Mañana, a las 8:32, cuando la estación ferroviaria aturda por el ruido de una sirena se cumplirán seis años de la tragedia de Once. El sonido recordará el minuto exacto en que el Sarmiento se incrustó contra el paragolpes del andén y provocó la muerte de 51 personas, incluida una embarazada. Recordará también otro aniversario de lo que jamás fue un accidente. Porque lo que sucedió en la estación Once, aquel 22 de febrero de 2012, no lo desencadenó la fatalidad, sino la corrupción de un sistema que desviaba plata para el mantenimiento de los trenes a los bolsillos de funcionarios y empresarios. Así lo probó la Justicia en un fallo histórico, pero que todavía no está firme: falta que la Cámara Federal de Casación lo revise. Hay definición sobre lo que pasó: masacre con responsables. Hay penas: 21 condenados. No hay presos. Recién cuando la sentencia esté firme irán a la cárcel. El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime está detenido, pero por otra causa que investiga la compra de material ferroviario inservible a España y Portugal. “No entendemos esta demora en los tiempos. Ya pasaron más de dos años desde que recibieron sus penas. ¿Qué mensaje se le está dando a la sociedad cuando se permite que condenados en una causa tan sensible como Once estén libres?”, dice María Lujan Rey, mamá de Lucas, quien el día de la tragedia tomó el Sarmiento para ir al call center en el que trabajaba. Tenía 20 años. Su familia lo buscó durante 50 horas. El cuerpo apareció dos días después del choque, dentro de una cabina. Desde el impacto, desde que el tren se hizo acordeón, había estado ahí. El 29 de diciembre de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 condenó a 21 de los 28 acusados. La pena mayor, de nueve años de prisión, fue para el extitular de la operadora TBA, Sergio Claudio Cirigliano, por estrago culposo y administración fraudulenta contra el Estado. Por los mismo delitos, el exsecretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, fue sentenciado a ocho. Y su antecesor, Ricardo Jaime, recibió seis por ser partícipe necesario de administración fraudulenta. Mientras que, el maquinista Marcos Córdoba fue condenado a tres años y medio. Los demás -ex funcionarios, directivos de TBA y de una empresa a donde se derivaban los fondos de los subsidios- recibieron penas de tres a ocho años. Todos los condenados apelaron. También la fiscalía y los querellantes, que pidieron que se revean las absoluciones y que Jaime también sea considerado responsable de estrago. En octubre, luego de una solicitada en la que sobrevivientes y familiares de víctimas volvieron a demandar celeridad, la Sala III de Casación dividió a los acusados en grupos de cinco y los convocó a una serie de audiencias, que finalizarán el 4 de abril. Semanas atrás, se había informado que el último grupo iba a exponer el 21 de marzo, pero la fecha se postergó. Una dilación más en un historial de demoras. El Código dice que tras esa cita los jueces tienen veinte días hábiles para dictaminar. Por lo que podría haber novedades recién para mayo. La causa Once había marcado la diferencia. La etapa de instrucción (investigación) duró menos de un año y el juicio oral, con 134 audiencias y más de 200 testimonios, dio penas antes del cuarto aniversario de la tragedia, marcas inéditas para la Justicia argentina. “Desde Casación entramos en un letargo, que no se justifica frente a la complejidad de los anteriores procesos y sus tiempos de resolución -dice María Luján Rey-. Casación no tiene más que confirmar o revocar lo antes resuelto”. La falta de sentencia firme no representa aprender a esperar o a manejar la ansiedad. No únicamente eso. Es además un obstáculo en la obtención de justicia en otras causas que se desprenden de la principal. Por ejemplo, “Once dos”, en la que se investiga al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. “Con sentencias firmes, el debate quedaría reducido porque no habría que reeditar lo que ya se discutió. Y sólo restaría analizar que es lo que hizo o no hizo De Vido a partir del conocimiento que tenía sobre el estado de la línea”, dice Leonardo Menghini -tío de Lucas- y abogado de una parte de la querella. Al mismo tiempo -explica- no tener resuelto lo penal impide avanzar en lo civil. Recién en septiembre se resolvió una maniobra en la que se quería pasar la causa al fuero Contencioso Administrativo en lugar de la Justicia Civil. Eso hubiese significado menores indemnizaciones. En la mañana del 22 de febrero de 2012, Ángel Cerrichio estaba comprando materiales en una casa de sanitarios en San Justo. Eran casi las 9 y en el negocio había un televisor encendido. En la pantalla apareció el choque de Once en forma de titular. Y el comerciante le preguntó: "¿Tenés algún familiar que viaje en el tren?". El pensó en su hijo Matías, que todos los días viajaba junto a su esposa Natalia desde San Justo hasta Once, donde trabajaban. Lo llamó por teléfono, pero no atendió, y el celular de su nuera le dio apagado. Habían muerto. Seis años después, Cerrichio intenta ser paciente: se apoya en otros familiares, se tranquiliza pensando que su lucha es en paz, "sin bombos, gritos, ni cortes de calles, sin nada adicional más que decir la verdad". Pero antes de acostarse y, sobre todo, en los días previos y posteriores al aniversario le aparece una certeza: "Ellos van a descansar en paz recién cuando los culpables vayan presos".
