La ex presidenta Cristina Kirchner tendrá esta semana otra mala noticia judicial, mientras espera que los tribunales orales definan por una cuestión de economía procesal la estrategia sobre cómo la juzgarán por las imputaciones que giran alrededor del atentado terrorista más grave de la historia argentina y de una “matriz de corrupción”. Por un lado, la Cámara Federal porteña, ante un pedido de la madre de Nisman, ampliará esta semana “la base fáctica” del asesinato del ex fiscal de la AMIA. El abogado de Sara Garfunkel, Pablo Lanusse, no pidió que se unifiquen directamente la causa por el pacto con Irán con la causa por el crimen de Nisman. Pero sostuvo que se tenía que incluir en la imputación contra el técnico informático Diego Lagomarsino y los cuatro ex custodios “el por qué lo mataron a Nisman (su denuncia fue el 14 de enero del 2015) y que venía siendo espiado desde antes”. La querella de la madre de Nisman también reclamó al tribunal de alzada que se agregue en la descripción del hecho investigado “el para qué lo mataron, es decir callarlo y así garantizarle impunidad a CFK”. En otras palabras, quiere que la Cámara federal ordene al juez federal Julián Ercolini que “amplíe la llamada plataforma fáctica de la imputación”. Según fuentes judiciales, ese tribunal de alzada aceptará el requerimiento lo que permitirá extender el lapso de tiempo investigado más allá del 17 y 18 de enero del 2015, comprender “el diseño completo y no parcial del plan criminal diagramado desde el Estado para darle muerte e investigar la responsabilidad de los estamentos superiores”. A criterio, de Lanusse “hubo una matriz de impunidad en favor de CFK utilizándose todos los recursos materiales y humanos del Estado” que van desde la SIDE, la Policía Federal y la Prefectura hasta sectores de la Justicia. Con "una base fáctica ampliada", Cristina debería declarar como testigo o imputada por el crimen de Nisman. Entonces, en el futuro serán los tribunales orales los que decidirán si el pacto con Irán y el crimen de Nisman son una causa y consecuencia que merece ser juzgados individualmente o fusionarse en un solo histórico megajuicio. En este caso será la más dura prueba para que Cristina, como dice, demuestre su inocencia. Y todo sería más negro si en los tribunales orales se acepta el “regalito” que le dejó Bonadio en su auto de elevación de ayer: que además de encubrimiento agravado sea juzgada por traición a la la Patria como quiere la querella del padre de unas de las víctimas del atentado, Luis Czyzewski. En cuanto a la corrupción la suerte de Cristina gira alrededor de la causa por de la ruta del dinero K que el juez federal Sebastián Casanello elevó a juicio oral, aunque vale aclarar sin decir la situación procesal de CFK. Sucede que algunos de los miembros del TOF 9, que ya tiene la causa de la ruta del dinero K y el fiscal de ese tribunal Carlos Giménez Bauer- piensan pedir que se acumulen en un solo juicio todas las causas por corrupción contra la ex presidenta. Consideran que los 60 millones de dólares que lavó Báez son la etapa final de un circuito de la “matriz de corrupción” que empezó con el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, otra causa elevada a esa instancia, en esta caso por el juez federal Julián Ercolini. El panorama con el eje de la corrupción se complica porque el fiscal Gerardo Pollicita prepara el pedido de elevación a juicio de Cristina y otros imputados de la causa de la inmobiliaria de Los Sauces. Para sectores de Comodoro Py los alquileres que pagaban Báez y Cristóbal López a los Kirchner son otro paso de ese circuito. Y sería aún más grave si Ercolini, un juez prolijo y moderado, decide también procesar a CFK en la causa Hotesur. En las cuatro causas, los imputados son prácticamente los mismos al igual que los modus operandi para manejar plata negra. La única causa ya elevada a juicio oral y que no encaja con ninguno de estos dos ejes es la del dólar-futuro, la primera que elevó el juez Bonadio y que tiene que ver con una acusación de “administración infiel” de las reservas del Banco Central que le provocaron al Estado una pérdida de 77 mil millones de pesos.
