El Presidente Mauricio Macri sigue en su camino por cerrar todas las investigaciones por el escándalo del Correo Argentino, en el que intentó autoperdonarse una deuda de más de 70 mil millones de pesos de la empresa familiar. Luego de desplazar al procurador del tesoro Carlos Balbín, ahora busca cerrar los expedientes de la Procuración que investigan a sus funcionarios por una dudosa actuación en el caso. Transparencia cero. Mauricio Macri sigue en su cruzada por tapar el escándalo de Correo Argentino, revelado por Nuestras Voces, por el cuál le intentó autoperdonarse más de 70.000 millones de pesos de deuda a él y a su familia. Ahora busca que la Procuración del Tesoro cierre el sumario administrativo sobre la actuación de los funcionarios macristas en este caso. Apenas se conoció el tema, el fiscal Sergio Rodriguez le pidió a la Procuración del Tesoro que interviniera e investigara el rol de los funcionarios públicos en este caso. El fiscal Rodriguez está al frente de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una dependencia anticorrupción del Ministerio Público Fiscal. La Procuración del Tesoro es la cabeza de los abogados del Estado, con dependencia directa del Poder Ejecutivo. Ergo, de Macri. Al inicio de este caso el procurador era Carlos Balbin que, tal como contó Nuestras Voces, luego de su intervención en esta y otras causas como Odebrecht fue eyectado del cargo. http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/correo-odebrecht-las-investigaciones-empujaron-balbin/ El 13 de febrero de 2017, a los 5 días de que estalló el CorreoGate, el procurador Balbín ordenó la realización de un sumario administrativo para analizar la actuación de los funcionarios del Gobierno en este caso y una auditoría de toda la causa, que acumula más de 100 cuerpos. Esta última auditoria, tal como reveló Nuestras Voces, dejó expuestas las maniobras de la familia Macri para demorar el pago de su deuda, la complicidad judicial para lograrlo y el rol del Estado en su letargo. El propio Balbin avaló el resultado de la auditoría con un memorandum donde incluso planteó que los Macri tendrían que pagar la deuda con intereses. La idea implica miles de millones de pesos en juego y, sumado a otros ingredientes, le costó el cargo. El sumario ordenado por Balbin, sin embargo, siguió su curso luego de su salida. Los puntos que pidió investigar el fiscal Rodriguez eran: la actuación de Juan Manuel Mocoroa, el funcionario que aceptó la propuesta de los Macri que implicaba la quita de 70.000 millones de pesos, y si realmente existieron instrucciones legales para que lo hiciera; la posible violación de la Ley de Ética Pública ya que, según Rodriguez, a cargo de la Procuraduría anticorrupción, aún si había una instrucción escrita tiene que investigarse la propuesta que el Gobierno de Macri aceptó de la familia Macri; y la inadecuada defensa de los intereses del Estado Nacional por parte de Mocoroa y los abogados del Estado que intervinieron, que cambiaron la estrategia de defensa de los años anteriores cuando el Estado no aceptaba propuestas abusivas de la familia Macri. “Lo expuesto importa prima facie un cambio en la estrategia de defensa del Estado Nacional, que no contaría con el respaldo adecuado, lo que tornaría irrazonable e ilegítima la actuación que le cupo a los representantes del Estado, que deberá también ser objeto de investigación”, planteaba el fiscal Rodriguez en su nota a Balbin. A diferencia de la auditoria, este sumario ya se hizo bajo gestión del procurador Bernardo Saravia Frías, que en lugar de ejercer de jefe de los abogados del Estado mutó su cargo a abogado personal de los intereses presidenciales. En octubre de 2017 un primer informe sostenía que no hubo irregularidades administrativas. Es decir, que no había nada extraño en que el Estado le quisiera condonar miles de millones de pesos a la familia presidencial. Todo indica que esa fue una de las condiciones para el nombramiento de Saravia Frías al frente de la Procuración del Tesoro. Cuando asumió, Saravia Frías descabezó todas las Direcciones de la Procuración del Tesoro. Fue algo inédito, que no hicieron ni su predecesor Balbin (también designado por Macri) ni los distintos procuradores que actuaron durante el kirchnerismo. La bajada de línea de Saravia Frías fue más específica: “Lo de Correo hay que arreglarlo”, sentenció. El cierre del sumario administrativo sobre la acutación de los funcionarios de Macri es parte de esa sentencia. El sumario está a cargo de Francisco Norberto D´Atri desde marzo de 2017. La tarea se la encomendó el ex procurador Balbin. Desde agosto el procurador Saravia Frías lo promovió como subdirector de la Dirección de Sumarios de la Procuración. Hace pocos días, el 9 de febrero, el ministro de Justicia Germán Garavano ratificó ese ascenso, con retroactividad al 8 de agosto de 2017. El mismo día el procurador Saravia Frías confirmó al director del área de sumarios, Rodolfo Héctor Fassi. Para la Procuraduría anticorrupción se trató de una resolución prematura, consideró que la investigación fue limitada y parcial y pidió más medidas de prueba. El fiscal Rodriguez también pidió que se amplie la investigación y se incluya el análisis de toda la causa por la que los Macri siguen sin pagar un centavo de su deuda con el Estado, tal como advirtió la auditoría que catapultó a Balbin fuera de la Procuración y que el Gobierno luego escondió debajo de algún escritorio. La respuesta fue negativa. La Procuración rechazó reabrir la investigación y las nuevas medidas de prueba que solicitó el fiscal Rodriguez, que insistió y obtuvo un nuevo rechazo. En diciembre pasado Rodriguez le escribió directamente al procurador Saravia Frias para pedirle que amplíe la investigación. Saravia Frias no aceptó, en línea con la intención presidencial de enterrar este escándalo. El fiscal Rodriguez reiteró el pedido, y la nueva respuesta aún está pendiente. Nuestras Voces pudo corroborar por fuentes de la Procuración que la directiva es cerrar el sumario. Esta movida no es aislada. Las últimas maniobras incluyeron el intento de desplazamiento de la fiscala Gabriela Boquin y los tironeos con juez Ariel Lijo, que tiene en sus manos la causa penal contra Macri y los demás implicados en este escándalo. Comentarios
