos el 76% de las tareas de cuidado dentro de nuestros hogares, entre otras inequidades. También es una razón central para marchar el deseo de terminar con la violencia hacia las mujeres, que mueren por la agresión machista una cada 30 horas; y con el acoso callejero, que es una de las formas en la que se va engendrando esa violencia. Sin embargo, estas últimas semanas y en vísperas de la celebración del Día de la Mujer, el Presidente de la Nación dio a conocer la noticia de que habilitaría a sus legisladores a que se ponga en tratamiento el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo. La reacción frente a la noticia fue diversa. Por un lado, estamos quienes nos alegramos porque después de 12 años se habilita el tratamiento del proyecto de ley con mayor cantidad de firmas en la Cámara de Diputados, más allá de las diferencias ideológicas o políticas que tengamos con el Gobierno nacional. Por el otro, están aquellos que no recibieron el anuncio con tanto entusiasmo, por entender que no se trataba más que de una medida distractiva que utiliza la administración nacional para desviar la atención de la situación económica que no mejora y que sigue arrojando a la pobreza a miles de argentinos. Independientemente de la utilización política que el Gobierno nacional pretenda imprimirle al tratamiento del proyecto, lo cierto es que la sentimos como una oportunidad única para avanzar en el derecho que tienen las mujeres a la autonomía sobre sus propios cuerpos. Sumado a ello, es importante destacar que el hecho de que tema del aborto se ponga en discusión no puede ser solamente resultado de un oportunismo político. Ello implicaría desconocer la lucha incesante que desde el regreso de la democracia venimos realizando con el movimiento de mujeres por el reconocimiento de la autonomía de nuestros cuerpos. Esa lucha de hormiga que las mujeres venimos llevando adelante logró que el tema se imponga en la sociedad argentina de manera inédita. Así fue como el aborto se transformó en agenda periodística cotidiana de buena parte de los medios de comunicación. Debatir sobre aborto legal implica discutir políticas públicas de sanidad. Implica que el Estado asuma que ya hay un debate instalado en la sociedad y que debe ser atendido con la seriedad que se merece por quienes asumimos un compromiso de representación legislativa. Ninguno de los movimientos que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito impulsamos que las mujeres aborten. En efecto, el lema de la campaña justamente reza: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir". La legalización del aborto es el reconocimiento de que las mujeres abortan aunque esté prohibido y que la inseguridad que deviene de la clandestinidad de la práctica hace que las mujeres, principalmente las más vulneradas socioeconómicamente, mueran en el intento. El Estado debe acusar recibo de que la ley de educación sexual integral no se aplica en forma universal y eficiente en las escuelas. Conclusión que surge de los datos estadísticos elaborados por el Movimiento de Mujeres MuMaLá y el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci). Según estos trabajos, el 99% de los jóvenes opina que deben recibir educación sexual integral en las escuelas; el 70% desconoce la ley de educación sexual integral (ES); y los jóvenes recibieron menos de 2 horas cátedra al año de ESI durante su secundario. Como tampoco se cumple en su totalidad la ley nacional de salud sexual y procreación responsable, la información sobre los métodos anticonceptivos no siempre se brinda en forma libre, como así tampoco el derecho de las mujeres de elegir el método de cuidado para gozar plenamente de su sexualidad. Por ello, el Estado no puede estar solamente presente al momento de prohibir y criminalizar a la mujer que ha llegado al extremo de tener que recurrir a un aborto porque las instancias anteriores han fallados de alguna manera. Por otro lado, las mujeres abortan aunque su práctica esté prohibida. En Argentina se realizan cerca de quinientos mil abortos anuales conforme datos del Ministerio de Salud y cien mujeres al año mueren por abortar de manera insegura. La legalización de la práctica solo haría que se reduzca la mortalidad de mujeres gestantes por causas evitables como el aborto clandestino, como así sucedió en todos aquellos países donde el aborto se encuentra legalizado. Otro mito que es importante derribar es que la legalización del aborto implicaría que más cantidad de mujeres aborten únicamente por el hecho de que sea legal. Existe una larga historia que contradice esa creencia. En los países donde el aborto se encuentra legalizado no han crecido las cifras de mujeres que abortan, solo se han reducido las muertes de esas mujeres que decidieron hacerlo. Es en virtud de esta realidad que la Marcha Internacional del 8M, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, estará teñida de verde por el reclamo de aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres tenemos muchas razones para parar y marchar este 8M. Queremos igualdad, queremos ser libres, queremos vivir una vida sin violencia, queremos que el aborto sea legal, seguro y gratuito.
