La diputada nacional por Cambiemos Graciela Ocaña fue denunciada penalmente por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con su condición de funcionaria pública y falsedad maliciosa en la presentación de su declaración jurada del año 2016. La acusación fue formulada por el referente de la ONG La Alameda, Gustavo Vera. La causa penal contra Ocaña (número de expediente 2809/2018) presentada con el patrocinio del abogado Daniel Llermanos fue iniciada tras una investigación de la Alameda sobre la propia declaración jurada del 2016 de la diputada. El juez federal Julián Ercolini y el Fiscal Jorge Di Lello quedaron a cargo de investigar las sospechas que despertó el patrimonio que alcanza casi los 5 millones de pesos, inmuebles (una mansión en un country, un departamento en Puerto Madero y dos domicilios más, sin incluir los otros cuatro de su marido) y empresas que fijan domicilio en su propia fundación Confianza Pública que lleva el mismo nombre de su partido que integra la alianza gobernante Cambiemos. La denuncia de Vera, con respaldo legal del abogado de Hugo y Pablo Moyano, da cuenta en los primeros párrafos que la diputada Ocaña fija domicilio en el opulento barrio de Puerto Madero, más precisamente en el Madero Center (en Azucena Villaflor 350) conocido por la financiera conocida mediáticamente como “La Rosadita”. Los incrementos del patrimonio millonario y la inconsistencias de Ocaña surgen de su propia declaración de 2016 ante la Oficina Anticorrupción (que dirige Laura Alonso) “ya que en un año es notable el incremento patrimonial. Pasó de $ 1.523.321,70 a $ 4.052.874,46 pesos, aclarándose que había adquirido deudas por 629.714,03 pesos”, figura en la denuncia penal. Vera sostiene que “es llamativo tan brutal incremento siendo que Graciela Ocaña, de 58 años, en los últimos veinte años el único trabajo que tuvo es en el Estado”. LA DENUNCIA COMPLETA LA MANSIÓN EN UN COUNTRY La denuncia penal precisa datos sobre la mansión de Ocaña. “Se ubica en el lote 236 de la manzana E-1, que pertenece a la denunciada en su carácter de socia número 00764/00 no se encuentra baldío como lo manifestó. En esa parcela existiría una muy lujosa casa –cuya fotografía se acompaña en el expediente- valuada en un millón de dólares estadounidenses”. Llermanos pide al juez Ercolini y al fiscal Di Lello que soliciten a la administración del barrio privado “Terravista”, quien es el titular del inmueble identificado y si la denunciada reviste condición de socia. Asimismo, si la parcela mencionada se encuentra baldía o edificada, señalando la tasación aproximada del inmueble. LOS CHEQUES REBOTADOS La diputada nacional aliada a Cambiemos señala en el 2016 que recibe de ingresos 1.175.000 pesos por vender activos de su empresa “Área Tr3s Constructora SA”. A Vera y Llermanos le llama la atención que “la sociedad actualmente se encuentra con un proceso de iliquidez debido a la extensión de 5 cheques sin fondos, por un total $ 139.351,00”. Sumado a ello es la sospecha de tráfico de influencias al haber ganado una licitación en el partido de Pilar sin tener la constructora experiencia en la materia. “Área Tr3s Constructora SA fue registrada en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, en el año 2015, para llevar adelante construcciones, reformas y reparación de edificios residenciales. En Abril de 2016, la empresa fue adjudicataria en el Municipio de Pilar, para llevar adelante el mantenimiento de la Escuela Secundaria 16 – Presidente Derqui, para la reparación de techos y zingueria, por la suma de $ 805.400,00. Así surge del expte. 1082/2016 que concluyó el 1 de abril de 2016 con la citada adjudicación suscripta por el Intendente del PRO, Nicolás Ducoté, y otros funcionarios de la comuna, entre ellos la actual diputada nacional por la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, por entonces secretaría de Educación en Pilar. La denunciada conformó la constructora de cheques rechazados con Cristian Gregorio Re y Matias Fernandez Lopez Osornio. Este último socio registra su domicilio en el mismo barrio privado “Terraavista”. LA CASA Y EL AUTO DE CENTAVOS Ocaña declaró conservar un inmueble que en Haedo de 197 m2, también comprado mediante crédito en el año 2000, e informó que su valor era de un centavo de peso, a pesar de que a la fecha original de la adquisición manifestó que el precio correspondiente era de $ 282.097,00 pesos. Por otro lado declaró un