Un disparate. Una forma de ajustar para abajo. Una estrategia para debilitar cualquier tipo de organización comunitaria. Una vendetta por su participación en el 21-F junto a Hugo Moyano . Así calificaron ayer los movimientos sociales el nuevo plan de la Casa Rosada, que a través del Ministerio de Desarrollo Social dispone la reconversión de los antiguos planes sociales e incluye la obligatoriedad de culminar estudios primarios y secundarios para los 260.000 beneficiarios actuales de Argentina Trabaja y Ellas Hacen. El nuevo plan, llamado Hacemos Futuro, les quita en los hechos a Barrios de Pie, la CCC y el Movimiento Evita, entre otras organizaciones, el manejo de los planes sociales, que serán supervisados por el Poder Ejecutivo. "Es un claro plan de ajuste, se ahorran $1500 millones y de paso desarticulan el trabajo comunitario, el chico que va al secundario está solo, es su salida individual, cuando una cooperativa genera trabajo conjunto entre 30 personas", afirmó a LA NACION Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie y enojado con la iniciativa. "Lo hacen para ahorrar plata, no creen en el Estado invirtiendo para generar trabajo, quieren capacitar para que los privados les den un trabajo que nunca llega. Queremos ser parte de la solución, pero creemos que en el Gobierno están ganando los duros", agregó a LA NACION Fernando "Chino" Navarro, del Movimiento Evita. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley , defendió la iniciativa y afirmó que está "abierta al diálogo" con las organizaciones sociales. "Para poder salir de la pobreza y trabajar en la integración hay dos pilares: la educación y el trabajo. Los que reciben planes sociales quieren trabajar, hay un prejuicio con eso. Pensamos entonces cómo acompañar para que las personas estuvieran lo más preparadas posible para poder salir al mercado laboral, y terminar el secundario es fundamental para que lo puedan hacer", afirmó la ministra a LA NACION en su despacho, que mira a la avenida 9 de Julio. -¿Es una revancha contra las organizaciones sociales por manifestar junto a Moyano? -No. Esto empezó hace mucho tiempo, en septiembre u octubre, cuando comenzamos a pensar en mejorar la situación de los planes sociales y comenzamos por la recolección de datos junto a otros ministerios. Fue un proceso largo, con tiempo para que nadie piense que va a perder su plan social. -¿Pero el que no termina el secundario se queda sin el plan? -Hasta ahora también tenía que participar de determinados talleres y cursos, ahora es un poco más amplia la oferta, habrá más talleres y lugares de formación donde puedan hacerlos. La decisión del Gobierno llega en un momento de aumento en la tensión con las organizaciones, que hablan de un incremento de la pobreza a causa de la inflación y las "políticas de ajuste". Juan Grabois, de la CTEP (que agrupa al tridente de organizaciones sociales más importantes), denunció una "explosión de pobreza" en el conurbano. "Venimos trabajando desde el primer día y la situación, de a poco, se empieza a revertir. Estamos en el proceso, la pobreza va bajando, pero todavía nos falta mucho", agregó la ministra. El Gobierno, que ya sondeó a representantes de la Iglesia sobre su proyecto de unificación de planes -la fecha de inscripción para los beneficiarios se extendió hasta el 15 del mes próximo- confía en convencer a los dirigentes sociales de las bondades del proyecto, que pone como condición a quienes perciben $4400 mensuales por su trabajo en cooperativas o talleres que hayan culminado sus estudios. No solo se perjudicarán los movimientos sociales, sino también intendentes que contienen beneficiarios de planes. "No vamos a avalar esto, va a haber mucha conflictividad en marzo", advierte Menéndez. "Siempre hubo un diálogo muy respetuoso, espero que siga siendo así. Hay que dejar la Argentina de unos contra otros, y también el piquete como método de extorsión", replicó la ministra.
