Con bajo perfil, el procurador general interino, Eduardo Casal, comenzó a sacar de cargos clave del ministerio público a fiscales claramente alineados con el kirchnerismo y a reemplazarlos por otros de perfil profesional. Los cambios implican un desmantelamiento de la estructura de apoyo político que tenía su antecesora y fundadora de la la agrupación K “Justicia Legítima”, Alejandra Gils Carbó. Paralelamente, Casal se reunió con el fiscal José María Campagnoli, quien había sido suspendido en el 2013 por Gils Carbó por haber sido el primero en investigar a Lázaro Báez en “la ruta del dinero K”. Al año siguiente, tras caerse el juicio político, Campagnoli debió ser repuesto en su cargo pero Gils Carbó le disolvió la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos con Autor Desconocido (UFIDAD), de la que depende la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE) que había hecho la investigación sobre Báez y estaba a cargo de Ignacio Rodríguez Varela. Ahora, Casal prometió a Campagnoli reponer esa unidad fiscal aunque con "características acordes al traspaso de fueros desde la justicia nacional a la justicia de la ciudad", revelaron a Clarín fuentes judiciales. El primero de esos cambios fue desplazar al polémico Félix Crous de la Procuraduría General contra la Violencia Institucional (Procuvin) y reemplazarlo por fiscal general adjunto Héctor Andrés Heim. Crous, tal como ayer adelantó Julio Blanck en su columna, estaba cuestionado porque la Procuvín había apoyado testimonios y otras pistas falsas en el caso de la muerte por ahogamiento de Santiago Maldonado. Crous pasó como fiscal a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo del fiscal Jorge Auatal. Heim había representado al Ministerio Público en los denominados Juicios por la Verdad de La Plata. El segundo cambio del jefe interino de los fiscales fue desplazar a Cristina Caamaño de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Caamaño, una fiscal de carrera, había sido antes funcionaria política del ministerio de Seguridad y reemplazante provisoria del fiscal José María Campagnoli mientras Gils Carbó la abrió el polémico juicio político. Caamaño volvió a estar a cargo de la fiscalía 4 del fuero penal ordinario. En la DATIP, Casal se encontró “unas cien designaciones que están siendo revisadas” y en su lugar puso al fiscal Gabriel Gonzalez Da Silva. El otro gran cambio fue dejar sin efecto a los “fiscales coordinadores” de secciones judiciales que había creado Gils Carbó y eran una forma de presionar sobre los fiscales de instrucción en causas políticamente sensibles. Dos de los estos estaban a cargo de esas fiscalías eran Enrique Senestrari y Daniel Adler, también miembros de “Justicia Legítima”, agrupación que entró en declive. Esta semana su presidenta, la prestigiosa jueza María Laura Garrigós de Rívoli renunció como presidenta de “Justicia Legítima” y pidió su jubilación como magistrada, con duras críticas al macrismo. Casal también hizo cambios en el área de Comunicación. El vocero de Gils Carbó, el militante K “Topo” Villanueva pasó a trabajar a una fiscalía y ahora estudiaba que hacer con más de “30 funcionarios nombrados en el área, entre ellos un director de cine”. Como primera medida, pidio darle más importancia a los dictámenes de los fiscales que a la figura del Procurador. Es que antes, Gils Carbó aparecía en exceso en www.fiscales.gob.ar. Paralelamente, Casal cambió el reglamento de selección de candidatos a fiscales y llamó a una serie de concursos para nombrar nuevos titulares de las casi 50 fiscalías vacantes. Y dispuso una serie de recortes de gastos como medidas de austeridad como, por ejemplo, unificar las cajas chicas. Cuando asumió su cargo, el primero de enero de este año, Casal definió su rol como el de "un piloto de tormenta" que tratará de "mantener" lo que está "en condiciones" para que quien lo suceda "pueda retomar una gestión según su criterio". "El objetivo es mantener esto en condiciones para que quien venga pueda retomar una gestión según su criterio. Uno es un piloto de tormenta. Si puede, debe mejorar lo que está, asegurar la eficiencia, apuntar a la transparencia y facilitar la gestión de los fiscales", dijoCasal. Casal, reemplazante interino de Gils Carbó al frente de la Procuración, dejó claro que no permitirá "hacer política" dentro de la institución, pero también que "no" va a "suprimir" ninguna unidad de investigación, y que va a "tratar de que todo se mantenga funcionando". "Yo no hago distinción por la época en que entró cada uno. Ninguno de nosotros entró por el diario", dijo, aunque advirtió que él prefiere funcionarios de perfil menos "político". Casalasumió el interinato porque es el procurador ante la Corte de más antigüedad, con 59 años y 40 en la Justicia, además de los 30 que lleva en la Procuración y 25 como fiscal ante el máximo tribunal. Finalmente, dijo que encontró a la Procuración con "problemas habituales", con "presupuesto y movimientos de personal manejados con un criterio" que no compartía, pero que nada de esto era como "para una denuncia penal", sino como para "ir acomodando a las formas más tradicionales". En una columna Héctor Gambini informó que la jueza Inés Weimberg de Roca es una de las candidas más firmes para que el presidente Mauricio Macri la proponga como nueva procuradora general al Senado, donde debe ser aprobada con los dos tercios. Pero el Gobierno quiere que primero el Congreso apruebe la nueva ley del ministerio público fiscal.