automóvil Peugeot 408 ALLURE+ 2.0N del 2012, que no declaró si conservaba o había vendido el automóvil adquirido ese mismo año también con crédito, manifestando en aquella oportunidad que valía un centavo. TRAMPAS EN EL PATRIMONIO El titular de la ong Alameda junto a su abogado sospechan que algunas inconsistencias en la declaración jurada de Ocaña es en realidad una táctica para descender su patrimonio personal. Por ejemplo declaró Ocaña la compra de un inmueble de 59 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, (adquirido según afirma ella misma mediante el otorgamiento de un crédito en el año 2013) informando una valuación de $ 630.000,00. Este importe sería inferior al real”. Con su auto Toyota Corolla XEI PACK 1.8 CVT modelo 2015, comprado ese mismo año –también mediante crédito- en un valor de casi 300 mil, en el 2016 informa la misma valuación, sin modificación alguna. También declara la titularidad de una caja de ahorro con fondos por un monto de $ 154.718,71 obtenidos mediante la venta de activos, sin detallar que cosas vendió, y sin explicar de qué manera en ese mismo ejercicio el monto depositado se eleva a 825.000 mil pesos. LA FUNDACIÓN LIGADA A EMPRESAS Más que la Fundación “Confianza Pública” es la fundación que confía en las empresas privadas. Esa frase surge porque creen Vera y Llermanos que se debe investigar la relación de la fundación y diversas empresas que comparten domicilio y además fueron aportantes a campañas electorales Graciela Ocaña es presidente honorífica, de la “Fundación Confianza Pública”. Marta Velarde, coordinadora académica de la fundación, es empleada de la Legislatura Porteña desde marzo de 2016, además de ocupar un cargo como síndico “Agencia de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires” que fue desarticulada a fines del 2017. La fundación registraría tres domicilios: Azucena Villaflor 350 7º 702 (Puerto Madero en el Madero Center), Azcuenaga 1077 5º A, Tacuarí 143 y Tucuman 862 2º A, todos en la Ciudad de Buenos Aires. El domicilio de Azucena Villaflor 350, sería el mismo que posee la denunciada de manera particular. En ese mismo domicilio, además, se registra el “Fideicomiso Inmobiliario Peña 2812 (30-71211199-9)”. Los otros miembros que integran la “Fundación Confianza Pública” se encuentra el legislador Diegp Garcia de Garcia Vilas, que es vocal, y Alejandro Altoe quien fue empleado del Ministerio de Salud durante el año 2008 hasta abril de 2009 y además integra la empresa “AANTAJ SRL” (30-70999217-8), dedicada a la fabricacion de articulos confeccionados de material textil, especialmente los chalecos antibalas. La empresa también fue constituida junto a Cipolat Analia Isabel, quien se encuentra casada con Gustavo Alejandro Luca, quien en el año 2016 ingresa a la empresa. “AANTAJ SRL” fue proveedora de chalecos para diversas fuerzas de seguridad en todo el pais. En las principales avenidas de la Ciudad de Buenos Aires, durante años existieron gigantografías ubicadas en espacios públicos de muy elevado costo. Es muy probable que en forma total o parcial, esos costos hayan sido afrontados por la Fundación cuyas sedes coinciden con los domicilios de las siguientes sociedades comerciales: b) “VILAS Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL” d) LAMASU FINANCIERA DE INVERSIÓN SA” e) “CONCOB SA f) “AMSA SA SERVSISTSA CONCOB SA UTE” g) “CENTRO FENIX SRL” h) “ANALISTIC HEALTH SA” i) “EMDECE GROUP SA” j) “PULMOTECH SA” k) “LG EMPRESA DE LOGISTICA SA” (La sociedad cambió su razón social y ahora se denomina “GIDIRO LOGISTICA SA”. Para la parte final de la denuncia Vera y Llermanos solicitan que el juez Ercolini y el fiscal Di Lello libren oficios al Boletín Oficial para que se remita copia de las sociedades mencionadas. También a Laura Alonso para que la Oficina Anticorrupción de la Nación remita copia de las declaraciones juradas de la Diputada Nacional Graciela Ocaña, y por último a la Municipalidad de Pilar que remita copia certificada del expediente 1082/2016. El pedido de testimonial empieza con el periodista del diario Clarín, Daniel Santoro, quien en los años que Ocaña era ministra de Salud y antes titular interventora del PAMI le dedicó diversos artículos por su conexión con hechos de corrupción. No es el único. También a Marta Velarde, coordinadora académica de la Fundación Confianza Pública, al legislador Diego Mariano Garcia de Garcia Vilas y su hermano Hernán Federico Garcia Vilas.
